Usurpación, un delito en escalada

El campo de la familia Etchevehere en Entre Ríos volvió a manos de quienes corresponde, el pre­dio de Guernica en la provincia de Buenos Aires también quedó libre de intrusos para retomar su destino original, en ambos lugares tuvo que interve­nir la Policía con orden judicial. Resolución más rápida en el primero y también menos traumática; un trámite extenso y tortuoso en el segundo de los casos; pero am­bos episodios ligados a un mismo problema: la anomia oficial que consciente con el discurso o el silencio, se­gún el caso, la toma de tierras, los conflictos sociales y el delito. La propiedad privada, un derecho liminar en una sociedad organizada, está en riesgo. Se vislumbra un horizonte inquietante si el país sigue por este camino. 

El gobierno del presidente Al­berto Fernández no hizo una sola mención a estos hechos que con­centraron la atención de la opi­nión pública. Peculiar decisión que ya no resulta extraña, en todo caso constituye una definición del modelo. 

Aunque parezca agorero, habrá que esperar más agitación de este tipo. El desenlace en Entre Ríos y Buenos Aires no es el final, apenas es una instancia de un proceso en escalada. El diario porteño La Nación publicó reciente­mente un informe que consigna que hay focos de con­flictos en doce provincias por la usurpación de tierras protagonizada por gente sin vivienda, agrupaciones aborígenes, movimiento sociales, militantes políticos. Diferentes protagonistas para un fenómeno que no es nuevo, pero que se ha incrementado en el último tiem­po.

El primer concepto, indiscutible, es que cualquier toma de tierras es un delito. No importa si es un predio fiscal o de un particular, en todos los casos encuadra en una figura tipificada en el Código Penal. El mapa de este delito reporta a las provincias de Buenos Aires, Río Negro, Santa Fe, Córdoba, Mendoza, Jujuy, Tucumán, Chaco, Misiones, Entre Ríos, Neuquén, Chubut. En Co­rrientes también hubo apropiación de terrenos, situa­ción que la Justicia provincial no se ha preocupado por resolver.

Al calor del conflicto en Guernica, trascendió que hay más de 1.800 tomas de terrenos públicos y privados. Esto solo es posible con un Estado ausente.

Frente a este escenario, que visto en perspectiva se vuelve estremecedor, por el desaliento que provoca en quienes desean vivir bajo el imperio de la ley, el desalo­jo del campo de los Etchevehere y el enorme predio de Guernica no puede ser computado como un triunfo. Podría entenderse como una resolución favorable a un litigio puntual, una buena señal, pero está lejos de ser una solución al problema global. Hay miles de propietarios, entre ellos el mismo Estado, que han per­dido su propiedad a manos de gen­te que delinque. Y no hay sanción.

Por ejemplo, los militantes del proyecto Artigas que usurparon el campo de Entre Ríos salieron en sus autos sin apremios. Por otro lado, las 36 personas que fueron detenidas durante la refriega en Guernica recuperaron la libertad un par de horas después. No pasó nada. 

La única que salió esposada fue Dolores Etchevehere, la hermana rebelde de la familia entrerriana, quien se quedó sola con todas las causas encima. Juan Grabois, su inspirador, sigue en libertad y promocionando la revolución de los pobres.

“Nunca me voy a olvidar que el Gobierno nacional y el de Entre Ríos, que nos matan con los impuestos, usaron a mi hija (Dolores) para meterla en esta aventura política”, dijo Leonor Etchevehere, su madre. A este ex­tremo pernicioso de quebrar una familia, los vínculos sociales se llega cuando se subvierte el orden y se exa­cerba el conflicto. Por eso resulta oportuno y prudente el mensaje que dio la Conferencia Episcopal Argentina al rechazar las tomas de tierras -a las considera “un de­lito”- y reclamar que el Estado esté “presente y se haga responsable”.s