Semana clave en causa judicial que se inició por una fiesta electrónica ilegal

Una nómina de 303 indi­viduos ordena el llamado a indagatorias en la causa judicial iniciada por la orga­nización de una fiesta elec­trónica llevada a cabo entre la noche del 1 y la madru­gada del 2 de agosto en una quinta ubicada sobre la Ruta Provincial 43 en la zona del barrio Laguna Soto, a unos 10 kilómetros del centro de la ciudad de Corrientes. Las indagatorias son vía video­llamada, debido a que por las restricciones sanitarias se debe evitar el contacto personal y la afluencia de personas a la sede de la Fis­calía Correccional y de Me­nores 2. La mayoría de ellos son residentes de la capital correntina, pero existirían algunos residentes en la provincia del Chaco que ha­brían cruzado el río Paraná en embarcaciones para eva­dir los controles en el via­ducto interprovincial. 

“Las declaraciones se hicieron a través de video­llamadas y por suerte no hubo inconvenientes, a pesar de que se realizaron audiencias en grupos de cuatro o cinco por vez. Los imputados están en sus do­micilios cumpliendo con el aislamiento, pero los aboga­dos que los asisten pueden acercarse hasta la sede del juzgado”, había explicado Andrea González, la fun­cionaria del Ministerio Pú­blico Fiscal que interviene en la investigación del caso. Además de participar de las audiencias, la fiscal analiza los elementos secuestrados en tres allanamientos rea­lizados en viviendas de la Capital donde residen dos hombres y una mujer, sin­dicados de haber sido los organizadores de la reunión clandestina. En esos luga­res incautaron teléfonos celulares, computadoras, documentos, y en uno de ellos los precintos similares a los que se les había entre­gado a los asistentes en el ingreso al predio. Ninguno está detenido. La titular del Juzgado en lo Correccional Nº 2, doctora María Cristina Sánchez, tomó intervención en la causa el 7 de agosto y se aboca al análisis de las declaraciones, aunque gran parte de los citados se abs­tuvieron de declarar. Lo que se estima es que este 19 de agosto se termine con la etapa de indagatoria que se lleva adelante diariamente con la declaración de hasta 50 personas en un día, todas ellas imputadas por el de­lito establecido en el artí­culo 205 del Código Penal. El texto normativo esta­blece que “será reprimido con prisión de seis meses a dos años, el que violare las medidas adoptadas por las autoridades com­petentes, para impedir la introducción o propagación de una epidemia”. 

Pero, más allá del castigo que supone la transgresión, la atención está centrada además en que cada uno de los imputados cumpla con el aislamiento preventivo, ante el latente peligro de contagio. Respecto a esto, el ministro secretario de la Gobernación, Carlos Vigno­lo, aseguró que no hay casos positivos de coronavirus entre los participantes de la fiesta. “No hay ningún foco que se haya identificado. Lo que sí se ha producido con la totalidad de las personas que se identificaron como participantes, es el aisla­miento. Están en cuarente­na obligatoria por 14 días. No hay identificación de po­sitivos”, señaló. s

Vecinos en alerta por reuniones masivas

En la zona de El Perichón, periferia de la ciudad de Corrientes, vecinos alertaron a las autoridades respecto de una reunión que se realizó en un predio de un sindi­cato local. Según las versiones los concu­rrentes llegaron en al menos diez vehí­culos, lo que alarmó a los habitantes del lugar ante la posibilidad de un infracción al protocolo sanitario. Fuentes oficiales indicaron que si bien se recepcionaron avisos al servicio 911, las autoridades po­liciales de la Comisaría 9ª que tiene res­ponsabilidad en esa zona, no tuvo inter­vención en la situación. Desde la Policía de Corrientes aclararon que no hubo ope­rativo alguno respecto de este lugar. Cabe indicar que, según datos de la Dirección de Seguridad Metropolitana, se reciben hasta 4.000 llamadas al 911 por violación de la cuarentena.