¿Declaración o empellón?

Por conducto de un Decreto de Necesidad y Urgencia (DNU), el presidente Alberto Fer­nández declaró “servicios públicos esenciales y estratégicos en competencia” a la telefonía celular y fija, internet y la televisión paga, al tiempo que suspendió “cualquier aumento de precios o modi­ficación de los mismos” hasta el 31 de diciembre próxi­mo. La medida, que el mandatario había adelantado el viernes a la noche a través de sendos mensajes en la red social Twitter, fue publicada ayer en el Boletín Oficial y generó -como era de esperarse- un revuelo de proporciones con rebote incluso fuera del país. La oposición, encarnada en los partidos integrantes de Juntos por el Cambio, salieron a criticar la decisión a la que con­sideraron abusiva y por lo tanto riesgosa para el país, que podría perder inversiones. Desde el ex­terior asomaron las primeras ob­jeciones en nombre de los ope­radores de esos servicios, firmas que tienen domicilio en otras latitudes.

La medida reporta al estilo de gestión del Frente de Todos, es­triba sus fundamentos en un le­gítimo reclamo social por la baja calidad de los servicios en con­trapartida con los altos costos que tienen, y se apoya además en una situación coyuntural, la emergencia que ha impuesto la pandemia de coronavirus. No obs­tante, corresponde preguntarse: ¿hay razones para avanzar con una declaración de esta naturaleza? 

El tema merece ser discutido, con seriedad y en pro­fundidad evaluando todas las alternativas e implican­cias que tiene, sin embargo, como es costumbre en la Argentina, la decisión se adoptó utilizando el atajo del decreto. El Congreso de la Nación, una vez más, ofi­ciará, llegado el momento, de escribanía para avalar (o no) lo que el Poder Ejecutivo ha dictaminado por sí solo. El Parlamento se convierte así en una suerte de oficina de timbrados que resulta funcional a la estra­tegia de gambetear el debate de los asuntos determi­nantes del país y su relación con el mundo. 

Es verdad que hay debate, o más bien discusión, pero en los medios, un ámbito entretenido pero ca­rente de legalidad institucional. Y así como se han escuchado en estas primeras horas muchísimas voces a favor, también hay expresiones en contra. Las dos partes tienen una cuota de razón y al mismo tiempo, aunque resulte contradictorio, caen en excesos. Es prudente recordar (siempre) que los extremos no son buenos.

La declaración que firmó el presidente Fernández, más que una definición de calidad sobre el servicio, parece un empellón prepotente contra los prestadores de esos servicios. Y ciertamente se lo merecen, pero una cosa es ver­balizar la protesta y otra muy dis­tinta establecer condiciones que cambian el sentido del vínculo. Cuando se ejerce un mandato de carácter institucional no se puede obrar por gusto, hay formalidades que se deben observar. El país ya ha experimentado bastante sacu­dones por las acciones intempes­tivas de los gobiernos, y en par­ticular la gestión del FdT en este corto lapso tuvo serios traspiés por decisiones irritantes. 

Por lo pronto la nueva medida seguramente tendrá el aplauso de la tribuna de usuarios, pero las conse­cuencias en el plano económico para el país es incal­culable. Sucede que esto puede resentir seriamente la imagen ante el mundo y por lo tanto algunos planes de inversiones del sector privado.

Los que objetan el decreto advierten que esta suerte de estatización de servicios de comunicación podría incurrir en la violación de tratados internacionales y condenaría a la Argentina a no poder salir de la crisis, por la retracción de los inversores. 

Retroceder a un esquema ultra regulado podría cau­sar más perjuicio que beneficios, aunque también hay que convenir que el libre juego de oferta y demanda no ha dado mejores resultados