Ni el cambio de año despegó a la Justicia de la mira del Gobierno

La despedida del año 2020 y el cambio de calen­dario se produjo con una ratificación del objetivo central que tiene el gobier­no del Frente de Todos para el año que comienza; con­siste en atravesar los muros de la imaginaria ciudadela de la Justicia para imponer un nuevo orden. Detrás del plan, convenientemente maquillado en viejas de­mandas generales de la so­ciedad, hay una necesidad urgente: desembarazar de las causas que apremian a la vicepresidente Cristina Elisabet Fernández de Kir­chner. Es el desvelo del ofi­cialismo y la agenda de los otros poderes del Estado, el Ejecutivo y el Legislativo es­tán condicionados por este tema. En las últimas horas del año viejo quedó al des­cubierto que la puja con la Justicia, representada en la Corte Suprema, es el nudo de la gestión kirchnerista, con el presidente Alberto Fernández a la cabeza.

La primera señal de este capítulo de fin de año se produjo el miércoles 30, ese día la Comisión Bica­meral de Fiscalización de Organismos y Actividades de Inteligencia entregó a la vicepresidenta Cristina Kirchner, y al titular de la Cámara de Diputados, Ser­gio Massa, un informe que -dice el documento- pone en evidencia presuntas irregularidades en la crea­ción y puesta en marcha de la Dirección de Asistencia Judicial en Delitos Com­plejos y Crimen Organiza­do (Dajudeco) a cargo de la Corte Suprema, con filtra­ciones de escuchas ilegales. Esa bicameral está a cargo del radical hiperkirchne­rista Leopoldo Moreau, que puso bajo la lupa presuntas escuchas telefónicas ilega­les que habría llevado ade­lante el organismo desde su creación en febrero de 2016, luego de que fuera traspasada a la Corte Su­prema por un decreto del anterior Gobierno del 29 de diciembre de 2015, apenas había asumido Mauricio Macri la presidencia.

Esta investigación puede constituirse en un ariete para la embestida del ofi­cialismo contra la Corte en el Congreso, donde están reservados pedidos de jui­cio político contra algunos de sus magistrados. Tam­bién está pendiente el pro­yecto de reforma judicial.

Casualidad o causalidad, al día siguiente, el 31, en la despedida del tortuoso 2020, el juez Daniel Obliga­do revocó el beneficio de la prisión domiciliaria del ex vicepresidente de la Nación Amado Boudou, por la cau­sa Ciccone, por lo que de­berá volver a la cárcel. Esta medida judicial se sumó al fallo de la Corte Suprema, que a principios de diciem­bre dejó firme la condena.

Previamente, los fiscales Guillermina García Padín y Marcelo Colombo habían rechazado los planteos de ex ministro de Economía para que este continúe en su casa, porque conside­raron que “goza de buen estado de salud general” y que la protección de sus hijos está garantizada. A comienzos de diciembre la Corte Suprema ya había re­chazado todos los recursos presentados en el caso Cic­cone, y dejó firme la conde­na de 5 años y 10 meses que le había dictado un tribunal oral en 2018. 

La defensa de Boudou tie­ne 10 días para apelar ante la Cámara de Casación. Por lo pronto, el funcionario condenado se quejó de que “el sistema del lawfare si­gue vigente y a todo ritmo”. En medio, el presidente Al­berto Fernández comenzó a recibir críticas del kirch­nerismo duro y no tardó en salir a protestar contra la medida judicial.

El mismo 31, antes del brindis, el mandatario salió por radio para señalar que la Justicia “no funciona, no hace justicia, cumple los deseos de los poderes fácti­cos”, y en ese marco advir­tió que hay jueces que son “escribas del poder econó­mico”.

Al referirse al caso de Boudou, el Presidente com­paró esta decisión con el tratamiento que un sector de los jueces le dan a causas en las que están involucra­dos ex funcionarios del go­bierno de Mauricio Macri. “Esos jueces no tienen la misma velocidad para in­vestigarlo a (Mauricio) Ma­cri y a sus adláteres. Eso de­muestra las características de esos jueces”, subrayó. Luego también criticó a la Corte Suprema y recordó el caso de Bruglia y Bertuzzi.

Ni pandemia ni econo­mía, la obsesión oficial es la justicia.s