La Justicia, pública y privada

Los recurrentes casos de inseguridad en la ciu­dad dejan al descubierto una instancia de fa­lencias en el resguardo ciudadano, situación que se da mayormente en los barrios periféri­cos. Es habitual los informes respecto a casos de di­ferente índole, donde los perjudicados son víctimas de diferentes modos de robo, llegando incluso a la agresión física de mujeres (principalmente), blanco preferido de motochorros y delincuentes que circu­lan la mayor parte impunemente.

En el desarrollo de cada noticia que referencia en los casos, se da cuenta de que en varios casos las víctimas no acuden finalmente a la denuncia ante la autoridad policial, ya que entienden in­necesaria la formalidad ante la repetición de casos por parte de los mismos delincuentes.

Incluso la Policía se ve acota­da en su accionar teniendo en cuenta esa misma circunstancia: atrapar al ladrón, ponerlo a dis­posición de la Justicia, y que días más tarde esté nuevamente en la acción delictiva. Casi siempre en los mismos lugares y a la vista de sus víctimas.

Esta realidad recrudeció ante la culminación de la cuarentena, ya en etapa de aislamiento, y la moda­lidad no se circunscribió solamente a la modalidad del robo en motocicletas. La utilización del barbijo, incluso, ayudó a ocultar aun más la identidad de los malvivientes.

Toda sociedad tiene una porción de sus integran­tes en dedicación a estos actos, y la Policía como re­presentante del Estado, la encargada de reprimir el delito y disuadir a los malvivientes, muchas veces choca con la inercia del sistema judicial, lerdo en sus decisiones y aun más lento en el accionar cotidiano.

El paquidermo que representa el accionar de al­gunos jueces, deja a parte de la población sin res­guardo, generando una realidad de inseguridad, con consecuencias.

No son nuevos los casos de justicia por mano pro­pia (justicia privada en el lenguaje judicial), cuando son atrapados los ladrones por los vecinos que, sin mayores instancias, juzgan y castigan por hechos co­metidos minutos antes.

Resulta claramente peligroso llegar a esta situa­ción, ya que se pone muchas veces en juego la vida en instancias de una revancha por delitos cometi­dos.

En un estado organizado es precisamente el Poder Ejecutivo (a través de la Policía) el encargado de establecer los controles y la disuasión, y el Po­der Judicial el encargado de im­partir sentencia sobre la base de las normas establecidas desde el Poder Legislativo.

Es, por caso, la rueda más efec­tiva en un estado organizado, que lamentablemente no se cumple plenamente en la medida de la contracción acotada de parte de los actores que deben poner a rodarla. 

De nada vale una eficiente la­bor policial si la Justicia no acciona como correspon­de, con la ley en la mano y la mirada en la sociedad, sin dejarse llevar por la fría letra de las normas.

Y además, al detectar alguna falencia, el Poder Le­gislativo establece los pasos para subsanarla.

Ante esta realidad, la aplicación de la Justicia pri­vada pone en jaque la convivencia ciudadana, que puede terminar en situaciones indeseadas, de poca calidad institucional y con un futuro incierto.

Avanzar desde el estado en sus tres poderes en cumplir las normas de manera certera, con empatía social y equidad podrá torcer el destino de una reali­dad que nos está llevando a dejar de ser Nación para convertirnos en un territorio poblado.