El fracaso de la Justicia

El caso del empresario Lázaro Báez, aun con to­dos los matices contrapuestos que carga enci­ma y que le dan una extraña singularidad, es la representación de una realidad irritante: la ausencia de Justicia. Es la síntesis perfecta de un déficit que acarrea la Argentina desde hace bastante tiempo y que es, justamente, la causa de la debacle del modelo de República que se edifica cotidianamente, un espejo en el cual se refleja la sociedad. 

Sin Justicia no hay organización posible, de ningún tipo. El país ha venido transitando por el filo de esta cornisa, que da a la nada misma, desde por lo menos dos décadas atrás. Resulta difícil precisar fecha, y a esta altura ya no es importante porque el pro­blema es tan grande y complejo que sería una pérdida de tiempo bucear en el pasado, cuando la urgencia es otra: hay que remover el pesado obstáculo que impide avanzar hacia una madurez re­publicana. Y no hay República sin un servicio de Justicia eficaz.

Si alguna enseñanza ha deja­do el bochornoso espectáculo de Báez, custodiado por el Servicio Penitenciario Federal tratando de ingresar a un barrio privado en la localidad de Pilar (Buenos Aires), es que la Justicia una vez más ha vuelto a fracasar. No sirve. 

Está claro que se necesita de una reforma profunda en el Poder Judicial. Una verdadera transformación que restituya su calidad de pilar del Estado de Derecho, le devuelva vigor y con ello el prestigio que ha perdido. 

Acaso se necesita de una revolución más que una reforma. Es indispensable sentar las bases, no de un nuevo modelo sino del auténtico modelo de indepen­dencia que requiere el ejercicio de administrar justicia.

En momentos de que el Congreso de la Nación de­bate, sin nada de lucimiento, un proyecto de reforma acotada del fuero penal de la Justicia Federal, el caso de Báez expone con crudeza la corrosión del sistema. 

Escasa o ninguna contribución pueden ofrecer las modificaciones que ha propuesto el Poder Ejecutivo Nacional en su proyecto de reforma, actualmente es­tacionado en la Cámara de Diputados del Parlamento. Salta a la vista que hay un interés subalterno tendiente a acomodar la estructura judicial para garantizarse el control de esos resortes de poder.

Mientras la política siga interviniendo en el diseño del sistema y se reserve la potestad operacional para altas y bajas, la Justicia continuará como un brazo arti­culado de intereses ajenos al Derecho. La aplicación de la ley será un simulacro, una farsa bien montada para sacar el mejor provecho cuando las circunstancias así lo determi­nen.

Báez, un personaje que se enri­queció escandalosamente a través de la obra pública durante los tres gobiernos del matrimonio Kirch­ner, es hoy el mejor ejemplo de un sistema que tiene el rótulo de Jus­ticia, pero que no hace justicia. Es decir no aplica la ley.

El hombre tiene múltiples cau­sas por presuntos hechos de co­rrupción y cayó preso una vez que el kirchnerismo fue eyectado del poder. Lo detuvieron en abril de 2016, desde entonces hasta ahora no pudo ser llevado a juicio. Se cumplieron sobradamente los dos años de detención preventiva (más la prórroga de un año) y por lo tanto el empre­sario recupera la libertad, con arresto domiciliario. Sin fianza.

Es lógico que sus vecinos del barrio privado de Pi­lar reaccionen con desagrado. Lo consideran culpable, aunque no tienen prueba de ello y la Justicia (es decir el sistema) no lo condenó, aunque tampoco lo exculpó. Paradoja de la Argentina, ciudadanos comunes trans­grediendo la ley para patentizar una condena social. Se exponen a una denuncia penal y Báez adquiere condi­ción de víctima, que en esta instancia ciertamente lo es, aunque no lo exime de lo anterior.