Una deuda que viene de arrastre

Además de los muchos quebrantos que ha acarreado el modelo de cuarentena adop­tada en el país por la pandemia de corona­virus, asoma ahora un efecto residual, que también golpea al órgano más sensible de los asalaria­dos: el bolsillo. Las deudas acumuladas por el parate económico se convirtieron en una pesada mochila con la que tienen que lidiar ahora millones de argentinos (que trabajan, no los pobres) y dentro de esas obliga­ciones está, por ejemplo, el saldo en rojo de las tarjetas de crédito, que muchas familias venían utilizando para financiar sus gastos corrientes: la compra de alimentos y otros artículos esenciales, también para el pago de servicios. La inactividad y la falta de ingresos empantanó el circuito y así quedó un tendal de morosos que, si bien al principio gozaron de un período de gracia, en este momento les está llegando el turno de hacer frente a aquellas obligaciones pendientes. El pro­blema es que llega con intereses picantes.

“El sobreendeudamiento de las familias, que para la clase media significa el pago mínimo de la tar­jeta de crédito” provocó un desca­labro en la economía doméstica, reseñó el ministro de Desarrollo Social, Daniel Arroyo, al hablar de la crisis social que trajo aparejada la pan­demia y la prolongada cuarentena. 

El hecho es que muchas familias venían desde antes de la pandemia haciendo maniobras con las tarjetas de crédito para satisfacer sus necesidades corrientes. Ha­cían una compra grande, por ejemplo de mercaderías, y luego pagaban sólo el mínimo del resumen mensual, pateando el saldo para el mes siguiente. Era una forma costosa de financiar sus compras. Aunque onerosa era el único instrumento que tenían al alcance del bolsillo porque el dinero ya no les alcanzaba, pese a trabajar como siempre.

Cuando llegó el virus y se impuso el aislamiento, millones de argentinos quedaron entrampados con una deuda en las tarjetas y sin posibilidad de trabajar para generar recursos, entonces el Estado a través del Banco Central implementó una salida de emergencia. En abril (el primer mes completo de cuarentena) se dispuso que las entidades del sistema financiero debe­rían refinanciar en forma automática los saldos impa­gos de tarjetas con tres meses de gracia, nueve cuotas mensuales iguales y consecutivas, a una tasa nominal anual de 43%.

El plan de salvataje era efectivo, pero sólo para un mes. Sucede que la cuarentena continuó y la gente si­guió sin generar recursos, produciendo nuevos gastos (es decir más obligaciones) mientras la deuda original esperaba su turno. Ahora llegó el momento de pagar.

Según un estudio del Centro de Economía Regional y Experimen­tal (Cerx), al menos 2,5 millones de hogares entraron en ese esquema de refinanciación y advierte que hay disparidad en lo que cobran los bancos. Algunos se ajustan al interés pautado, pero otros aplican un mecanismo diferenciado.

Esto dio motivo para que el Ban­co Central ordene una investiga­ción de oficio para conocer si las entidades bancarias, tanto del sec­tor público como del privado, están cumpliendo con las disposiciones. Aunque no hay denuncias formales de los clientes, la impresión que tienen las autoridades -alertadas por el informe de la consultora Cerx- es que el sistema financiero otra vez está tratando de pelliz­car una ganancia.

El vicepresidente del Banco Nación, Matías Tom­bolini, admitió que en algunos casos falta claridad. “Cuando se refinanciaron los saldos en abril, nunca se pensó que la cuarentena iba a durar 5 meses. Y por lo tanto, eso que fue un puente entre un presente y un futuro en el que se suponía que se reactivaba la econo­mía más rápido e ibas a tener ingresos de otro tipo, en muchos casos eso todavía no se recompuso”, sostuvo el funcionario.s