La solidaridad a los empujones

Esta semana el oficialismo en la Cámara de Di­putados de la Nación intentará avanzar con el despacho de comisión para el proyecto de ley de Aporte de las Grandes Fortunas, uno de los asuntos que divide aguas puertas adentro del Congreso, pero sobre todo en la sociedad. La iniciati­va, impulsada por el Gobierno del FdT, propone que las personas con un patrimonio superior a $200 mi­llones hagan una contribución por única vez al Estado. La idea es recaudar $300.000 millones para paliar las consecuencias de la pandemia de coronavirus en sec­tores vulnerables. Lo definen como una contribución “solidaria”, pero tendrá carácter obligatorio como los impuestos.

El contrasentido de la solida­ridad obligada carcome el argu­mento oficial y da pie a un inten­so debate que -seguramente- su­birá de volumen en el recinto. La discusión no se centra tanto en el porcentaje del aporte, mucho menos en el destino que se pre­tende dar a lo recaudado, pues se trata de un objetivo loable; la controversia estriba en el carácter confiscatorio que tiene el proyec­to. 

Subyace una discusión de corte ideológico por las facultades del Estado, sus respon­sabilidades y obligaciones; y el presunto derecho que confiere una determinada coyuntura de emergencia para disponer de lo ajeno. La interpelación sobre dere­chos y obligaciones también comprende a los ciudada­nos, tengan riqueza o no.

El debate es interesante, debería motivar un inter­cambio superador de la mediocridad que habitual­mente domina el escenario legislativo; sin embargo, lo más probable es que la tiranía de las mayorías definan el destino de una propuesta que en esencia no es mala, persigue una buena intención, pero que deriva de un ejercicio abusivo de la autoridad fiscal.

Además se convierte en un mal ejemplo que puede ser imitado por otras jurisdicciones (provincias, muni­cipios) y eso es un problema más grave. 

En las últimas horas surgió la primera imitación, el intendente de Laprida, un pueblo de la provincia de Buenos Aires, anunció que dará un bono (de $12 mil) a los trabajadores municipales y un plus (de $5 mil) a los trabajadores esenciales, y financiará esa asistencia con una nueva tasa -solidaria y por única vez- que le cobrará a los dueños de campos de más de 400 hec­táreas. También a las grandes empresas de capitales foráneos, bancos, compañías eléctricas, proveedoras de gas, televisión por cable y telefonía. 

No afectará al comercio ni a la industria local, salvo a los productores rurales; pagarán algo así como $35 por hectárea. El intendente se llama Pablo Torres, es del Frente de Todos, y señaló que el nuevo gravamen equivale a un “alfajor Jorgito simple”.

Los productores se sorprendie­ron por la medida, que no fue con­sensuada y ni siquiera informada. 

Frente a las críticas, el inten­dente Torres salió a aclarar que él mismo hace un aporte voluntario de su salario, recordó que cuando asumió en el cargo se autoimpuso una rebaja del 30% en los haberes. “Devuelvo al Municipio $100.000 por mes, es decir que a lo largo del año entregaré más de $1.200.000, y nunca lo anuncié, no puse un cartelito en Facebook, no hice una nota de prensa”, señaló. Y completó su ar­gumentación, reafirmando que “el problema es ideo­lógico, el dinero de la tasa para el bono es mínimo, y más mínimo aún si se lo compara con el aporte anual que hace el intendente”.

Primera consideración: si el 30% del salario del intendente es $100.000, quiere decir que le quedan $200.000 para vivir bastante holgado. Son varios “Jor­gitos”. Segunda consideración: el kirchnerista Torres supone que su muy buena remuneración, que sale de los impuestos que pagan los contribuyentes, es paran­gonable con el patrimonio privado. 

Ese es, justamente, el eje del debate: de quiénes son las cosas y quienes tiene derecho a ellas. Claramente es un problema ideológico. s