En un fallo de excepción, la Corte rompió el cerco de Corrientes

Con una expresa reser­va sobre la cuestión de la competencia originaria de la causa, pero atendiendo a una estricta razón humani­taria, la Corte Suprema de Justicia de la Nación hizo lugar a una medida cautelar innovativa solicitada por un vecino de la ciudad de Resis­tencia para que se le permita cruzar el puente interpro­vincial General Belgrano y acompañar a su madre que temporalmente está resi­diendo en Corrientes para cumplir con un tratamien­to oncológico. El fallo, de carácter excepcional, lleva la firma de los jueces Elena Highton de Nolasco, Juan Carlos Maqueda, Ricardo Luis Lorenzetti y Horacio Rosatti, estos dos últimos suscribieron en forma vir­tual, desde Rafaela y Santa Fe respectivamente, donde cumplen el aislamiento so­cial, preventivo y obligato­rio.

Justamente la resolución versa sobre los alcances del aislamiento y las medidas de seguridad que se implemen­taron en cada jurisdicción para restringir la circulación de las personas, especial­mente de los visitantes. En ese sentido, los jueces de la Corte, al revisar el caso que dio pie a su interven­ción, sostienen que las au­toridades de la provincia de Corrientes “se excedieron en sus atribuciones”. Y or­denaron que se arbitren la medidas necesarias para que el ciudadano peticionante pueda ingresar a la ciudad y acompañar a su madre, siempre y cuando reúna las condiciones de salud (inmu­nológicas) pertinentes a esta coyuntura.

La decisión del máximo tribunal del país podría cambiar el rumbo de la in­sólita puja entre ambas pro­vincias, unidas por el puen­te Belgrano, respecto de la circulación de la gente. El conflicto comenzó prácti­camente con la pandemia y tuvo varios capítulos y hoy todavía sigue. El fallo de la Corte puede sentar un fuer­te precedente, porque ade­más tomó nota de otro caso, el de una empresa comer­cial que también se ha vis­to impedida de llegar hasta Corrientes para realizar su tarea cotidiana.

La Corte le pidió al Go­bierno de Corrientes que informe, en el plazo de tres días, los protocolos que se han implementado para res­tringir la circulación. Igual exigencia despachó para otras cuatro provincias, San Luis, Córdoba, Formosa y Salta. En todos esos lugares hay cercos policiales que impiden ingresar a los forá­neos.

RAZÓN HUMANITARIA

La medida cautelar in­novativa se extendió para Mariano Maggi, quien se vio impedido de ingresar a la ciudad de Corrientes cuan­do se volvieron más estric­tos los controles por parte de la Policía en el puente Belgrano. 

Maggi vive en Resistencia (Chaco) igual que su madre, Eulalia Benítez, quien pade­ce de un cáncer mamario. A través de la obra social Pami consiguió que se le hiciera un tratamiento de radiote­rapia en un centro de salud de esta Capital (sesiones de 20 minutos todos los días), tramitaron el permiso de circulación y comenzaron entonces a cruzar el via­ducto cotidianamente hasta que decidieron alquilar un departamento aquí para que la señora no sufriera el tras­torno del viaje a diario. Ade­más, cada semana tenían que someterse al hisopado obligatorio. Ella quedó en Corrientes y su único hijo, Mariano, venía y volvía a Re­sistencia, pero a mediados de julio la Policía le impidió el acceso.

La razón del impedimen­to, un formalismo insólito. Su permiso de circulación decía acompañante y como venía solo en el vehículo no acompañaba a nadie. En la rigurosa visión de la seguri­dad provincial, al no circu­lar la señora, la movilidad del hijo no tenía sentido. Supuestamente había des­aparecido el motivo de su “acompañamiento”.

Sin suerte en la gestión de hacer entender que su visita era obligada por una razón humanitaria, el hombre re­currió al Juzgado Civil y Co­mercial Nº 8 de Resistencia, el juez Alejandro Harlein se excusó de entender por una razón de competencia y lo pasó al Juzgado Federal Nº 1 de Chaco y de allí fue girado a la Corte Suprema.

La causa se tramitó du­rante todo agosto, a media­dos de ese mes el procura­dor de la Corte opinó que la cautelar no correspondía porque el asunto a discutir no era competencia federal, sin embargo los jueces su­premos hicieron lugar a la presentación, dejaron a sal­vo el tema de fondo (la com­petencia originaria) y dieron permiso a Maggi por una es­tricta razón humanitaria.

LOS SUPREMOS NO OPINARON SOBRE LA COMPETENCIA

La potestad provincial está a salvo

Además del caso de Mariano Maggi, que recibió permiso para poder acom­pañar a su madre, enferma oncológi­ca, la Corte Suprema de Justicia re­solvió también requerir informes a la provincia de Corrientes sobre las me­didas y protocolos adoptados por las autoridades provinciales en el marco del aislamiento. El requerimiento, que tiene un plazo perentorio para la res­puesta (tres días), se enfoca en el caso de una empresa chaqueña, cuyos re­presentantes y empleados se han to­pado con un obstáculo inexpugnable en el puente General Belgrano. 

En la resolución, que ya llegó vía electrónica a la sede del Gobierno co­rrentino, exponen el caso de Luis Ro­mero y Esteban Patiño, trabajadores de Licores Nordeste SRL (empresa que distribuye gaseosas y otras bebidas), quienes requieren trasladarse desde la ciudad de Resistencia hacia Co­rrientes y luego hacia Barranqueras.

Los jueces preguntan: ¿cuáles se­rían las razones que podrían justificar que, pese a contar con las autoriza­ciones nacional y provincial corres­pondientes, se les impida el ingreso al territorio correntino?

La firma había interpuesto una ac­ción de amparo contra la Provincia de Corrientes y la Policía provincial ante el Juzgado Federal de Primera Instan­cia de Resistencia Nº 1, pero la jueza se declaró incompetente, por lo que el expediente recayó en el máximo tribunal nacional, siguiendo los pasos del expediente de Maggi.

La firma argumentó que posee su asiento industrial y comercial en Ba­rranqueras y distribuye en la región. Como consecuencia solicitaron una cautelar que garantice el ingreso, el egreso y la libre circulación por la ciu­dad de Corrientes de los empleados de la empresa individualizados en la demanda, siempre que no presenten los síntomas característicos de co­vid-19.

En el caso Maggi, que corría paralelo a éste, el procurador de la Corte opinó que no es atribución federal resolver este tema y los jueces del alto tribunal hicieron una salvedad al respecto, se excusaron de opinar y resolver sobre la cuestión de fondo -la competencia- pero habilitaron el paso al ciudadano (con su mamá enferma) por una razón humanitaria. El planteo de la empresa seguramente llevará otro proceso y es por eso que los “supremos” pidieron informes para poder dictar un fallo.

El mismo pedido de informes le hi­cieron a San Luis, Córdoba, Formosa y Salta, por casos similares. s