Vocación por la impunidad

Entre los varios déficit estructurales graves que padece la Argentina y que son parte del manojo de cabos que tienen anclada a la Nación en las profundidades de la postración está la Justicia, o mejor dicho la ausencia de voluntad por lograr la su­premacía de la ley con el objetivo de articular -y garan­tizar- un verdadero estado de derecho. La política ha contaminado ese principio, esencial en una República, subordinando el Poder Judicial y los organismos que son complementarios a los intereses sectoriales y co­yunturales. Consecuencia: la democracia camina renga sin la verdad. Y el valor supremo de la verdad real solo es posible con justicia.

En esta columna, en diferentes oportunidades se ha puesto de manifiesto el perjuicio que aca­rrea la anulación de la institución Justicia o en su defecto el control de su funcionamiento que en los hechos supone el mismo resulta­do. 

El éxito de esta misión repeti­da con insistencia consolida la impunidad. Ningún país con pre­tensión de superación puede pro­yectarse sin servicio de justicia, o peor aún sin pretensión de lograr el imperio de la ley.

Buena parte de los avatares que vive la Argentina por estos días se explican en el tema que tensiona la Cor­te Suprema de Justicia, dedicada a tratar de resolver el planteo formulado por tres jueces que en su momento escalaron de cargo vía decreto del entonces presiden­te Mauricio Macri y ahora fueron descendidos por el mismo conducto. Son tres magistrados que se cruzan en el sendero judicial que está obligada a transitar la ex presidenta y actual vicepresidenta, Cristina Fernández de Kirchner.

Los cinco miembros de la Corte no consiguen poner­se de acuerdo sobre qué hacer, entre otras cosas porque hay una acordada de ese mismo cuerpo que dos años atrás le dio la razón a los traslados que dispuso Macri. Pero el intríngulis jurídico es complejo y para colmo tiene un vicio de fondo, los propios errores que inscri­ben los “supremos”.

Si la Corte fallara siempre con coherencia y no según cómo soplan los vientos políticos, el dilema que hoy carcome la tranquilidad del máximo órgano judicial del país no existiría. No habría traslados que corregir o ratificar.

Es el mejor ejemplo de cómo las instituciones inde­pendientes, y en particular aquellas que están encarga­das de hacer cumplir la ley, terminan maniatadas por la política.

Ayer además se supo que la Oficina Anticorrupción dejará de ser querellante en todas las causas penales contra ex fun­cionarios, es decir contra los kir­chneristas.

El titular de la Oficina Antico­rrupción, Félix Crous, justificó la decisión con una excusa risible: falta de personal. Insólito. El orga­nismo creado por la Constitución para investigar, denunciar y llevar adelante la querella contra los fun­cionarios que se aprovechan del Estado dejará de cumplir la misión que le da sentido a su existencia.

¿A qué se dedicará entonces Crous y su escasa plantilla de personal? Pregunta in­cómoda, que podría tener muchas respuestas. Por lo pronto no se ocupará de litigar contra los corruptos, un verdadero contrasentido que redunda en la sospecha de que la clase política no tiene vocación de poner en valor la Justicia como bien supremo de la Democracia.

Crous, un ex fiscal de “Justicia Legítima”, el brazo tribunalicio del kirchnerismo, ya había anunciado en mayo pasado que la Oficina Anticorrupción abando­naba la querella en el juicio unificado por las causas de Hotesur y Los Sauces, todavía sin fecha, que tiene como imputados a Cristina Kirchner, sus dos hijos, y los empresarios Lázaro Báez y Cristóbal López.

Esto no significa la caída de las causas, pero es el reflejo de un Estado que pareciera inclinarse por la impunidad.s