Un plan laxo y desparejo 

Sin espacio para la autocrítica y con una tácita reafirmación de que el plan de apertura de ac­tividades no esenciales seguirá adelante aun con el acecho de la pandemia de coronavirus, el Gobierno de Corrientes anunció la restitución de algunas limitaciones, que podrían leerse como res­tricciones moderadas, en tres departamentos de la provincia que en estos días atraviesan el cuadro epide­miológico más grave. La ciudad de Corrientes, Paso de los Libres y Bella Vista vuelven a la denominada Fase 3, con un diagrama laxo, y ciertamente desparejo, de prevención frente al peligro que enfrenta la comuni­dad. La amenaza sigue rondando.

El problema que las autorida­des parecen no advertir, o quizás se niegan a reconocer, es la movi­lidad de la gente, sobre todo para actividades que no tienen sentido en una situación de emergencia sanitaria. Esta flexibilidad para moverse de un lado a otro facili­ta el estrechamiento social y en la interacción, con bajo nivel de cuidados, se generan focos de contagio.

Por esta fisura del esquema sanitario se filtra el virus. No se resuelve poniendo horarios topes sino con restriccio­nes más firmes y controles exhaustivos. Lo no esencial no tiene fundamento en medio de una catástrofe, y la pandemia es una catástrofe humanitaria. Los números de la evolución epidemiológica en la provincia de Co­rrientes así lo demuestran, no sólo por la cantidad de casos positivos que se han detectado en las últimas se­manas, sino especialmente por el registro de decesos. En doce días de noviembre fallecieron 39 personas a causa del coronavirus. 

El gobernador Gustavo Adolfo Valdés, que ayer en­cabezó una exposición ante la prensa, definió que la ciudad Capital, donde está el nudo del drama epide­miológico, ha caído en la circulación comunitaria. Esto supone que las líneas de contagio se han multiplicado -y así lo evidencian las estadísticas- tornando cada vez más dificultosa la trazabilidad del origen de la infec­ción. Si este es el diagnóstico oficial, el plan de acción anunciado pareciera quedarse corto ante la gravedad de la coyuntura.

La directora general de Epidemiología, Angelina Bo­badilla, detalló que la curva de casos se ha incremen­tado exponencialmente en las últimas dos semanas. Ayer, en el momento de dar la conferencia, contaban 1.053 casos activos. Además, al cierre de esta edición se conocieron dos muertes más, lo que eleva la cifra a 94 víctimas. De ese total de decesos, 89 se produjeron des­de septiembre a la fecha. Coincide con el proceso de flexibilización que inició la Provincia. El paralelis­mo no es pura casualidad.

Sin embargo, el Gobierno co­rrentino no ha puesto reparos en esta circunstancia, pareciera estar convencido de que la apertura de todas las actividades es un proce­so inexorable. Le ha faltado aclarar en tal caso, que eso tiene un costo. Y ya no es necesario decir que ese costo se paga con vidas. 

El hecho es que en la administra­ción provincial no se cuestiona el apuro por la desescalada, que comenzó en mayo cuan­do el país (no sólo la región metropolitana de Buenos Aires) recibía el impacto más duro de la pandemia. Esa misma ola epidemiológica ahora inunda la burbuja que era el Taragüí, sería prudente reaccionar con la racio­nalidad que la urgencia sanitaria reclama. Aquel apuro por abrir que no se transforme ahora en una demora por cerrar todo lo que es necesario. 

A los efectos de galvanizar un concepto, que es pri­mordial, vale repetir el título de la carta editorial de ayer: Todavía gobierna la pandemia. Algunos se mues­tran distraídos y otro miran el escenario con más op­timismo. Se puede aceptar el divague en el ciudada­no de a pie, pero las autoridades están obligadas a la realidad.s