Los jueces removidos por el Gobierno esperan que la Corte defina su situación

Para el oficialismo, es de­cir el kirchnerismo, no hay discusión posible, el tema quedó resuelto con la vota­ción del Senado de la Nación y los pasos administrativos que se completaron ayer, uno de ellos a cargo del pre­sidente Alberto Fernández que emitió tres decretos de desafectación, sin embargo los camaristas federales cuyo traslados fueron anulados recurrieron a la Corte Supre­ma de Justicia y consideran que es el máximo tribunal del país el que debe indi­carles cuál es su ámbito de competencia. Esto significa: ¿dónde y de qué manera de­ben trabajar?

Este planteo fue elevado a la Corte por los jueces Pablo Bertuzzi, Leopoldo Bruglia y Germán Castelli, quienes hasta ayer a la tarde perma­necían en sus respectivos puestos con la intención de resistir allí hasta que reciban una orden superior. 

La situación es inaudita y refleja el desbarajuste que la política ha provocado en el Poder Judicial. Consecuen­cia: la garantía de adminis­tración de Justicia está seria­mente afectada.

Sucede que los tres magis­trados, que en su momento concursaron y sus pliegos fueron aprobados para car­gos inferiores, durante la gestión de Mauricio Macri fueron promovidos con tras­lados a sendas cámaras fede­rales. El “ascenso”, ocurrido en 2018, se concretó con decretos del entonces Pre­sidente de la Nación. Ahora que se dio vuelta la taba, el kirchnerismo resolvió bajar del lugar que ocupan a esos jueces y para eso utilizó el mecanismo institucional que es de rigor. Dictamen del Consejo de la Magistratura (ahora con mayoría K) y vo­tación en el Senado de la Na­ción anulando los traslados de esos magistrados.

Bertuzzi, Bruglia y Cas­telli tendrían que volver a sus puestos de origen, no pierden la condición de jueces, pero son removi­dos de los sillones de las cámaras. Hay una razón de peso que impulsa al oficialismo y no es la ob­servancia de las normas ni la calidad institucional, los tres magistrados (Bertuzzi, Bruglia y Castelli) están en el camino que recorren las causas que involucran a Cris­tina Fernández de Kirchner (ver aparte). Por eso, además de estos tres, hay otros siete jueces en la mira que tam­bién pisarán el tobogán del Senado.

La Cámara alta del Con­greso votó el miércoles a la noche la anulación de los traslados ascendentes que se consumaron vía decreto de Macri. Ayer a primera hora el Consejo de la Magistratura, en esta etapa con gobierno K, comunicó formalmente a la Cámara Federal de Ca­sación la decisión de dejar sin efecto los traslados de los tres jueces federales. La Cámara Federal de Casación es la máxima autoridad en el fuero y es la que organiza la labor de los jueces de prime­ra instancia y tiene entre sus facultades comunicar a los jueces las decisiones que los afectan.

Al mismo tiempo el pre­sidente Alberto Fernández firmó tres decretos y los re­mitió al Boletín Oficial para su publicación. A través de estos instrumentos deja sin efecto los decretos anterio­res de Macri, de tal modo que Bertuzzi, Bruglia y Castelli fueron devueltos a sus pues­tos originales. Sin embargo, los tres magistrados -con dos presentaciones- solicitaron a la Corte Suprema de Justicia que resuelva dónde cumpli­rán sus funciones.

En una carta dirigida al presidente del alto tribunal Carlos Rosenkrantz y ex­tensible a los demás miem­bros de la Corte, Bertuzzi y Bruglia les pidieron que dis­pongan los “destinos funcio­nales” que deberán ocupar a partir de ahora, esto es, “dónde” y “de qué manera” desempeñarán sus funcio­nes. A su vez, en otra misiva similar, el juez Castelli for­muló idéntico pedido. Los magistrados plantean como alternativa a los supremos la posibilidad de concederles una “licencia de carácter ex­traordinario” hasta tanto se definan sus planteos judicia­les. Mientras, siguen en sus despachos. Insólito.s