La legalidad como ordenador social 

El Gobierno Nacional parece haber tomado nota del peligro que encierra que desde el Estado se baje un mensaje complaciente de la actividad delictiva que representa la usurpación de tie­rras privadas. Aunque con cierta demora, la Casa Rosa­da reaccionó para imprimir una corrección del discurso oficial en resguardo de la ley, que es lo mismo que decir en procura de preservar y garantizar el orden social. El respeto de la legalidad de los actos (sean públicos o privados) es un presupuesto necesario, indispensable, para el desenvolvimiento de la convivencia en paz. 

A la fuerza, no tanto por un ejercicio de recapacita­ción sino más bien de temor por las consecuencias impredecibles que supone dar libertad para apropiarse de lo ajeno, la adminis­tración del profesor de Derecho, Alberto Fernández, recompuso la verticalidad institucional por so­bre la anomia de la anarquía. 

Durante un par horas, que se hicieron días, la Argentina transi­tó riesgosamente por una cornisa que da al abismo del vale todo. Puede que esta descripción sea tachada por exagerada, pero con­viene revisar con una perspectiva más amplia las consecuencias que podría acarrear un “piedra libre” para avanzar sobre lo que cada uno de los habitantes del territorio nacional necesite. Si se pue­den ocupar terrenos porque se necesita vivienda, del mismo modo se puede entrar a una casa o un departa­mento para acelerar la obtención de un techo.

Siguiendo ese (mal) ejemplo también se puede to­mar un vehículo, o proveerse de mercaderías, ropas o cualquier otro artículo de necesidad básica para vivir. Incluso quitarle el dinero a los demás estaría bien y para eso no haría falta mucha planificación, el arrebato en la calle se transformaría en una práctica cotidiana y consentida. 

Si no hay delito en la apropiación de lo ajeno, ¿cuál es la diferencia entre usurpar un terreno y llevarse las cosas de un supermercado o de una tienda de zapatillas y ropas? El saqueo no es solo el asalto a un comercio. 

Si la necesidad es suficiente justificativo para avan­zar sobre la propiedad privada, el Código Penal y hasta la Constitución Nacional es un manojo de páginas sin valor. 

Resulta grave que un gobierno, que algunos de sus funcionarios, con una pretendida sensibilidad social, derrumben los indispensables parámetros de legalidad que debe observar una sociedad civilizada. El mensaje de Sabina Frederic, ministra de Seguridad, quien argu­mentó irresponsablemente sobre la usurpación de pre­dios, una práctica que se ha vuelto masiva en la provincia de Buenos Aires, desnudó el pensamiento enrevesado que anida en el kirch­nerismo.

Según la ministra, que es an­tropóloga de profesión, la toma de terrenos no es un problema de seguridad. Puede que la defini­ción tenga una explicación, desde la dialéctica, pero en los hechos la usurpación de tierras (sean pri­vadas o públicas) está tipificada como delito. Y debe ser reprimido.

Afortunadamente el Gobierno se encargó de enmendar el discurso, que además de ocasionarle un daño mayúsculo en términos de ima­gen política, ponía en jaque al gobernador de su prin­cipal distrito electoral: Buenos Aires. Axel Kicillof, que siguió los pasos de su colaborador Sergio Berni, en la condena enfática a la usurpación de terrenos, iba a te­ner que hacer frente a una avalancha de saqueos. La provincia de Buenos Aires no solo es la más poblada y por tanto la de mayor cantidad de electores, también es la que concentra el mayor número de familias en si­tuación de pobreza, sin techo. Es decir en condiciones de hacer uso del guiño de Frederic para tomar lo que necesitan.

Si ese es el camino, no hará falta la ley sino la fuerza.