La agenda de la obsesión

Por efecto de la pandemia, que potenció la crisis económica y social que arrastraba la Argentina, los temas prioritarios de la agenda pública para el año que se inicia deberían estar enfocados a resolver (en lo posible) las urgencias vinculadas a la sa­lud, el trabajo, la producción, educación, también la se­guridad de la gente, sin embargo todas las señales indi­can que en el escenario de la Justicia se habrá de volcar el mayor esfuerzo del gobierno del Frente de Todos, que tiene “una obsesión” por el funcionamiento de ese po­der del Estado, tal como lo señaló en las últimas horas el presidente Alberto Fernández. Podría decirse que hay obsesiones que resultan un sano ejercicio de dedica­ción, pero la mayoría de las veces las obsesiones responden a con­ductas enfermizas. Hasta ahora los inquilinos de la Casa Rosada, y por añadidura los kirchneristas de paladar negro que gobiernan en el Congreso de la Nación, no han dado muestras de racionalidad en la preocupación por el destino de los tribunales.

En medio del cambio de ca­lendario quedó en evidencia que durante el 2021 habrá una apues­ta fuerte de la administración de Alberto Fernández para producir cambios sustanciales en el ámbito de la Justicia, pun­tualmente en la esfera de la Corte Suprema, que está siendo blanco de fuertes embates políticos práctica­mente desde el inicio de la gestión, hace más de un año. El fundamento que esgrime el oficialismo es el anómalo funcionamiento del Poder Judicial, sin embargo es im­posible no computar que las principales figuras del kir­chnerismo tienen que rendir cuentas en tribunales por causas de corrupción. En ese listado figura la actual vi­cepresidenta de la Nación, Cristina Elisabet Fernández de Kirchner.

Un caso testigo es el de Amado Boudou, ex compañe­ro en el Ejecutivo de Cristina Kirchner, quien tiene una condena por una acto de corrupción y que ahora deber volver a la cárcel para cumplir la sentencia que le fue impuesta en juicio. Esta medida puso en guardia al go­bierno que volvió a la carga contra los jueces. El propio Presidente encabezó la movida. En pocos países ocurre algo igual, está claro que en la Argentina hay una fric­ción que se vuelve insostenible entre dos poderes del Estado. Ahora además con el concurso del Poder Legis­lativo, dispuesto a terciar para imponer un nuevo orden.

El creciente tironeo, por intereses sectoriales, expone la fragilidad del equilibrio republicano. En lugar de un Poder Judicial de mejor calidad se busca establecer un mecanismo de control que resulte funcional. Un buen ejemplo es lo que sucede con la Procuración General de la Nación, una de las instituciones más importan­tes en el funcionamiento de una república, que se encuentra desde hace tres años bajo el interinato de Eduardo Casal, lo que muestra las dificultades que hubo y hay para designar a un nuevo jefe de los fis­cales con acuerdo del Senado.

El 31 de diciembre de 2017 se formalizó la renuncia de Alejandra Gils Carbó, quien había sido dura­mente cuestionada al comienzo de la gestión de Mauricio Macri; allí comenzó el largo interinato de Casal.

El gobierno de Cambiemos en­vió al Senado el pliego de Inés Weinberg de Roca como candidata a la Procuración General, pero no pudo con­seguir el apoyo del peronismo para alcanzar los dos ter­cios necesarios. Luego, tras su llegada a la Casa Rosada, el presidente Alberto Fernández propuso al juez federal Daniel Rafecas como su candidato: su postulación in­gresó al Senado en marzo pasado, sin embargo tampo­co pudo conseguir aval. Además el bloque de senadores del Frente de Todos pospuso modificar la Ley Orgánica del Ministerio Público, que aprobó y giró a Diputados en noviembre pasado.

El proyecto modifica la forma de elección, lo que im­plica el primer paso de una transformación para la Justi­cia que responde al objetivo central. No es la pandemia ni la economía, el FdT quiere la Justicia.