Inseguridad: lucha focalizada en el Conurbano para un quebranto nacional

Con su pragmatismo ya característico, ayer el presi­dente de la Nación, Alberto Fernández, puso en marcha un “plan de fortalecimiento de la seguridad” con la mira puesta en el Conurbano bo­naerense: ese termómetro social que suele servir a la métrica del malestar ciuda­dano del conjunto del país (y que por lo demás con­centra a más de un tercio de la población argentina).

Desdeñando por un mo­mento el discurso federa­lista, el Jefe de Estado anun­ció la inversión de $37.700 millones para concretar el proyecto que prome­te “2.200 nuevos móviles, 4.000 paradas seguras y 12 unidades carcelarias”. Ade­más de la incorporación al territorio de “3.957 nuevos efectivos de las fuerzas fe­derales en el Gran Buenos Aires” y la formación de “10.000 nuevos agentes que se formarán durante 18 meses en academias des­centralizadas”. Una cifra voluminosa de dinero pú­blico en una porción re­lativamente pequeña de Argentina, pero que por su densidad demográfica y los problemas acarreados por la crisis sanitaria y econó­mica es el blanco adecuado para el gesto, máxime por las tensiones políticas en el interior de la alianza gober­nante tanto del gobernador Axel Kicillof con los inten­dentes peronistas (“los ba­rones”), como su ministro de Seguridad, Sergio Berni, quien no ha escatimado en practicar el “fuego amigo” contra su par nacional, Sa­bina Frederic (con quien tuvo que compartir el acto encabezado por Fernán­dez), mientras los sectores “progresistas” del kirchne­rismo lo asediaron azuzan­do el fantasma de Facundo Astudillo Castro. 

En Corrientes, por otra parte, la inseguridad no es un tema menor: su clímax llegó el martes a las 19.40 cuando un “conocido” la­drón fue asesinado durante un asalto. Según la pesqui­sa, lo ultimó un chico de 16 años, hijo del gendar­me dueño de la casa de las afueras de la Capital, donde el delincuente -Daniel Ta­lavera- y un cómplice -aún prófugo- ingresaron arma­dos y golpearon al jefe de la familia. 

El desborde en el número de infectados por coronavi­rus primó en la agenda, re­lajando el caso que en otras circunstancias habría sus­citado mayor repercusión, y no sólo eso, sino que el “desborde” de la enferme­dad en la ciudad ha llevado a la Policía a abarcar tareas de control que insumen tiempo, personal y recur­sos desviando su función principal: “la represión de delito”, tal como lo había manifestado el ministro de Seguridad, Juan José López Desimoni, el viernes de la semana pasada en una con­ferencia con el intendente local. A esto se suma la ma­gra inversión que este año ha recibido la institución (el último gran despliegue fue la creación de la sede del 911 en octubre de 2019) y la espera de la conclu­sión a mediados de 2022 del complejo penal (al que trasladarán a los presos de la Unidad Penal Nº1, donde en abril durante un brote de coronavirus, hubo repre­sión y un preso fue muerto por las fuerzas policiales y penitenciarias).

“La desigualdad de las sociedades es promotora del delito”. La frase del pre­sidente Fernández posee el equilibrio del funambulis­ta, que caminando por la cuerda floja conjuga en el malestar de sectores dispa­res: “pudientes” y “margi­nales”. “Las principales víc­timas del delito son los que menos tienen, los que están en la calle y salen a lograr su sustento diario”, dijo, y agregó despejando ambi­güedades: “Vamos a darle la oportunidad al que está peor” para que “no se deje tentar por el crimen como salida”.

Y a la par de garantizar esa “oportunidad”, por un convenio con Kicillof trans­ferirá $10.000 millones para “adquirir chalecos an­tibalas, cámaras de seguri­dad, armamento, municio­nes y móviles policiales”.

“El problema de la inse­guridad en el Gran Buenos Aires es el tema que más nos preocupa, más allá de la pandemia”, admitió, y anticipó: “Si este plan fun­ciona, la impunidad bajará y eso demandará más luga­res en las cárceles. Por eso buscamos crear cárceles que den condiciones de en­cierro adecuadas a los que delinquen”.s

Inversiones 

La última gran entrega de equipamiento a la Policía de Corrientes fue el 1 noviembre de 2018, cuando se en­tregaron 215 motocicletas (“inversión de $34.500.000”). Luego en octubre de 2019 se inauguró la sala del 911 que cuenta con 100 cámaras de vigilancia (“más de $50 mi­llones). La puesta en funcionamiento del complejo peni­tenciario estaría listo “hacia fines de 2020”; la construc­ción esta en 60%.