Dos cadáveres y un debate estéril

Los debates en la Argentina siempre están condicionados por un sesgo ideológico y no estaría mal si ese intercambio ayudase, alguna vez, a edificar una solución efectiva y perdurable a los problemas. Pero, el punto es que se vuelven estériles -tiempo malgastado- porque la discusión encadenada a preceptos dogmáticos que carecen de amplitud (y cierta cuota de tolerancia) impiden abordar los temas con un objetivo de superación. Entonces los debates se vuelven viejos y la sociedad en lugar de avanzar, va siempre atrás (muy rezagada) respecto de los hechos.

Es evidente que la dinámica, y la calidad, de la puja de la clase política argentina atrasa. Por eso es tan primitiva la construcción de la organización colectiva.

En materia de seguridad esa falencia se vuelve exasperante y el caso paradigmático es lo que sucedió con Juan Roldán, efectivo de la Policía Federal que murió luego de recibir un par de puñaladas por parte un sujeto enajenado en la vía pública, en el barrio porteño de Palermo. El atacante también falleció como consecuencia de los dos disparos que el uniformado le propinó una vez herido.

Un episodio tan insólito como cruento, con un desenlace luctuoso, que se podría haber evitado si las Fuerzas de Seguridad estuvieran armadas y preparadas adecuadamente.

Ayer, con dos cadáveres en escena, dirigentes del oficialismo y la oposición reavivaron una polémica sobre la posibilidad de que los uniformados puedan utilizar pistolas eléctricas. Discusión vieja, que la mayoría de los países del mundo civilizado ya han resuelto sin tanto jaleo inútil. En verdad la política argentina atrasa.

Veamos: en 1990, hace tres décadas, a través de un documento titulado “Principios Básicos sobre el Empleo de la Fuerza y de Armas de Fuego por parte de los funcionarios encargados de hacer cumplir la Ley”, la Organización de las Naciones Unidas (ONU) estableció que los gobiernos debían dotar a los policías de armas y municiones que permitan hacer un uso diferenciado de la fuerza y sugerían “incorporar armas incapacitantes, pero no letales”, con el objetivo de restringir “las lesiones y muertes”.

Hay variedad de equipamiento, pero las más comunes son unas pistolas que lanzan una suerte de dardos, atados a un cable, que al impactar en el cuerpo generan una descarga eléctrica que inmoviliza. Una de las marcas más conocidas se llama Taser.

Argentina estuvo a punto de incorporar este equipamiento para la Policía Federal durante la gestión de Macri, pero con la vuelta del kirchnerismo el proyecto se cerró.

Si el policía Roldán tenía una pistola eléctrica, en lugar de una 9 milímetros que dispara proyectiles de plomo, el atacante (de apellido Rozas) habría sido reducido mucho antes de que lanzara el faconazo letal y se habrían salvado dos vidas.

Es extraño, la discusión de corte ideológico, que se vuelve una discusión estúpida, impide que las Fuerzas de Seguridad utilicen estas armas porque las consideran “salvajes”. Por eso siguen utilizando pistolas convencionales, que según parece son mucho más “humanas”.

En 2010 se intentó incorporar las Taser en la Ciudad de Buenos Aires, pero los organismos de Derechos Humanos fueron a la Justicia argumentando que eran un “instrumento de tortura”. Llamativamente no plantearon que la Policía debía dejar de utilizar armas de fuego que disparan proyectiles letales. Es decir, no se oponen a las balas de plomo, pero sí a un mecanismo electrónico que inmoviliza a un atacante. En mayo de 2019, el Ministerio de Seguridad de la Nación (gestión Bullrich) autorizó el uso de las armas electrónicas y compró una partida de 400 pistolas; en diciembre la nueva ministra, Sabina Frederic, derogó la resolución. El debate sigue y el tiempo pasa.s