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REVELACIONES DEL JUICIO DE LA CAUSA SAPUCAY

Falta de comunicación entre jueces generó graves altercados 

Dos jueces man­daron a incau­tar la misma droga, en cau­sas distintas.

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El ex jefe de la Región VIII de la Policía Federal, Juan Antonio Moliner, declaró en el marco de la causa del Ope­rativo Sapucay y en su decla­ración sostuvo: “Yo le avisé al juez (Juan Carlos) Vallejos que estas circunstancias nos iban a traer problemas. Ja­más he visto que se desinter­dicte un camión sin revisarlo antes. Pero él ordenó que lo entreguemos de nuevo al camionero. Después, por ese hecho, nos pasaron a dispo­nibilidad”.

El hecho que relató Moli­ner es resultado de la falta de comunicación entre los jue­ces y de falta de apego a los procedimientos administra­tivos por parte de los funcio­narios judiciales. En el caso, dos jueces federales, cada uno por su lado, mandaron a numerarios de distintas fuerzas a seguir un camión que transportaba marihua­na. La incomunicación entre ambos casi genera un tiroteo y trajo como consecuencia imputaciones a un comisa­rio. 

Es por eso que Moliner fue convocado a declarar. El efectivo de la fuerza de segu­ridad tramita su retiro luego de 32 años de servicio. Deja­rá la institución con el rango de comisario inspector.

El miércoles pasado asis­tió como testigo en el juicio que se lleva adelante en el marco de la causa Sapucay en la que se investigó el trá­fico de marihuana desde Co­rrientes a, presuntamente, siete provincias argentinas y la Ciudad Autónoma de Bue­nos Aires.

Habló de un episodio en el que intervino como superior de Rubén Ferreyra, quien en 2017, cuando se hizo la investigación, tenía el cargo de comisario de la PFA, se­gundo jefe de la Delegación Corrientes. 

El ex juez federal Sergio Torres, ex titular del Juzga­do Federal 12 de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, y los funcionarios de la Pro­curación de la Narcocrimi­nalidad acusaron a Ferreyra de supuestamente haberse “robado” un camión carga­do con marihuana que era seguido por la Gendarmería Nacional. 

En el juicio cuatro efecti­vos policiales aclararon que la situación fue un hecho generado porque un magis­trado evitó comunicar su extensión de jurisdicción. Tras las declaraciones, como prueba del mal entendido fue expuesta la documenta­ción elaborada en esa opor­tunidad. 

El hecho ocurrió el 18 de marzo de 2016 entre la loca­lidad de San Carlos y el Para­je San Alonso, cercano a Vi­rasoro. Ese camión circulaba desde Misiones y supuesta­mente tenía como destino la provincia de Buenos Aires.

El juez Federico Villena, titular del Juzgado Federal de Lomas de Zamora, ha­bía ordenado a efectivos de la Gendarmería Nacional seguir un camión que iba a partir desde Posadas con un cargamento de marihua­na. El objetivo era descubrir dónde se iba a descargar la droga para así allanar el lu­gar y detener a los respon­sables. Pero, el magistrado bonaerense “olvidó” realizar el trámite establecido en el artículo 32 de la ley de dro­gas, esto es, comunicar que se realizaría una operación en territorio a cargo del Juz­gado Federal 1 de Corrientes, que era subrogado por el juez Juan Carlos Vallejos.

Mientras el vehículo de carga circulaba camino a Buenos Aires, un llamado anónimo a la Delegación Corrientes de la PFA alertó sobre el tráfico de ese car­gamento de drogas, según expuso en el debate Walter Zanek, quien en ese enton­ces era jefe de esa Unidad. 

Lo que hizo este oficial es comunicarle la situación a su superior, el jefe de la Región VIII. “Zanek me pidió auto­rización para interceptar un camión y por ello hablé con mi superior y lo autorizan”, declaró Moliner.

El mismo oficial informó de la situación al secretario penal del Juzgado en turno, Federico Grau, quien a su vez puso en conocimiento del hecho al magistrado a cargo, Vallejos. Este último luego se puso al tanto de la situación y autorizó la incur­sión de los policías.

ENFRENTAMIENTO

Para interceptar el vehícu­lo se designó una comisión con efectivos de la Briga­da de Investigaciones y se puso al frente de ese grupo a Rubén Ferreyra. Este comi­sario partió con otros efecti­vos con rumbo a la ciudad de Virasoro con el fin de inter­ceptar la carga en el cruce de las rutas nacionales 120 y14, al norte de la provincia de Corrientes casi en el límite con Misiones.

Para interceptar el vehícu­lo se designó una comisión con efectivos de la Briga­da de Investigaciones y se puso al frente de ese grupo a Rubén Ferreyra. Este comi­sario partió con otros efecti­vos con rumbo a la ciudad de Virasoro con el fin de inter­ceptar la carga en el cruce de las rutas nacionales 120 y14, al norte de la provincia de Corrientes casi en el límite con Misiones.

Según la declaración de los efectivos, la comitiva aguardó toda la noche has­ta que cerca de mediodía el vehículo apareció y se lo interceptó. El conductor del camión viajaba junto a su pareja y a un niño, hijo de ambos. Se le informó que quedaba detenido porque estaba sospechado de trans­portar estupefacientes, pero que debía trasladar el ca­mión hasta Corrientes.

En esas circunstancias “llegó una Peugeot Partner y un vehículo Sandero que acompañaban el rodado, pero no pararon, sino que se fueron, pero regresaron después”, declaró el suma­riante Hernán Barrios, quien participó del procedimiento. De los rodados descendie­ron varios hombres sin uni­forme y “en pleno procedi­miento en curso reclamaron el camión porque había un seguimiento controlado or­denado desde Buenos Aires, pero no tenían oficio”.

En estas circunstancias se produjo un fuerte intercam­bio de palabras y el clima se volvió tenso. Los nume­rarios de ambas fuerzas te­mían que pudiera tratarse de un ardid de los narcos para llevarse la carga.

“El camionero no quería saber nada de manejar, por eso Ferreyra se subió al ca­mión y lo manejó para lle­varlo a Corrientes”, explicó Barrios.

En el trayecto fue la con­traorden. Es que los gendar­mes se habían comunicado con el juez Villena para in­formarle la situación y éste, a su vez, llamó por teléfono al juez Vallejos.

El magistrado correntino ordenó a los efectivos de la Policía Federal que entre­guen el camión a la Gendar­mería. “Le dije al juez que nunca vi que un camión in­terdictado sea devuelto sin revisarlo. Le advertí que era algo anómalo. Esta situación nos trajo problemas a todos nosotros en la fuerza porque nos pasaron a disponibili­dad”, dijo Moliner en su de­claración.

El vehículo no llegó a Bue­nos Aires. Fue revisado en el Escuadrón 7 de Paso de los Libres y se incautaron 2.300 kilogramos de marihuana. 

Finalmente el expediente por el que se hizo el segui­miento fue enviado a Posa­das. Tanto Juan Carlos Valle­jos como Federico Villena se declararon incompetentes y pusieron la causa en manos de la magistrada Verónica Skanatta.

Este año la causa debe ser elevada a juicio. Este expe­diente fue requerido por el tribunal que juzga la Causa Sapucay. s

Cuarto intermedio

Luego de la declaración de los efectivos de la Policía Federal, el Tribunal Oral Federal 3 de la Ciudad Autóno­ma de Buenos Aires dispuso un cuarto intermedio hasta el miércoles 21 a la hora 14. En el juicio hay 12 acusados de intervenir en actividades de narcotráfico, entre ellos Carlos Bareiro, sindicado como un supuesto líder narco que traficaba estupefacientes desde Itatí a siete provin­cias.

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La primera desavenencia

El altercado ocurrido en 2016 entre federales y gendarmes no fue el úni­co generado por la falta de comunicación entre jueces. Según declaró Juan Anto­nio Moliner, tres años an­tes, en abril de 2013, hubo un problema similar en el marco de la interceptación de un camión en la zona de Ituzaingó. “La Brigada de Investigaciones obtu­vo información sobre un camión que cargaría mari­huana en el Paraje Ombú Chico y se inició un suma­rio en el juzgado a cargo del doctor Juan Carlos Vallejos. Pero cuando se interceptó el camión -a la altura del kilómetro 1310, en juris­dicción del Paraje Tirante de la localidad correntina de Ituzaingó- apareció un grupo de Gendarmería con intenciones de quedarse con el camión”.

El jefe de esa operación de la PFA era Rubén Ferre­yra, pero tuvo que ir hasta el lugar Juan Moliner para aclarar la situación con los gendarmes. Cuando se presentó, estos adujeron que tenían una orden de secuestro emitida desde el Juzgado Federal 1, cuyo titular era Carlos Soto Dá­vila. “Lo que dijimos es que esas cuestiones debe­rían dirimirlas entre los juzgados y como nosotros habíamos interdictado el camión, teníamos los testi­gos y los detenidos, el juez Vallejos sostuvo que bajo ningún motivo entregue el camión”.

El operativo fue el miér­coles 24 de abril, en horas de la mañana. Se incau­taron unos 5.000 kilos de marihuana en la localidad de Ituzaingó, cargamento que estaba en un camión que había salido de Posa­das y tenía como destino la provincia de Buenos Aires. Se estimó que el valor de la mercadería era de unos 26 millones de pesos.

Tras el operativo se in­formó que el pesado carga­mento estaba distribuido en 4.941 ladrillos.

Luego de recibir los in­formes y ordenar la deten­ción del chofer, el juez Va­llejos declaró su incompe­tencia y la investigación fue culminada en el Juzgado Federal 1, a cargo de Soto Dávila. Este último debió avanzar en la investigación para dar con los eslabones más altos de la cadena de distribución, pero tras un año de proceso judicial sólo el camionero fue mandado a juicio.s