Denuncian penalmente a un funcionario por adulteración de documento público
Un funcionario que se habría hecho pasar por representantes del fiscal de estado, fue denunciado penalmente porque habría usado un poder antedatado para desalojar a un anciano de un terreno que ocupa hace 50 años. El terreno es parte de un plan de urbanización municipal cuestionado por la oposición en Goya.
Todo se desencadenó por el proyecto de urbanización que impulsa la Municipalidad de Goya, y que abarca un pleito judicial contra un anciano jubilado de 75 años, quien vive en el lugar de la zona norte de Goya en un lote desde hace 50 años.
En la causa se presentó sujeto que dijo actuar como representante del Fiscal de Estado de apellido Fratini, contra el jubilado de escasos recursos económicos, con la intención de sacarle su propiedad, pero el abogado del que lo defiende Correa Dalesandro, detectó que el poder presentado ante la justicia, estaría adulterado, por lo que todo devino en una denuncia penal contra el funcionario.
Según dice el instrumento público de la denuncia, la misma "se formula por la comisión de los delitos de adulteración de documento público, artículo 292 del Código Penal, utilización de documento público adulterado y o los que pudieran surgir de la investigación, teniendo en consideración que estamos hablando de un instrumento público, en el que se afecta la fe Pública, que es el bien jurídicamente protegido por la figura y estando acreditado también que el instrumento objeto de adulteración es un instrumento público conforme a las previsiones del Antiguo artículo 979 del código civil hoy artículo 208 89 inciso B del Código Civil y Comercial concretamente no sólo por emanar de un funcionario público sino también por su efecto por la fe que contiene intrínsecamente el instrumento y por los efectos ergaomnes en relación a la fe que hace su contenido".
Lo que se argumenta es que el funcionario "no habría tenido poder para actuar en la causa días previos al inicio del litigio, por lo que se habría adulterado la fecha del poder para justificar su participación en la misma, la que se verá condicionada de continuar en caso de constatar el delito".