Los gobiernos pasan, la pobreza sigue

El informe de la Universidad Católica respecto a la pobreza, con más del 60% de niños en condición de pobreza (entre otros indicado­res), activó al Gobierno Nacional y de manera inmediata salieron a anunciar medidas en salvaguar­da de este sector y los otros que están en riesgo.

Pero yendo por parte: el jueves la Universidad Ca­tólica Argentina informó que el 34,9% de los hogares y el 44,2% de las personas se encuentran por debajo de la línea de la pobreza al cierre del tercer trimestre del año, por encima del 32,1% y 40,8% registrado en igual período de 2019.

Y este informe tiene además, un elemento que resulta inquie­tante. En palabras del direc­tor del Observatorio Social de la UCA, Agustín Salvia, ”sin la AUH, el IFE, la Tarjeta Alimen­tar y el resto de los subsidios, la indigencia hubiera sido el doble y la pobreza hubiese trepado al 53%“.

Queda demostrado con este informe que las medidas no fue­ron suficientes, ni las sociales ni las económicas que, en tiempo de pandemia, la cuestión de cri­sis y pobreza se profundiza por el freno a la actividad que se impuso durante varios meses.

Así (quizás en coincidencia, quizás programada), el ministro Daniel Arroyo declaró que ”no hay condicio­nes ni ánimo en la sociedad para un conflicto social“ en la Argentina y ratificó que el Gobierno inyectará 63 mil millones de pesos este mes para ”sostener la situación de los más vulnerables“.

En una charla con periodistas en la sede de la carte­ra, Arroyo explicó que esos fondos estarán destinados a financiar el consumo de alimentos y a la puesta en marcha de unidades de producción de la economía social para ”motorizar la economía del país desde abajo hacia arriba“.

Por eso los 63 mil millones de pesos previstos para este mes en ayuda social están conformados por 14 mil millones de pesos para la Tarjeta Alimentar; 600 millones de pesos para cajas navideñas; 12,4 mil mi­llones de pesos para el programa Potenciar Trabajo y 14 mil millones de pesos de transferencias a munici­pios, provincias, comedores y merenderos, además de los 22 mil millones de aportes de la Anses.

Precisó que la cobertura alimentaria llega ”a 11 mi­llones de personas“ a través de ”10.000 comedores en todo el país“.

”Estamos reconstruyendo trabajo en 5 sectores productivos, que son la construcción, textil, pro­ducción de alimentos, economía del cuidado y reciclado, y hemos generado ya un mecanismo para que la gente cobre un salario mí­nimo; y hay 700.000 personas que cobran la mitad del salario mínimo, 9.400 pesos“, insistió.

Reafirmó el objetivo del Go­bierno de ”crear 300.000 puestos de trabajo“ en el 2021 y avanzar con la urbanización de 400 ba­rrios populares por año.

La palabra del funcionario (qui­zás uno de los que tienen buena consideración pública) marca una impronta que sólo se ve desde el área que comanda, y no cuenta con el apoyo global para llevar adelante la política que pregona. 

Y más allá de anuncios, políticas y medidas para paliar los efectos de la pobreza, además de las políti­cas que (dicen) se aplicarán para mejorar la economía, nada se siente en el tejido social, el que está cada vez más pobre y reduce el mercado de consumo, el que puede llevar adelante una recuperación comercial.

A casi un año del inicio de la gestión de Alberto Fer­nández la principal deuda está en la pobreza, la que Mauricio Macri dijo que erradicaría (pobreza cero) y la actual administración utilizó ese yerro de gestión como una bandera. Ni uno ni otro, la pobreza aumen­ta y pasan las gestiones.