Jueces se declararon incompetentes para juzgar a un ex magistrado federal

El Tribunal Oral Federal Nº 5 (TOF 5) de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires se declaró incompetente para juzgar al ex juez federal Carlos Vicente Soto Dávila, a sus dos secretarios pena­les, Pablo Molina y Federico Grau, acusados de haber re­cibido dádivas por parte de imputados.

El expediente llegó a la ins­tancia de sorteo para que se designen los jueces que lle­varán adelante el debate. El viernes pasado, el azar quiso que sea la terna integrada por los magistrados Adria­na Palliotti, Daniel Obligado y Adrián Grunberg quienes realicen el juzgamiento, con la representación del Minis­terio Público Fiscal a cargo de Diego Velasco.

Pero el 23 de septiembre éstos se declararon incompe­tentes y decidieron remitir el caso al Tribunal Oral Federal Nº 3 que actualmente juzga a los acusados de narcotráfico que supuestamente pagaron coimas en el marco de en la causa madre denominada “Operativo Sapucay” y que lleva el número 3.002/2017. 

Esto es porque los del TOF 5 sostienen que la investiga­ción por tráfico de estupefa­cientes había originado las averiguaciones por el cobro de dádivas. 

Esta situación paralizó el avance de la causa hacia el debate porque el Tribunal Oral Federal Nº 3 debería aceptar la competencia. Pero, además, se deberían con­testar los cuestionamientos de los abogados defensores, quienes se oponen a que los jueces sorteados se despren­dan del expediente.

La abogada Mariana Bar­bitta, defensora particular de Soto Dávila, adelantó a NOR­TE de Corrientes que “se presentará un recurso de ca­sación por la incompetencia decidida por el TOF 5 hacia el TOF 3, porque hay temor de parcialidad de parte de este último y además porque los jueces de ese tribunal po­drían estar ‘contaminados’ por la causa Operativo Sapu­cay“. 

La situación dilataría así el inicio del debate oral y público donde se ventilarán los hechos contenidos en el expediente que lleva el nú­mero 9.886/2018, en el que además de Soto Dávila, Mo­lina y Grau, está imputado un grupo de abogados y par­ticulares de Corrientes acu­sados de ser “miembros” de esa organización, dedicada a realizar diferentes delitos en violación de sus funciones con el fin de beneficiar a per­sonas investigadas por nar­cotráfico a cambio de pagos de dinero a los funcionarios judiciales.

Además de éstos, sumaron a esta causa como acusa­dos a Federico Sebastián Marín y Carlos Bareiro, supuestos líderes narco itateños, y a Pablo Torres, un colaborador del último.

Los tres están encausa­dos por hechos de narco­tráfico. En el caso de Ma­rín, tiene acusaciones en la Ciudad Autónoma, Corrien­tes, Tucumán y la provincia de Buenos Aires. En tanto, Bareiro y Torres son juzgados por la causa del Operativo Sapucay.

Según la acusación del fiscal Carlos Stornelli -ac­tualmente procesado por ex­torsión y espionaje ilegal- y la Procuración de la Narco­criminalidad, la asociación ilícita benefició a narcotra­ficantes de Itatí -en su ma­yoría integrantes del grupo criminal descubierto en la causa anterior- a cambio del pago de coimas. De acuer­do a la investigación, el ex magistrado y sus secretarios disponían detenciones en in­vestigaciones de narcotráfico para luego negociar con los responsables de esas manio­bras a cambio de dinero, que era percibido y entregado a través de los abogados, para luego dejar sin efecto esas detenciones u ordenar ex­carcelaciones, contrariando flagrantemente lo ordenado previamente en el mismo ex­pediente.

El auto de elevación a jui­cio indica que “los imputa­dos coordinaron sus accio­nes para que en las causas o asuntos sometidos a la competencia del Juzgado Federal Nº 1 de Corrientes, por entonces a cargo de Soto Dávila, y Secretarías Nº 2, conducida por Molina, y Nº 6, por Grau, fueran dictadas resoluciones o se omitieran o demoren las que debían adoptarse con la finalidad de beneficiar a las perso­nas sospechadas de haber intervenido en actividades de narcotráfico, a cambio de la percepción de dádivas con la intermediación de los abogados”.