La Corte, obligada a zanjar otro diferendo que ensancha la grieta

Entre el lunes y el miér­coles venideros los repre­sentantes jurídicos del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires presentarán ante la Corte Suprema de Justicia de la Nación la ac­ción de amparo con el obje­tivo de resguardar la copar­ticipación que perderá un punto por orden del presi­dente de la Nación, Alberto Fernández. Esos recursos -que representan unos $36.000 millones anua­les- serán transferidos a la Provincia de Buenos Aires, que gobierna Axel Kicillof, para atender la necesidad salarial de los policías bo­naerenses que durante tres días mantuvieron en vilo a la administración kirchne­rista.

Ayer se conoció el de­creto firmado por el jefe de Gobierno porteño, Ho­racio Rodríguez Larreta, que instruye al procurador general del distrito, Gabriel Astarloa, a que promueva “la acción judicial que co­rresponda contra el Estado Nacional”. Horas más tar­de, el vicejefe de Gobierno, Diego Santilli, señaló que la presentación se hará el lu­nes o martes, a más tardar el miércoles. 

El objetivo de la demanda es “que se declare la nulidad e inconstitucionalidad” de la medida adoptada por el presidente Fernández, para que así “se recomponga la integralidad de los fondos del Tesoro local que dejen de ingresar en el futuro por aplicación del Decreto cuestionado, con más los intereses legales devenga­dos”.

En tanto el Gobierno na­cional volvió a defender la decisión de traspasar los recursos a la Provincia de Buenos Aires. El primero en justificar la medida fue el propio Presidente, pero después hubo coro de voces acompañando el discurso. Insisten que se trata de una parte de los fondos adicio­nales que la Ciudad de Bue­nos Aires había recibido en 2016.

Desde la perspectiva ofi­cial se trata de “equilibrar la distribución de los recur­sos” entre los distritos y lo ubican como una acción de corte “federalista”. A través de un pronunciamiento, 19 gobernadores respaldaron la medida, que Rodríguez Larreta considera “incons­titucional, abusiva e intem­pestiva”.

Los tres gobernadores ra­dicales, entre ellos Gustavo Valdés, se alinearon con La­rreta y no acompañó a los peronistas el cordobés Juan Schiaretti. Así, el país está nuevamente dividido y con opiniones enfrentadas res­pecto de un mismo hecho. Es la grieta que no cierra.

Le tocará a la Corte Su­prema dirimir el pleito, pero sin plazo perentorio. Los miembros del alto tri­bunal han dado muestras de su capacidad para sur­fear sobre los conflictos po­líticos retardando las defi­niciones que llegan cuando el escenario está ordenado. La prueba más cercana es que la Corte resolvió juicios por reclamos de copartici­pación una semana antes de que Cristina Kirchner entregue el poder en 2015. La demanda se tramitó durante más de un lustro, así que muy posiblemente cuando los “supremos” den su fallo en esta controversia ya no esté más en el poder Alberto Fernández, cuya imagen se deteriora acele­radamente.

Como contrapartida han subido las acciones de Ro­dríguez Larreta, que apa­rece como nueva figura de liderazgo en Juntos por el Cambio, que hoy encarna la oposición. Mañana habrán de deliberar y en ese con­texto se definirán acciones políticas que seguramente rebotarán en el Congreso de la Nación, donde hay pro­yectos clave para tratar.s