Otro zarpazo en la urgencia

La Asociación Empresaria Argentina (AEA) que nuclea a los dueños de las principales empre­sas argentinas, cuestionaron el denominado impuesto a la riqueza, cuyo tratamiento avanza en el Congreso de la Nación, al considerar que “afecta a la propiedad privada y descapitaliza a las compañías”. En reemplazo del proyecto impulsado por el kirchne­rismo la entidad propone un “empréstito patriótico” en dólares, con una tasa de interés mínima y varios años de repago, aplicable al pago de impuestos. Se trata de una alternativa superadora al zarpazo, con presuntos fines solidarios, que está en vías de legalizar el gobier­no de Alberto Fernández, quien se encuentra en serias dificultades para poder justificar la iniciativa.

El proyecto de ley de Aporte Solidario y Extraordinario de las grandes fortunas que ya se votó afirmativamente en la Cámara de Diputados de la Nación (y la próxi­ma semana se podría tratar en el Senado) fue pensado para generar una masa de recursos destinada a solventar gastos derivados de la pandemia de coronavirus o para brindar auxilio financiero a los más necesitados. Si se convierte en ley y se ejecuta sin tropiezos podrían recaudar $300.000 millones.

El Presupuesto Nacional 2021 prevé destinar $5,5 bi­llones a gastos sociales para el pago de jubilaciones y asignaciones sociales, programas alimentarios, de eco­nomía social, entre otros, lo que representa el 65% de los recursos contemplados para todo el ejercicio. Este año el Gobierno emitió $2,5 billones para sostener los programas sociales que diseñó de apuro en medio de la cuarentena. Con esta magnitud de gastos, $300.000 millones que sacará del bolsillo de los más ricos ¿servi­rán para algo? 

Está claro que el “Aporte Solidario” no alcanza, es como sacarle el agua de la heladera a los vecinos aco­modados para apagar un incendio que está fuera de control en la manzana de enfrente.

El problema es el agujero fiscal, que la administra­ción de Alberto Fernández -cuarentena mediante- ayudó a agrandar. El rojo en las cuentas públicas es extraordinario y todo lo que se pueda manotear por vía de la recaudación ayuda a paliar el zafarrancho, pero no constituye una solución de fondo. Desde que el pro­fesor de Derecho (neokirchnerista) asumió en la Presi­dencia de la Nación hace menos de un año, se crearon o aumentaron 14 impuestos. Una verdadera maquinaria de extraer recursos por vía impositiva a empresarios, productores y asalariados con un único fin: alimentar la extensa y variada nómina de planes sociales.

En esta estrategia global, pero con un componente particular de perversión ideológi­ca, se inscribe el proyecto de ley de Aporte Solidario y Extraordinario. Ya pasó por la Cámara de Diputa­dos de la Nación y tres kirchneris­tas correntinos, Nancy Sand, Jor­ge Antonio Romero y José “Pitín” Aragón Ruiz, votaron a favor de la iniciativa. Suponen, como todo el colectivo K, que están dando vuelta la historia en favor de los más necesitados. Sand, Romero y Aragón Ruiz cobran la totalidad de sus dietas como el resto de la clase política. Ninguno ha resignado sus ingresos. 

¿Y si prueban dar impulso a algún proyecto produc­tivo o de desarrollo industrial que genere empleo ge­nuino en lugar de repartir dádivas?

Con algo más de diplomacia eso fue lo que sugirie­ron desde la Unión Industrial Argentina (UIA) y la Cá­mara Argentina de Comercio y Servicios (CAC), que al igual que la Asociación Empresaria se manifestaron en contra de la iniciativa. “Ante las urgencias fiscales, en lugar de apelar a un nuevo impuesto, deberían buscar­se alternativas en beneficio de la inversión, la genera­ción de empleo y el progreso económico y social del conjunto de la Nación”, señalaron. Suena razonable, pero al gobierno K le gusta repartir, lo que es de los otros. s

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