“Los derechos humanos impiden desalojar a una persona vulnerable”

Durante 25 años convi­vió con su pareja en la casa que le pertenecía a ella. En agosto de 2015, la mujer con la que compartió su vida por medio siglo falleció y él, un hombre de 80 años, es­tuvo a punto de ser desalo­jado de la vivienda que era reclamada por la hija de su pareja. El caso fue tratado en el marco del fuero Civil y Comercial de Goya, donde favorecieron a la joven. La decisión fue apelada por el viudo y el Superior Tribu­nal de Justicia dispuso que la causa se derive al fuero de Familia, donde cambió la historia. 

En una primera instancia el viudo apeló ante la Cá­mara Civil, Comercial y La­boral de Goya, que no admi­tió el recurso de apelación, y confirmó así la sentencia que lo condenó a desalojar el inmueble que ocupaba y fue allí donde decidió ape­lar ante el Superior Tribu­nal de Justicia. 

“El desalojo de esta per­sona se da en función de la letra fría del Código Ci­vil en el sentido de que las uniones convivenciales no darían un derecho temporal al uso de la vivienda, sino que en caso del conviviente tiene un derecho limitado para permanecer en el lu­gar que no es más de dos años. Eso dice la ley”, expli­có a NORTE de Corrientes el doctor Gustavo Lozano, profesor titular de la cáte­dra de Derecho de Familia en la Unne. 

Ahora, esa es la ley civil que, según explicó Lozano, es de inferior jerarquía a la que utilizó el Superior Tri­bunal de Justicia para re­vocar esta situación. “Con toda justicia y mucho acier­to se aplicó en este caso una ley superior que es la de los derechos humanos que están consagrados en la Constitución Nacional y por ende están vigentes; incluso en el mismo Código Civil”, dijo y agregó: “En sus artículos 1 y 2 el Código Ci­vil dice que las fuentes del derecho las constituyen los derechos humanos”.

Por lo tanto, el profesor sostiene que este fallo no se trata de una doctrina u opi­nión de autores ya que los derechos humanos son ley y son ley jerárquica porque están en la Constitución Nacional. “Lo que hizo el STJ fue aplicar la Consti­tución Nacional y los de­rechos humanos que están tratados no solamente por el artículo 71 inciso 22 y 23 que constitucionaliza tra­tados internacionales sobre este tema, sino que el inciso 23 establece expresamente los derechos de los abuelos como un derecho humano”, explicitó coincidentemente con el doctor Juan Arregin, que también hizo referencia al tema.

A esto se suma que el STJ hizo uso del protocolo de desalojo que tiene para el caso de personas vulnera­bles, que requiere de pasos previos que en este caso no se cumplieron en los fallos de primera y segun­da instancia. “Por lo tanto el STJ revo­có ambos fallos y le otorga al conviviente, en este caso a la per­sona mayor y vulne­rable, la facultad de continuar en la vivienda”, afirmó. 

Con todos estos elemen­tos es que el STJ, por una­nimidad, declaró la nulidad de la sentencia de la Cáma­ra Civil, Comercial y Labo­ral de Goya y envió la causa al tribunal con competencia en Familia para que recon­duzca el trámite de la causa. Expresó que “(à) -en au­diencia- deberán procurar una solución consensuada que permita atender de la mejor manera los intereses contrapuestos en el caso o en su defecto se dicte un nuevo pronunciamiento ajustado a derecho”.

El votante en primer tér­mino, doctor Guillermo Ho­racio Semhan, indicó que los hechos dados por cier­tos eran la existencia de una extensa relación de convi­vencia entre la pareja, rela­ción que perduró hasta su muerte; y que el inmueble del que se pretendía des­alojarlo había sido el hogar convivencial entre ambos. “En ese contexto no puede resolverse la cuestión como si fuera el desalojo de un simple ocupante, ni tam­poco era necesario invocar defensa de posesión con ánimo de dueño como se le exigió”, aseguró el ministro en la sentencia Nº 116/20.

“Lo que hay que tener en cuenta es que el doctor Semhan hizo notar en este fallo que se pretendía des­alojar a una persona de 80 años de la casa en que vivió con su pareja, en lugar de tener en cuenta la Conven­ción Interamericana sobre Derechos Humanos de las personas mayores”, explicó Arregin y agregó: “Con esa óptica, el hombre debiera ser considerado vulnera­ble, enfoque que han tenido otras sentencias en el mar­co de lo que el STJ definió como política pública”.s