Causa Itatí: tráfico de información, robo de drogas y corrupción policial

Durante el debate oral y público en el que se juzga a un grupo acusado de formar parte de organizaciones de narcotráfico con base en Itatí, pero que operaban en poblados de la costa del río Paraná y la capital correnti­na, un testigo clave sostuvo que al menos dos efectivos de la Policía Federal Ar­gentina habrían fraguado operativos con secuestro de drogas y mercaderías con el fin de quedárselas y rein­troducirlas en el mercado, en lugar de proceder a su incautación para iniciar ex­pedientes judiciales.

Por ello, el subcoman­dante de la Gendarmería Nacional, Guillermo Her­nán González, quien estuvo a cargo de la investigación de los hechos que origina­ron el expediente por el que se desarrolla el juicio, rela­tó en su declaración ante el Tribunal Oral Federal 3 de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires una cadena de relaciones entre unifor­mados y narcos.

En este contexto involu­cró también en las activida­des ilegales a un camarada suyo, el oficial Guillermo Alcaraz, quien en el marco de esta misma causa acordó la pena de 3 años de prisión en suspenso.

“A estos policías federa­les no se los puede ubicar como integrantes de las organizaciones”, aclaró González, pero sostuvo que éstos se nutrirían de datos brindados por traficantes, para luego “revender la ma­rihuana o los cigarrillos”.

Cuando se refirió a las or­ganizaciones lo hizo en re­lación a los grupos que eran coordinados por Carlos Ba­reiro, Federico Marín y Luis Saucedo, supuestos líderes narco de Itatí.

AMISTADES PELIGROSAS

En su exposición, Gonzá­lez ilustró un mecanismo de tráfico de información ten­diente a, en primer lugar, proteger a los sospechosos de narcotráfico y, en segun­do, incautar marihuana.

El primer eslabón de la cadena de circulación de datos sería el oficial gen­darme Fernando Alcaraz -quien acordó un juicio abreviado en el marco de esta causa y aceptó cum­plir tres años de prisión en suspenso- a cargo por aquel entonces de la Sección de la GNA en Itatí.

Según la declaración de González, dos hombres, que colaboraban con dis­tintas organizaciones en el tráfico de estupefacientes desde Paraguay a la Argen­tina, Alejandro Daniel Ro­dríguez y Carlos Luis Rome­ro, recibían información del gendarme Alcaraz respecto en dónde estaban ubicadas las patrullas de esa fuerza de seguridad en la zona. Con este dato, junto a los jefes narco planificaban el cruce y almacenamiento de las cargas de marihuana.

Una vez conocido el plan de transporte, Rodríguez y Romero “vendían” esta in­formación a los efectivos de la Policía Federal, según declaró el testigo, “ambos tenían contacto con Víctor López, de la PFA. Descubri­mos que López se nutría de información para intercep­tar cigarrillos y droga que luego era comercializada”.

Entonces intervenía Víc­tor López, un numerario de la Policía Federal, integran­te de la Brigada de Inves­tigaciones. “En una de las comunicaciones Romero y López hablan de hacer una moneda juntos”, relató el testigo. 

El investigador agregó que una vez obtenida esa información, López se la comunicaba a su “patrón”, en referencia a Rubén Fe­rreyra, ex comisario de esa fuerza. Entonces se activa­ban los movimientos para “mejicanear” la droga, es decir, a retener cargas de droga pero sin conocimien­to de las autoridades judi­ciales.

Cuando uno de los abo­gados defensores preguntó sobre qué base vinculaba a los policías con los dos sospechosos de narcotrá­fico, sostuvo que “López usó el teléfono de Ferreyra para comunicarse con los contactos suyos de Itatí. López dijo que cuando iban a interceptar cargamentos tenía que consultar con su patrón, en este caso Ferre­yra”.

Pero aclaró además, que “Ferreyra no era el jefe de la Brigada (de Investigacio­nes), sino que estaba a car­go”, según datos obtenidos de informaciones de orga­nismos oficiales a los que se consultó “para no alertar” de la existencia de la inves­tigación. 

ALTERCADO EN LA RUTA

En noviembre de 2016 hubo un altercado entre efectivos de la Policía Fede­ral y de la Gendarmería, se­gún consta en el expediente 3.002/207. Fue en el marco de operativos superpuestos en el que ambas fuerzas seguían a un camión car­gado con marihuana. Para el investigador de la causa del Operativo Sapucay, “era el mismo modus operandi que usaban para quedarse con la droga”.

El inconveniente fue cuando los equipos de la Gendarmería Nacional se­guían a un transporte de carga en el que había dos toneladas de marihuana y que tenía como destino la provincia de Buenos Aires. La acción era con una orden de un juzgado federal de Campana. 

Según el expediente, todo el plan se desarrolla­ba según lo previsto, hasta que tres automóviles inter­ceptaron al camión. El con­ductor frenó y un grupo de hombres armados obligó al chofer a ceder el volante.

Esto fue advertido por los gendarmes que controlaban la marcha del cargamento. Con vehículos de esa fuer­za fueron a su alcance y se produjo un altercado. En su declaración, González res­ponsabilizó de esa manio­bra al ahora ex comisario de la Policía Federal.

“Ferreyra no quería en­tregar el cargamento y el personal a su cargo apuntó contra los gendarmes. Se llevó el camión sin mediar palabras. Los gendarmes siguieron al transporte de cargas y encontraron al ca­mionero solo al costado de la ruta. Encontramos con esto que el subcomisario Ferreyra llevó adelante un modo de operación que realizaba habitualmente”, dijo ante el Tribunal.

En su declaración agregó que estos hechos los cono­ce por haber leído los in­formes incorporados en la investigación, porque ese día no estuvo en esa redada.

UN DEPÓSITO CAPITALINO

Lo que se sospecha ade­más es que los mismos ex funcionarios policiales también interceptaban car­gas de cigarrillos. “Esta es una hipótesis, porque en las escuchas sólo se habla de cajas”, indicó el testigo que declaró por más de 12 horas en dos jornadas del juicio.

Sostuvo que según los informes que rubricó, du­rante una acción de un grupo de policías federales se habría interceptado un camión en la Ruta Nacional 12. “Se comunicaron con quien sería el dueño del camión y le pedían dinero. Para liberar el camión, era un precio; por cada caja, su­ponemos que de cigarrillos, otro precio, y por liberar al camionero era otro monto”, indicó el informante de la Gendarmería. 

VISTO Y OÍDO

El hombre que declaró el 2 y el 9 de septiembre en el juicio en el que hay una docena de imputados por supuestas maniobras de narcotráfico, estuvo en la población de Itatí cinco meses. Durante el tiempo que convivió con los itate­ños realizó informes con datos que obtenía de las charlas con los vecinos, de las recorridas que hacía en la zona y de interactuar en el día a día de los habitan­tes de ese pueblo ubicado a 80 kilómetros de la capi­tal correntina que subsiste casi exclusivamente del tu­rismo.

Pero, ¿cómo hizo un gen­darme para convivir en un territorio hostil donde ope­ran bandas criminales?

El oficial González, de corta edad, se valió de su entrenamiento como inves­tigador para realizar obser­vaciones. Cambió su aspec­to; se dejó crecer la barba y el pelo, se hizo rastas. Tomó una mochila y una carpa e ingresó al pueblo como ar­tesano. Guitarra en mano improvisaba recitales a la gorra, dormía en el cam­ping local y en ocasiones en la calle. 

Cuando dispuso de dine­ro se alojó en algún hospe­daje de bajo presupuesto, “con una identidad irreal, nunca revelé mi identidad”, sostuvo.

De esta forma pudo ga­narse la confianza de algu­nos pobladores que con el tiempo lo conocieron como “El Rasta” o “El Porteño”.

Durante esos meses re­cibía “certificaciones” que correspondían a declara­ciones de detenidos arre­pentidos y de testigos de identidad reservada que le eran envia­das por el Juzgado Federal 12 de la Ciu­dad Autónoma de Buenos Aires.

“Las certificaciones del Juzgado son las declaracio­nes de arrepentidos dete­nidos. Esa información se la comprueba con tareas de campo, observaciones, seguimientos, obtención de datos. Esas versiones (las incluidas en el legajo) fue­ron comprobadas en térmi­nos generales”, explicó el investigador.

En estos escritos se ha­blaba del manejo de gran­des cantidades de dinero y que “por semana deben traer como seis toneladas de marihuana”, en referen­cia a la organización que supuestamente encabezaba Carlos Bareiro. En el expe­diente también existe una transcripción en la que dos sospechosos hablan de la existencia de “30 millones” enterrados en barriles.

El relación a esto y a pe­dido de los abogados defen­sores, respondió dos pre­guntas: ¿Cuántas toneladas se incautaron? y ¿pudieron hallar el dinero enterrado?

Afirmó que “no se in­cautaron toneladas de ma­rihuana” y que no se pudo establecer la existencia de tales montos ocultos bajo tierra.

Antes había aclarado que, según trascendidos, “los narcos pesaban la plata de tanto que tenían”. Esto tampoco fue corroborado, según indicó

Causas paralelas

La comprobación del robo de drogas es de importancia en la causa del Operativo Sapucay, no sólo por la respon­sabilidad que se les endilga a los dos efectivos policiales, sino porque estos hechos derivaron en otra investigación en la que se trata de establecer si hay funcionarios judi­ciales correntinos vinculados a estos episodios. En otra causa figuran dos ex secretarios judiciales y un ex juez como acusados.