Excepciones que parecen atropellos

El kirchnerismo, a través del bloque de diputa­dos nacionales que oficia como punta de lanza, formalizó su intención de dar un zarpazo a las grandes fortunas del país con el objetivo de re­forzar la recaudación fiscal y destinarlo a objetivos pre­cisos vinculados a la acción social. Al menos así dice el proyecto de ley que presentaron en las últimas horas y que podría comenzar a ser analizado la semana venide­ra en una de las comisiones que preside Máximo Kirch­ner, principal impulsor de la medida. El tema, que divi­de aguas en la sociedad, promete un debate candente y disputará protagonismo en la agenda de la Cámara baja, donde a partir de mañana recalará el proyecto de refor­ma de la Justicia Federal que días pasados obtuvo media sanción en el Senado, el reducto que gobierna Cristina Fernández de Kirchner.

No es casualidad que dos pro­yectos muy polémicos estén estre­chamente ligados a madre e hijo, principales representantes del modelo K. Es una definición del tiempo político que atraviesa el país, sobre todo sus instituciones. ¿Qué rol cumple Alberto Fernán­dez en este entramado? El interro­gante no ofrece, por el momento, una respuesta concreta. 

No deja de ser sugestivo el papel accesorio que tiene el Presidente frente al desarrollo urticante que tienen estos temas (como la reforma judicial o el manotazo im­positivo) en los pliegues de la sociedad, mientras el país enfrenta un riesgo sanitario mayúsculo. Es evidente que el kirchnerismo ya puso en marcha la agenda pos­pandemia, mientras Fernández y parte de su Gabinete batallan contra los efectos del virus aplicando medidas contradictorias como la última que anunció el viernes: reuniones de hasta diez personas en espacios abiertos. Justo ahora que los contagios perforan los récords. In­sólito.

Al mismo tiempo que el reporte de Salud confirmaba más de 11.000 casos positivos de coronavirus en la Ar­gentina, el bloque de diputados del Frente de Todos, que conduce Máximo Kirchner, oficializaba la presentación del proyecto de impuesto a las grandes fortunas. La idea es aplicar un gravamen, por única vez, a los patrimonios que superan los 200 millones de pesos. Estiman que podrían recaudar hasta 300.000 millones de pesos que serían destinados a obras públicas, mejoras del sistema de salud, apoyo a las Pymes y programas sociales, entre otros. 

Lo llaman aporte solidario y extraordinario. De lo primero no tiene nada y de lo segundo mucho. Cierta­mente es extraordinario, tanto que no hay antecedentes legales que lo sostengan, y para que cumpla con la con­dición de solidaridad necesita un componente esencial, la voluntad. El impuesto así como está planteado es compulsivo y confiscatorio, tal vez su aplicación genere un capítulo judicial.

Como sea, el mismo día que se presentó el proyecto también co­bró forma un trascendido sobre un posible incremento del impuesto a las Ganancias, que afecta a mu­chísimos asalariados. Según la ver­sión, el Gobierno tendría la inten­ción de llevar al 41% la alícuota de Ganancias.

Fuentes oficiales, cercanas a la Afip, desmintieron esta especie, pero reconocieron que se está trabajando en un reforma tributaria que apuntará a ampliar la base imponible de “impuestos progresivos” y lograr que tributen más los sectores de mayor capacidad contributiva, pero pusie­ron empeño en aclarar que no se estudia subir Ganan­cias sobre empresas o asalariados, ni aumentar aportes del monotributo.

El punto es que la reforma tributaria es necesaria, tal vez no como la está pensando el Gobierno, pero es imprescindible para ordenar el esquema fiscal que está exhausto. Una reforma tendrá un rol decisivo en las próximas negociaciones con el FMI, ya que el Gobierno deberá demostrar cómo piensa recuperar el superávit primario, luego de que el déficit se disparó hacia $1 bi­llón en lo que va del año.