Falta de comunicación entre jueces generó graves altercados
Dos jueces mandaron a incautar la misma droga, en causas distintas.
El ex jefe de la Región VIII de la Policía Federal, Juan Antonio Moliner, declaró en el marco de la causa del Operativo Sapucay y en su declaración sostuvo: “Yo le avisé al juez (Juan Carlos) Vallejos que estas circunstancias nos iban a traer problemas. Jamás he visto que se desinterdicte un camión sin revisarlo antes. Pero él ordenó que lo entreguemos de nuevo al camionero. Después, por ese hecho, nos pasaron a disponibilidad”.
El hecho que relató Moliner es resultado de la falta de comunicación entre los jueces y de falta de apego a los procedimientos administrativos por parte de los funcionarios judiciales. En el caso, dos jueces federales, cada uno por su lado, mandaron a numerarios de distintas fuerzas a seguir un camión que transportaba marihuana. La incomunicación entre ambos casi genera un tiroteo y trajo como consecuencia imputaciones a un comisario.
Es por eso que Moliner fue convocado a declarar. El efectivo de la fuerza de seguridad tramita su retiro luego de 32 años de servicio. Dejará la institución con el rango de comisario inspector.
El miércoles pasado asistió como testigo en el juicio que se lleva adelante en el marco de la causa Sapucay en la que se investigó el tráfico de marihuana desde Corrientes a, presuntamente, siete provincias argentinas y la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
Habló de un episodio en el que intervino como superior de Rubén Ferreyra, quien en 2017, cuando se hizo la investigación, tenía el cargo de comisario de la PFA, segundo jefe de la Delegación Corrientes.
El ex juez federal Sergio Torres, ex titular del Juzgado Federal 12 de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, y los funcionarios de la Procuración de la Narcocriminalidad acusaron a Ferreyra de supuestamente haberse “robado” un camión cargado con marihuana que era seguido por la Gendarmería Nacional.
En el juicio cuatro efectivos policiales aclararon que la situación fue un hecho generado porque un magistrado evitó comunicar su extensión de jurisdicción. Tras las declaraciones, como prueba del mal entendido fue expuesta la documentación elaborada en esa oportunidad.
El hecho ocurrió el 18 de marzo de 2016 entre la localidad de San Carlos y el Paraje San Alonso, cercano a Virasoro. Ese camión circulaba desde Misiones y supuestamente tenía como destino la provincia de Buenos Aires.
El juez Federico Villena, titular del Juzgado Federal de Lomas de Zamora, había ordenado a efectivos de la Gendarmería Nacional seguir un camión que iba a partir desde Posadas con un cargamento de marihuana. El objetivo era descubrir dónde se iba a descargar la droga para así allanar el lugar y detener a los responsables. Pero, el magistrado bonaerense “olvidó” realizar el trámite establecido en el artículo 32 de la ley de drogas, esto es, comunicar que se realizaría una operación en territorio a cargo del Juzgado Federal 1 de Corrientes, que era subrogado por el juez Juan Carlos Vallejos.
Mientras el vehículo de carga circulaba camino a Buenos Aires, un llamado anónimo a la Delegación Corrientes de la PFA alertó sobre el tráfico de ese cargamento de drogas, según expuso en el debate Walter Zanek, quien en ese entonces era jefe de esa Unidad.
Lo que hizo este oficial es comunicarle la situación a su superior, el jefe de la Región VIII. “Zanek me pidió autorización para interceptar un camión y por ello hablé con mi superior y lo autorizan”, declaró Moliner.
El mismo oficial informó de la situación al secretario penal del Juzgado en turno, Federico Grau, quien a su vez puso en conocimiento del hecho al magistrado a cargo, Vallejos. Este último luego se puso al tanto de la situación y autorizó la incursión de los policías.
ENFRENTAMIENTO
Para interceptar el vehículo se designó una comisión con efectivos de la Brigada de Investigaciones y se puso al frente de ese grupo a Rubén Ferreyra. Este comisario partió con otros efectivos con rumbo a la ciudad de Virasoro con el fin de interceptar la carga en el cruce de las rutas nacionales 120 y14, al norte de la provincia de Corrientes casi en el límite con Misiones.
Para interceptar el vehículo se designó una comisión con efectivos de la Brigada de Investigaciones y se puso al frente de ese grupo a Rubén Ferreyra. Este comisario partió con otros efectivos con rumbo a la ciudad de Virasoro con el fin de interceptar la carga en el cruce de las rutas nacionales 120 y14, al norte de la provincia de Corrientes casi en el límite con Misiones.
Según la declaración de los efectivos, la comitiva aguardó toda la noche hasta que cerca de mediodía el vehículo apareció y se lo interceptó. El conductor del camión viajaba junto a su pareja y a un niño, hijo de ambos. Se le informó que quedaba detenido porque estaba sospechado de transportar estupefacientes, pero que debía trasladar el camión hasta Corrientes.
En esas circunstancias “llegó una Peugeot Partner y un vehículo Sandero que acompañaban el rodado, pero no pararon, sino que se fueron, pero regresaron después”, declaró el sumariante Hernán Barrios, quien participó del procedimiento. De los rodados descendieron varios hombres sin uniforme y “en pleno procedimiento en curso reclamaron el camión porque había un seguimiento controlado ordenado desde Buenos Aires, pero no tenían oficio”.
En estas circunstancias se produjo un fuerte intercambio de palabras y el clima se volvió tenso. Los numerarios de ambas fuerzas temían que pudiera tratarse de un ardid de los narcos para llevarse la carga.
“El camionero no quería saber nada de manejar, por eso Ferreyra se subió al camión y lo manejó para llevarlo a Corrientes”, explicó Barrios.
En el trayecto fue la contraorden. Es que los gendarmes se habían comunicado con el juez Villena para informarle la situación y éste, a su vez, llamó por teléfono al juez Vallejos.
El magistrado correntino ordenó a los efectivos de la Policía Federal que entreguen el camión a la Gendarmería. “Le dije al juez que nunca vi que un camión interdictado sea devuelto sin revisarlo. Le advertí que era algo anómalo. Esta situación nos trajo problemas a todos nosotros en la fuerza porque nos pasaron a disponibilidad”, dijo Moliner en su declaración.
El vehículo no llegó a Buenos Aires. Fue revisado en el Escuadrón 7 de Paso de los Libres y se incautaron 2.300 kilogramos de marihuana.
Finalmente el expediente por el que se hizo el seguimiento fue enviado a Posadas. Tanto Juan Carlos Vallejos como Federico Villena se declararon incompetentes y pusieron la causa en manos de la magistrada Verónica Skanatta.
Este año la causa debe ser elevada a juicio. Este expediente fue requerido por el tribunal que juzga la Causa Sapucay. s
Cuarto intermedio
Luego de la declaración de los efectivos de la Policía Federal, el Tribunal Oral Federal 3 de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires dispuso un cuarto intermedio hasta el miércoles 21 a la hora 14. En el juicio hay 12 acusados de intervenir en actividades de narcotráfico, entre ellos Carlos Bareiro, sindicado como un supuesto líder narco que traficaba estupefacientes desde Itatí a siete provincias.
La primera desavenencia
El altercado ocurrido en 2016 entre federales y gendarmes no fue el único generado por la falta de comunicación entre jueces. Según declaró Juan Antonio Moliner, tres años antes, en abril de 2013, hubo un problema similar en el marco de la interceptación de un camión en la zona de Ituzaingó. “La Brigada de Investigaciones obtuvo información sobre un camión que cargaría marihuana en el Paraje Ombú Chico y se inició un sumario en el juzgado a cargo del doctor Juan Carlos Vallejos. Pero cuando se interceptó el camión -a la altura del kilómetro 1310, en jurisdicción del Paraje Tirante de la localidad correntina de Ituzaingó- apareció un grupo de Gendarmería con intenciones de quedarse con el camión”.
El jefe de esa operación de la PFA era Rubén Ferreyra, pero tuvo que ir hasta el lugar Juan Moliner para aclarar la situación con los gendarmes. Cuando se presentó, estos adujeron que tenían una orden de secuestro emitida desde el Juzgado Federal 1, cuyo titular era Carlos Soto Dávila. “Lo que dijimos es que esas cuestiones deberían dirimirlas entre los juzgados y como nosotros habíamos interdictado el camión, teníamos los testigos y los detenidos, el juez Vallejos sostuvo que bajo ningún motivo entregue el camión”.
El operativo fue el miércoles 24 de abril, en horas de la mañana. Se incautaron unos 5.000 kilos de marihuana en la localidad de Ituzaingó, cargamento que estaba en un camión que había salido de Posadas y tenía como destino la provincia de Buenos Aires. Se estimó que el valor de la mercadería era de unos 26 millones de pesos.
Tras el operativo se informó que el pesado cargamento estaba distribuido en 4.941 ladrillos.
Luego de recibir los informes y ordenar la detención del chofer, el juez Vallejos declaró su incompetencia y la investigación fue culminada en el Juzgado Federal 1, a cargo de Soto Dávila. Este último debió avanzar en la investigación para dar con los eslabones más altos de la cadena de distribución, pero tras un año de proceso judicial sólo el camionero fue mandado a juicio.s