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Propiedad privada en peligro

En medio del debate legislativo por el aborto, la ley de aporte solidario de las grandes fortunas, y la pandemia, este tema pasó casi desaper­cibido para la opinión pública.

Ante la inminente sanción de la Ley de Ma­nejo de Fuegos (que tiene el visto bueno de Diputados y ahora está en el Senado), las en­tidades del campo expresaron su preocupa­ción por el proyecto de norma que pondría en peligro la propiedad privada. Pero los hechos de ayer fueron así: la Comisión de Enlace de Entidades Agropecuarias insistió en que la probable sanción de la nueva Ley de Manejo de Fuegos en el Congreso “pone en riesgo” la producción agrícola y ganadera en todo el país.

En un comunicado, las entidades del agro reiteraron su “alarma” ante el inminente avance del proyecto de modificación de la norma en el Parlamento nacional, informó la agencia Noticias Argentinas.

“A pesar de que ya existe una Ley de Manejo de Fuegos, este proyecto modificatorio pone en riesgo seriamente la actividad productiva agrícola-ganadera en todo el país. En efecto, prohíbe por el término de treinta (30) años desde su extinción cualquier acti­vidad agropecuaria que sea distin­ta al uso y destino que la superfi­cie tuviera previo al momento del incendio”, destacó la Comisión.

“Esta prohibición se da independientemente de que los incendios sean provocados o accidentales. Cabe aclarar, además, que esta nueva prohibición se aplica a las superficies con bosques implantados o nativos, sumando nuevas restricciones a las ya exis­tentes en la Ley de Bosques”, agregó.

En el comunicado, Coninagro, la CRA, la Federa­ción Agraria y la Sociedad Rural dijeron que “estas restricciones afectan gravemente el derecho de pro­piedad y son aplicadas incluso a aquellos individuos que no son culpables de estos incendios por tratarse de hechos accidentales o causados por dolo eventual o animoso de un tercero”.

“Da por asumida, de este modo, la culpabilidad individual del propietario del campo, afectando la garantía constitucional de presunción de inocencia, condenando de antemano al productor de manera prejuiciosa, quien además de haber perdido su capi­tal de trabajo o sus inmuebles por estos hechos debe enfrentar una condena por un evento sobre el cual no tiene responsabilidad alguna”, subrayó la Comi­sión.

“Estamos en favor de que se legisle sobre el ma­nejo del fuego, pero no podemos dejar pasar por alto esta invasión al derecho de propiedad, ni que se considere a todos los productores del país delin­cuentes ambientales, o se instau­re una mirada prejuiciosa sobre todos quienes trabajamos en la tierra, en especial cuando somos víctimas de hechos naturales o provocados que, de por sí han le­sionado nuestra producción y el capital destinado a ella”, comple­taron las entidades.

En medio del debate legislativo por el aborto, la ley de aporte so­lidario de las grandes fortunas, y la pandemia, este tema pasó casi desapercibido para la opinión pública. De extrema peligrosidad en caso de su sanción, el principal sector afectado -el campo- nuevamente pone en alerta sobre un tema que lo perjudica de manera directa, e indirec­tamente a la sociedad, al establecer un modelo que puede ser replicado en otras actividades. 

De transformarse en ley esa iniciativa, abre la puerta a un espacio de debate sobre la acción del Es­tado y la propiedad privada, en claro detrimento de esa institución constitucional.

Y no solamente el campo debe iniciar el camino de la queja y el repudio; las organizaciones y la ciudada­nía deberán tomar parte de este proceso de rechazo con el objetivo de salvaguardar los intereses perso­nales e individuales de los ciudadanos.