La reforma judicial con dictamen y un filoso artículo contra la prensa
Sin la oposición, el kirchnerismo definió el proyecto a su gusto. Incluye un escudo antimedios para los jueces. Camau Espínola, a favor.
El dictamen de mayoría del proyecto de ley de reforma judicial, que propone una polémica transformación del fuero de la Justicia Federal penal de la Ciudad de Buenos Aires (puntualmente de Comodoro Py, donde se concentran las causas contra Cristina Kirchner y sus ex funcionarios y empresarios colaboradores), quedó en condiciones de ser debatido en el recinto de la Cámara de Senadores del Congreso de la Nación entre el jueves y viernes próximos. La iniciativa que impulsa el gobierno de Alberto Fernández incluye también la creación de cámaras de apelaciones en las provincias, entre otras dependencias, lo que le da cierto aspecto integral a las modificaciones esenciales que pretenden.
El oficialismo definió un despacho de comisión a gusto y paladar. Comprende, entre otras medidas, una estrafalaria disposición para que los jueces denuncien al Consejo de la Magistratura si están sufriendo “presión” de los medios de comunicación. Se supone que los magistrados tienen todas las herramientas a su alcance para no padecer esa situación ni ninguna otra. Sin embargo, el inciso E del artículo 72 del proyecto de reforma judicial, establece como de “estricto cumplimiento” que los jueces comuniquen al Consejo de la Magistratura acerca de “cualquier intento de influencia en sus decisiones por parte de poderes políticos, económicos o mediáticos, miembros del Poder Judicial, Ejecutivo o Legislativo, amistades o grupos de presión de cualquier índole y solicitar las medidas necesarias para su resguardo”.
Suena insólito, pero es parte de las propuestas K que están sustanciadas en el despacho de comisión que se firmó en las últimas horas y que fue ingresado en mesa de entradas del Senado. El texto distribuido el jueves a la noche por el bloque del Frente de Todos lleva la firma de 19 senadores de ese espacio y no cuenta con el apoyo del interbloque de Juntos por el Cambio, que adelantó su voto en contra por considerarlo “inoportuno” y “carente de consensos”.
El dictamen de mayoría fue firmado por los presidentes de las comisiones de Asuntos Constitucionales y de Justicia y Asuntos Penales que condujeron el debate, María de los Ángeles Sacnun y Oscar Parrilli, y de la presidenta de la Comisión de Acuerdos, Anabel Fernández Sagasti. Acompañan además la propuesta Claudio Doñate, Carlos Espínola, Ana Almirón, Nancy González, Mariano Recalde, Sergio Leavy, Guillermo Snopek, Daniel Lovera, Juan Pais, Dalmacio Mera, Claudia Ledesma, Gerardo Montenegro, Edgardo Kueider, José Neder, Antonio Rodas y Silvia Sapag.
El artículo sobre la presión de la prensa motivó una fuerte controversia en los medios con acusaciones cruzadas (Ver aparte).
El proyecto del Poder Ejecutivo recibió una serie de modificaciones en el Senado tras cinco audiencias de discusión por las que desfilaron juristas, constitucionalistas, representantes de colegios de magistrados, fiscales y defensores. En el primero de sus artículos, se dispone la unificación de los fueros Criminal y Correccional Federal y Nacional en lo Penal Económico, ambos de la Ciudad de Buenos Aires, bajo la denominación de fuero Penal Federal con asiento en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. También crea 23 juzgados en lo Penal Federal en Caba y contempla la creación de nuevas cámaras de apelaciones y sus respectivos distritos judiciales, al igual que defensorías oficiales y cargos de fiscales.s