Usurpaciones: voltereta del kirchnerismo
Tras el tropiezo mayúsculo que generó la ministra de Seguridad de la Nación, Sabina Frederic, al asegurar que la usurpación de tierras “no es un problema de seguridad”, el gobierno de Alberto Fernández se encargó de corregir el urticante mensaje y sutilmente alineó a las primeras espadas mediáticas detrás de un concepto más amable para los oídos de la sociedad.
Ahora, incluida la ministra Frederic, reconocen que la toma de terrenos (propiedad privada) es ilegal, pero advierten que hay una urgencia social que los motiva. El déficit de viviendas y la necesidad de un lugar digno para vivir es el disparador -dicen los K- de esta acción delictiva en banda. No obstante, en este último punto no todos los integrantes del elenco oficialista ponen el mismo énfasis argumental.
Como sea, desde que Frederic lanzó la bomba que le ocasionó un enorme daño a la, cada vez más deteriorada, imagen del presidente Alberto Fernández, el discurso oficial se fue acomodando a una realidad legal. Usurpar tierras es delito. El primero que lo dijo, contrariando todo su espectro ideológico, fue el secretario de Seguridad de la provincia de Buenos Aires, Sergio Berni. Tras el imprevisto escarceo puertas adentro del kirchnerismo, siguió el rumbo discursivo de Berni el gobernador de esa provincia, Axel Kicillof, y en las últimas horas se sumaron una legión de intendentes, el ministro de Desarrollo Social de la Nación, Daniel Arroyo, y hasta Sabina Frederic tuvo que enmendar su declaración.
La increíble voltereta del kirchnerismo, impensada en otros tiempos, tiene una explicación práctica. La definición de Frederic además de lesionar la imagen presidencial abrió otro frente de batalla. Fernández ya tiene bastantes problemas como para, además, rascar la sensibilizada epidermis social. Pero, sobre todo, el concepto de que la usurpación de tierras no es una cuestión de seguridad constituye una especie de piedra libre, que pone en jaque a la administración Kicillof.
La toma de terrenos se multiplicó en las últimas semanas y lo sufren, en primera instancia, los intendentes. Más de 30 jefes comunales bonaerenses declararon que las intrusiones son ilegales. El gobernador no tardó en sumarse al pronunciamiento y reclamó a la Justicia “que haga su trabajo”.
El punto es que en la provincia de Buenos Aires se aprobó una ley que impide los desalojos, y lo justificaron en la emergencia por la pandemia. Sin embargo, con este salvoconducto los usurpadores tienen permanencia asegurada, pues la Justicia no puede hacer mucho.
Entre los intendentes asomaron quejas puntuales porque entienden que la usurpación de tierras esconde un negocio inmobiliario. Por ejemplo, Sergio Berni le apuntó al Movimiento Evita, que se referencia en el secretario parlamentario del Congreso de la Nación, “Chino” Navarro