Hombre logró absolución por un robo, pero la pena impuesta había caducado 

La atipicidad hace que el rótulo “paradigmático” sea desmesurado pero -al menos- este caso resulta ejemplificador e ilustrativo del funcionamiento de los engranajes de la maquinaria judicial: un hombre -Aldo Ernesto Ramírez- consiguió ser absuelto de culpa y car­go por un “robo agravado por el uso de arma de fue­go” ocurrido en un super­mercado en 2012, por el que fue imputado, procesado, condenado -y la sentencia confirmada por el Superior Tribunal de Justicia (STJ)- sin pruebas. 

Mediante su defensor, Víctor Hugo Benítez, ago­tó las instancias recursi­vas hasta llegar a la Corte Suprema de Justicia de la Nación, que ordenó al Po­der Judicial de Corrientes corregirlo: tardó 8 años en demostrar que las eviden­cias colectadas por la Policía eran insuficientes, pero para entonces la pena de 6 años y 8 meses impuesta por el Tri­bunal Oral Penal Nº 2 de Ca­pital (y por la que debió per­manecer más de un año en prisión) ya había caducado. 

La sentencia Nº 86/20 del STJ lleva las firmas de cinco jueces sustitutos; los titula­res ya habían intervenido en el expediente, confirmando el fallo Nº 35 del TOP 2 del 14 de mayo de 2014 por el cual sentenciaron a Ramí­rez y absolvieron a Rodolfo Omar Cabrera por su parti­cipación en un atra­co ocurrido el 8 de abril de 2012 en el “Parada Canga” de avenida Alfonsín y Laprida, en el que dos delincuentes -impunes a la fecha- se alzaron con un botín de entre $51.668 y $68.000, además de un revólver calibre 22 del per­sonal de seguridad privada. Con esa conformación al­ternativa -presidida por la magistrada Nidia Alicia Bi­llinghurst de Braun- se pro­cedió a examinar la causa, de la disquisición surge que la condena no sólo adolece de “orfandad probatoria” sino que además se violen­ta el derecho a la defensa al modificar la “plataforma fáctica”, o sea los elementos que componen la acusación. 

“Fue recién en los hechos reconstruidos en la senten­cia, donde los magistrados (del TOP 2) sostuvieron que el nombrado ingresó con un arma en forma contraria a lo sostenido en el requeri­miento fiscal, lo que pone en evidencia que no existe correlación entre acusación y sentencia”, se lee en la re­visión llevada a cabo por la jueza Billinghurst de Braun, a la que adhirieron sus pares con la excepción de la doc­tora Cynthia Godoy Prats (quien sí coincidió en que Ramírez fue condenado sin pruebas). 

Es que de la acusación formulada por la Fiscalía -tanto en el requerimiento de elevación a juicio como en los alegatos- el portador de la única pistola con la que ingresaron al comercio no era Ramírez sino el otro asaltante, sindicado como Cabrera, quien llevaba un casco de motocicleta pues­to. En el juicio Cabrera fue absuelto debido a que ni él ni la pistola -una Beretta 9 milímetros- secuestrada por la Dirección de Investiga­ción Criminal en el allana­miento donde lo detuvieron fue reconocida por testigos en las audiencias. En cam­bio Ramírez fue condenado porque uno de los testigos -el agente de seguridad pri­vada- dijo que “le pareció” (sic) que el individuo que figuraba en una foto de un álbum policial exhibido por el personal de dicha divi­sión, a cargo de la pesquisa, era el asaltante que actuó a cara descubierta. A eso su­maron el hallazgo de $6.800 (equivalente a entre 10% y 15% de lo robado) y de “elementos que podrían ser utilizados en la comisión de delito” (una “tumbera” y un “chupete”). 

“El sorpresivo cambio -dice la magistrada Bi­llinghurst- en la plataforma fáctica genera una violación al derecho de defensa en juicio, máxime en las espe­cíficas alternativas consta­tadas en el caso cuando el presupuesto de hecho mutó en forma sustancial toda vez que el Tribunal estimó que otros testigos -pese a que en sus fundamentos refiere que eran sólo dos los que pudieron declarar sobre la autoría, y luego, contradictoriamente, alude a ‘otros’- vieron empuñar un arma a quien identifican como Ramírez y, por lo tan­to, lo condena por el delito de robo con arma”. 

“Hasta los alegatos del fiscal de juicio la platafor­ma fáctica -con algunas diferencias con la reseñada en la acusación inicial- y la calificación legal de los he­chos para los dos imputados era idéntica, sin embargo, el tribunal de juicio respon­sabilizó a Ramírez por una conducta respecto de la cual no se había formulado acusación, lo que constituye una manifiesta violación al principio de congruencia”, resalta en su evaluación. Y remarca que el “hecho ocu­rrió en abril de 2012 y el proceso ha insumido mayor tiempo que el de condena impuesto al recurrente”. 

$68.000 Fue el botín sustraído, según los damnificados (para la Fiscalía fueron $51.668). A Ramírez le secuestraron $6.800.

“Un único indicio no puede ser prueba”

De la acusación surge que “el 8 de abril de 2012 que Rodolfo Cabrera en­tró con un casco sin visera y armado de una pistola, golpea en la cabeza al cus­todio, lo que le permite apoderarse de un revólver siendo acompañado por Aldo Ramírez que toma la bolsa de la recaudación (...) El encargado Amado recibió un golpe sin lesio­nes externas y el emplea­do Vera (a quien sustraen de su poder un revólver el cual estaba en funciona­miento para la empresa de seguridad donde trabaja) pudo ver a la persona que no tenía casco, la describe y la reconoce por fotografías. Este testigo, el mismo día y luego de examinar los álbu­mes fotográficos de la Po­licía reconoce al imputado Ramírez (...) y se ordena el allanamiento del domicilio secuestrándole 60 billetes de $100 y $50 totalizando un monto de $6.800,00, una sobaquera para arma de fuego, un cargador para pistola Bersa sin proyecti­les, una llave T para abrir cerraduras afinado en su extremo y arma casera (...) los otros testigos corrobo­ran que el hecho ha existi­do pero no pueden confir­mar la autoría”. 

A esto, la jueza Bi­llinghurst reprocha que “el tribunal de juicio sin indi­vidualizar esos “otros testi­gos”, concluye que alguien más vio el arma empuñada por Ramírez, pero según el Tribunal, quien lo recono­ció en un álbum fotográfico fue Vera, tal como lo preci­só al referir que “el verdade­ro indicio y prueba de cargo que lo vincula es cuando el testigo Vera lo reconoce en el álbum fotográfico” pero “un único indicio no puede erigirse en una prueba de cargo”. Y agrega: “Consti­tuiría un serio indicio de la autoría, en función de la in­mediatez temporal entre la sustracción y el hallazgo la ‘res furtiva’ pero en el caso no tiene gravitación porque el dinero secuestrado en el allanamiento, como lo re­marca la defensa, es un ele­mento fungible que fue jus­tificado y el monto hallado resultó ínfimo en relación al denunciado”. s