Una herencia que derivó en una usurpación K

La Justicia entrerriana re­solvió no hacer lugar al pedi­do de desalojo en un predio en disputa en el marco de un juicio sucesorio entre los hermanos Etchevehere (son cuatro) y propuso a las partes “pensar una solución pacífi­ca y armónica”, según el fallo que se conoció ayer en me­dio de un clima de tensión por la ocupación de campos por parte de organizaciones vinculadas al kirchnerismo, en una zona de alto valor en la provincia de Entre Ríos. Las tierras pertenecen a los Etchevehere, una familia muy conocida en el ámbito ruralista y sobre todo porque uno de sus integrantes, Luis Etchevehere, fue ministro de Agricultura durante el go­bierno de Mauricio Macri.

El litigio entre los here­deros, un asunto que es del ámbito privado, salió a luz pública hace un par de años por las denuncias de Dolores Etchevehere contra su her­mano político y el resto de su familia, aun así no había mo­tivos para ventilar en los me­dios una disputa doméstica, sin embargo, en las últimas horas la situación adquirió otro cariz porque la mujer le dio pase a las organizaciones campesinas (sin tierra) para llevar adelante un proyec­to agrario y entró en escena el hiperkirchnerista Juan Grabois.

Los campos fueron inva­didos por gente extraña y trascartón llegaron Victoria Donda y el Inadi, y lo que era una puja privada se convirtió en un asunto público por­que hay contradenuncias de usurpación de tierras. La Ru­ral y otras entidades produc­tivas salieron a manifestar su preocupación por la invasión de campos.

El punto es que ayer el juez subrogante de la ciudad de La Paz, Raúl Flores, deses­timó el pedido de desalojo, remarcó que el ingreso al predio fue “pacífico y sin violencia” y que la denuncia contraria no indicó ni probó “un hecho violento más que el número de personas” pre­sentes. Según el magistrado, Dolores Etchevehere “probó en la audiencia que fue de­clarada también heredera”.

El litigio se circunscribe a la propiedad del predio Casa Nueva, ubicado sobre la Ruta Provincial 48, en el acceso a la localidad de Santa Elena, en el noroeste entrerriano. Dolores Etchevehere disputa la herencia con su familia y apunta especialmente contra el ex ministro de Agroindus­tria del gobierno de Cam­biemos, Luis Etchevehere, quien ya anticipó que apela­rá el fallo de Flores.

Dolores Etchevehere bus­ca ceder parte de ese predio para el desarrollo de una ini­ciativa denominada Proyecto Artigas, que lleva adelante un modelo agrario sostenible llevado a cabo por un grupo de campesinos sin tierra, ac­tivistas y organizaciones am­bientales en esa provincia. Según los fiscales Oscar So­bko y María Constanza Bessa, el pasado 15 de octubre a las 11, Dolores y un grupo de 40 personas ingresaron a “Casa Nueva” y exigieron la entrega de las llaves del predio que, ante la negativa, tomaron y se instalaron en el lugar. Allí realizaron trabajos en la tie­rra y les comunicaron a los empleados del lugar donde no podían dirigirse ni tran­sitar, impidiendo “el normal trabajo e intimidándolos”.

En declaraciones a la prensa tras enterarse de las novedades judiciales, Luis Etchevehere señaló: “El juez dice que al no tener el cono­cimiento técnico en derecho penal, en vez de dictar el des­alojo del lugar, recomienda a los hermanos que tengamos una reunión y nos reconci­liemos. No tuvo en cuenta la gravedad de este tema, no evaluó profundamente las pruebas presentadas. Él mismo admite que no hay un conocimiento del dere­cho penal. Está tomando una decisión con dudas, pero los que no tienen dudas son los fiscales”.

Respecto al planteo de Flores de que haya un diálo­go entre los miembros de la familia, el ex ministro lo des­cartó: “El diálogo ocurrió en 2018: llegamos a un acuerdo judicial, firmado, avalado por ella. Ya está terminada esa etapa. Hay un grupo de delincuentes liderados por Grabois que están adentro de un campo con la compli­cidad de una persona que es pariente nuestro. Están usur­pando un bien”, indicó.s

Hermanos

Luis Félix Etcheve­here, el dueño de los campos en el norte de Entre Ríos (cerca de Corrientes), falleció hace once años. Sus cuatro hijos Dolores, Sebastián, Juan Diego y Luis Miguel libran una disputa por la propie­dad; los tres varones dicen que la hermana consintió la cesión de derechos. Pero el trá­mite sucesorio no está terminado. Dolores, que acaba de transfe­rir a una organización K lo que dice que es suyo, denunció a sus hermanos por violen­cia económica y ex­torsión. Tiene que de­clarar el lunes ante el fiscal federal Federico Delgado. Según la mu­jer, fraguaron su firma. Lo llamativo es que la discusión familiar de­rivó ahora en un delito penal, la usurpación de campos por parte de la organización K vincu­lada a Juan Grabois.s