Soto Dávila, expectante por la salida de los camaristas federales

Por muy extraño que pa­rezca, el desplazamiento de Leopoldo Bruglia y Pablo Bertuzzi de la Sala I de la Cá­mara Federal, con asiento en los Tribunales de Comodoro Py (Ciudad de Buenos Aires), no sólo desmaleza el camino judicial que preocupa a la actual vicepresidenta Cris­tina Fernández de Kirchner, también genera expectativas en la defensa del ex juez fe­deral de Corrientes Carlos Vicente Soto Dávila, que está acusado de ser “jefe de una organización” delictiva y tie­ne afincada una apelación en esa Cámara. Esta instan­cia es clave para Soto Dávila porque de ello depende la aceleración del proceso que lo llevaría a juicio y a una posible condena. 

La Sala donde Bruglia y Bertuzzi ocupaban sillones tiene que resolver un plan­teo que los abogados del ex magistrado federal correnti­no hicieron contra el fiscal Carlos Stornelli, que instru­yó parte del expediente en el que se lo acusa de cobrar coimas a los narcos. Remo­vidos de esos lugares los camaristas, serán otros los encargados de analizar la presentación de la defensa de Soto Dávila. 

Aunque parezca un reduc­cionismo mal intencionado, la realidad es que Soto Dávila tiene idénticos intereses que Cristina Kirchner para em­pujar la salida de los cama­ristas. Y razón (legal) no les falta. Sucede que tanto Bru­glia como Bertuzzi llegaron allí vía decreto del entonces presidente Mauricio Macri; sus competencias origina­les eran otras, pero fueron promovidos de hecho a un escalón superior que no les correspondía pasando por alto los procedimientos ins­titucionales.

A mediados de esta sema­na, el Senado de la Nación -que controla justamente CFK- votó la anulación de los traslados de Leopoldo Bruglia y Pablo Bertuzzi -también el de Germán Cas­tillo-, en tanto el presidente Alberto Fernández conva­lidó la medida con sendos decretos que los devuelve a sus puestos originales. A su vez, el Consejo de la Magis­tratura -ahora con dominio K- completó el trámite in­formando de lo actuado a la Cámara Federal de Casación, que es el máximo órgano ju­risdiccional y el encargado de organizar la labor de los jueces de primera instancia, a la que pertenecen los men­cionados.

Ayer, la noticia fue que la Cámara Federal de Casación dio por terminadas las su­brogaciones en los puestos originales de Bruglia, Ber­tuzzi y Castillo, es decir que los sillones de los juzgados de donde salieron están li­bres para volver. Hasta el cierre de esta edición no había novedades sobre el comportamiento de los ma­gistrados. 

Queda una instancia que es la Corte Suprema, a la que recurrieron los tres des­plazados, pero es difícil que los “supremos” resuelvan rápido, lo que significa que la Sala 1 quedará despejada y será completada con otros jueces subrogantes confor­me al organigrama.

Esta situación, si se con­creta, abre otro panorama para Soto Dávila, quien está a punto de ir a juicio como presunto jefe de una orga­nización criminal. La inves­tigación de la causa la desa­rrolló el titular de la Fiscalía Nacional en lo Criminal y Correccional Federal de la Ciudad de Buenos Aires Nº 4, Carlos Stornelli, junto con el fiscal titular de la Procura­ción de la Narcocriminalidad (Procunar), Diego Iglesias. Ambos pidieron -al Juzgado Federal Nº 12- la elevación a juicio, pero la abogada Ma­riana Barbitta (que represen­ta a Soto Dávila) recurrió a la Cámara para cuestionar al fiscal instructor.

“No vamos a ir a juicio en una causa instruida por el fiscal Stornelli, procesado por espionaje ilegal, extor­sión y armado de causas”, sentenció Barbitta y advirtió que “con este escenario no hay garantías en la defensa; esta causa no puede avanzar hacia un debate porque quienes investigaron es­tán sospechados y denun­ciados de fraguar declara­ciones para extorsionar”.

La Sala donde estaban Bruglia y Bertuzzi tiene que resolver este planteo. Así de insólitas son las de­rivaciones en un sistema contaminado por la polí­tica. s