La deuda y las endeudadas

Cerrado el capítulo de la reestructuración de la deuda emitida bajo legislación extranje­ra, el Gobierno nacional tiene pendiente dos misiones de iguales características, pero con complejidades dispares, la primera de ellas ya está en curso y es la renegociación de las obligaciones (títulos de deuda) que se emitieron con jurisdicción de la ley argentina y representan algo más de 41.000 millones de dólares. Ayer venció el primer plazo de aceptación “temprana” de la oferta para el canje que hizo la admi­nistración del presidente Alberto Fernández. El segun­do desafío por delante es la negociación con el Fondo Monetario Internacional (FMI) por unos 46.000 millo­nes de dólares. Sin dudas, este es el obstáculo más difícil, pero no es el último que queda para despejar el camino hacia una posibilidad de despegue. Finalmente están las deudas de las provincias.

Los compromisos, en algunos casos muy abultados, que acumu­lan varias jurisdicciones podrían convertirse en un contrapeso in­sostenible; si no encuentran un alivio eficaz el Estado nacional terminará otra vez en el pantano tratando de auxiliar a un puñado de provincias estancadas por sus deudas.

En ese lote hay aproximadamente una decena de jurisdicciones que están obligadas a negociar con el mayor éxito posible porque su situación es delicada. Tienen el agua a la altura del cuello. En ese cuadro, que no es de honor, no está Corrientes, pero sí están las ve­cinas del NEA, Chaco, Misiones y también Formosa. Como es costumbre la lista la encabeza Buenos Aires, seguida por Córdoba.

No es casualidad -y ciertamente, a esta altura, no provoca sorpresa- que las provincias con mayor acu­mulación de deuda, en este caso deuda en el extranjero, son aquellas que están gobernadas por el peronismo, kirchnerista o neokirchnerista. 

En esta ocasión, además, hay dos provincias de ad­ministración radical que también están muy compro­metidas por el endeudamiento en moneda y ley ex­tranjera: Mendoza y Jujuy. Los compromisos vienen de la gestión anterior.

En el caso de Mendoza comenzó con el anterior go­bernador, Alfredo Cornejo, actual presidente de la UCR nacional. En Jujuy todo es responsabilidad de Gerardo Morales que firmó deuda en dólares casi sin respirar, ahora está ahogado. Pero, los compromisos de Mendo­za y Jujuy en conjunto apenas representan el 10% de los 7.000 millones de dólares que tiene que hacer frente la provincia de Buenos Aires, hoy gobernada por el hi­perkirchnerista Axel Kicillof. Una parte de ese paquete es responsabilidad de la macrista María Eugenia Vidal, pero el grue­so viene de los tiempos de Daniel Scioli.

Ahora bien, la suma del total de las obligaciones que tienen las provincias significa unos 13.000 millones de dólares y el Gobierno nacional ya se apuró a señalar que acudirá en socorro de las endeuda­das. Planea ayudar con la negocia­ción para la reestructuración. 

¿Está bien que la Nación se ocu­pe de solucionar el problema de provincias que viven endeudadas? La pregunta no es nueva y el debate que la acompaña no ha aportado respuesta en largo tiempo.

En una primera evaluación, desprovista de toda con­notación política, es natural que el Estado nacional ofrezca sostén a una jurisdicción que atraviesa pro­blemas, pero lo que no parece natural es el endeuda­miento y la asistencia perenne, porque entonces surge la comparación y el reclamo de las que sí cumplen con sus obligaciones. 

¿Qué reciben las provincias con administración equilibradas sin endeudamientos galopantes? Nada. 

Salvando las distancias es como el contribuyente cumplidor respecto del moroso o el evasor pertinaz. Tal vez alguna vez cambie el concepto de premios y sanciones.