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POLÉMICO FALLO DE LA JUSTICIA FEDERAL

Absolvieron a un trío de mujeres acusadas de explotación sexual

El Tribunal Oral consideró que la causa prescribió por el paso del tiempo. La investigación se inició en 2008 por la denuncia de una víctima. 

El Tribunal Oral Federal de Corrientes absolvió a tres mujeres que habían sido acusadas de haber explota­do sexualmente a un grupo de mujeres en un prostíbulo de Mercedes, entre las cua­les se encontraba una chica de 20 años que se hallaba en extremas circunstancias de vulnerabilidad y que, ade­más, era discapacitada.

Los jueces Fermín Cerole­ni, Víctor Alonso y Lucrecia Rojas resolvieron sobreseer a las acusadas porque había pasado mucho tiempo des­de el momento en que fue­ron denunciadas hasta que la causa llegó a juicio.

La resolución de los ma­gistrados fue dada a cono­cer el pasado 8 de octubre al culminar la audiencia que había sido convocada para enjuiciar a las acusadas de regentear el prostíbulo “Tango” ubicado a las afue­ras de la ciudad de Merce­des. Los magistrados resol­vieron “declarar la prescrip­ción de la acción penal en la causa y en consecuencia so­breseer a las imputadas por extinción de la acción penal convirtiendo en definitivas las libertades oportuna­mente concedidas, debien­do levantarse las medidas cautelares que se hubieren dispuesto“.

Para los jueces desde que se abrió el expediente, la investigación estuvo para­lizada algunos años pero, además, atendieron un planteo del defensor oficial Enzo Di Tella, quien expuso que habría existido irregu­laridades en la etapa de ins­trucción de la causa.

En respuesta a esto, el Ministerio Público Fiscal se opuso al pedido de sobre­seimiento al hacer notar que, si bien pasó el tiempo, siempre hubo actividad in­vestigativa. “El devenir del proceso fue engorroso, lo que tiene que ver con se­rias irregularidades en el proceso, y sobre todo en el Juzgado Federal como lo viene planteando”, sostuvo el fiscal Carlos Schaefer, ar­gumentos que fueron des­atendidos.

Este fallo absolutorio to­davía no está firme y podría ser apelado ante la Cámara de Apelaciones y la Cáma­ra de Casación Penal de la Nación