Fiscales piden desafuero del jefe de senadores del PJ santafesino
Se trata del legislador por San Lorenzo, Armando Traferri, cercano al Gobernador Perotti. Fue incriminado por un ex procurador preso.

Los fiscales anticorrupción de la ciudad de Rosario que investigan una asociación ilícita dedicada al juego clandestino, por la que ya quedó detenido el ex jefe de todos los fiscales de esa región de la provincia de Santa Fe, anunciaron que pedirán el desafuero de un senador santafesino, quien fue mencionado como parte de la organización, consignó ayer Télam. Se trata del legislador por San Lorenzo, Armando Traferri, presidente del bloque justicialista de la Cámara alta de la Legislatura.
El pedido fue formulado por los fiscales Luis Schiappa Pietra y Matías Edery, durante una audiencia realizada ayer en la que Traferri fue informado de su situación en la causa. “Nosotros no podemos imputarlo porque hay una valla constitucional y por eso pediremos su desafuero a la Cámara”, explicó en rueda de prensa el fiscal Matías Edery.
Por su parte, el fiscal Luis Chiapa Pietra indicó: “Para poder avanzar en la investigación, se necesita que el senador renuncie a sus fueros. Hay pruebas objetivas -en su contra- y estamos dispuestos a darlas a conocer al cuerpo legislativo de ser necesario”.
Traferri fue mencionado por el ex fiscal Gustavo Ponce Asahad (detenido en el marco de la investigación) de “ser el organizador de una estructura político judicial” que cobraba coimas para proteger y permitir el juego clandestino. El senador ratificó en la audiencia de ayer que es ajeno a esta investigación, aunque rechazó el pedido judicial de “renunciar a sus fueros para ser indagado y eventualmente imputado”, consignaron los fiscales.
El legislador llegó al Centro de Justicia Penal de Rosario acompañado por su abogado, José Luis Vázquez, y tras la audiencia que se extendió por el lapso de dos horas, se retiró sin hacer declaraciones, aunque adelantó que el lunes próximo a las 11 brindará una conferencia de prensa.
La investigación, que se inició por una red de extorsionadores y garitos clandestinos que operaban en varias ciudades del sur de Santa Fe el año pasado, dio un vuelco en agosto último cuando, uno de los imputados, el empresario Leonardo Peiti, decidió declarar como “imputado arrepentido”.
En su declaración dijo que en noviembre de 2019 había sido contactado por el entonces fiscal Ponce Asahad, quien le pidió “entre 4.000 y 5.000 dólares” mensuales a cambio de brindarle información sobre procedimientos judiciales contra el juego clandestino y darle cobertura a ese negocio ilícito.
Peiti aportó detalles del encuentro con Ponce para darle el dinero, que fueron corroborados por otros testigos y cámaras de videovigilancia que permitieron darles sustento a sus dichos.
También dijo que se había encontrado con el jefe de los Fiscales, Patricio Serjal, en un hotel de Buenos Aires, donde el funcionario judicial admitió haber estado el día indicado por Peiti. Los fiscales también obtuvieron los comprobantes de pago del hotel y los tickets de peaje del viaje de Serjal en el vehículo del Ministerio Público de la Acusación, a pesar de que no era un viaje oficial. El viernes pasado, Ponce Asahad pidió ampliar su declaración e involucró a otras personas, entre ellas al senador Traferri.