Otro conflicto en puerta
Con la clausura de las exportaciones de maíz, el gobierno de Alberto Fernández teoriza equivocadamente sobre la regulación de las cadenas de producción.
Como si la emergencia sanitaria, producto de una pandemia letal, no fuese poco, la administración del neokirchnerista Alberto Fernández arrancó el nuevo año instalando un conflicto, imprevisto e innecesario, que además de dolor de cabeza a su gestión le acarreará perdidas de divisas al país. La confrontación, como de costumbre, es contra el campo argentino, o al menos un sector de los productores, esta vez con aquellos que siembran, cosechan y comercializan maíz. En un momento en que se necesita como la lluvia el ingreso de dólares frescos, el Presidente decidió clausurar las exportaciones de maíz hasta marzo para privilegiar el abastecimiento del mercado interno. El anhelo del Gobierno es resguardar los precios internos para que no se emparejen con el mercado internacional, como teoría es fantástica, pero la práctica evidencia que la realidad es muy distinta. Si se cumple el sueño del profesor Fernández será un milagro, por lo pronto lo único que está firme es el nuevo enfrentamiento con la gente del campo y la sequía de divisas en el Banco Central.
Ayer tres de las entidades que representan a los sectores productivos del campo (Confederaciones Rurales, Federación Agraria y la Sociedad Rural) convocaron a un cese de comercialización de granos entre el lunes y el miércoles próximos en rechazo al cierre temporal de exportaciones de maíz. Coninagro no adhirió a la medida de fuerza. El paro, a esta altura del año, resulta tan intempestivo como la medida adoptada por el Gobierno. Es que los desatinos generalmente son contagiosos.
Ayer el presidente Fernández intentó explicar cuál era la lógica de la resolución que se adoptó a través del Ministerio de Agricultura. “Hay que entender que estamos en una situación de emergencia y que en esa situación tenemos que ocuparnos de los que menos tienen, por lo tanto hay que tener un principio de solidaridad que le garantice a los argentinos lo que se consume en el país y luego exporten lo que quieran al precio que se les da la gana”, dijo. Y completó, “estamos en pandemia, no podemos tomar medidas económicas como si la situación fuera normal”.
Fernández lo justifica todo con la pandemia. Ahora bien ¿en qué consiste la medida? De acuerdo con el comunicado del Ministerio de Agricultura: “Esta decisión se basa en la necesidad de asegurar el abastecimiento del grano para los sectores que lo utilizan como materia prima en sus procesos de transformación, básicamente la producción de proteína animal como carne de cerdo, pollo, huevos, leche y feedlot, donde el cereal representa un componente significativo de sus costos de producción”.
En pocas palabras, al restringirse la exportación de maíz, por ahora solo el grano grueso, lo que hace el Gobierno es limitar artificialmente la demanda agregada, buscando bajar artificialmente su precio. ¿Quiénes se benefician con esta restricción? Como lo dice el comunicado, los productores de carne de cerdo, pollo, huevos, leche y feedlot. Es decir, se decidió transferir renta del productor de maíz.
La teoría de Fernández es que esto reducirá los precios, porque las cadenas comprarán el insumo a valor argentino y no del mercado internacional.
Supuestamente, este abaratamiento del costo del insumo maíz haría que baje el valor del pollo, los huevos, la carne de feedlot y la de cerdo, algo que no necesariamente va a ocurrir porque lo más probable es que el peso argentino se siga depreciando, caiga el poder adquisitivo del salario y la gente, a pesar del subsidio por restricción de la demanda, comprará menos huevos, carne, pollo. El efecto derrame no siempre funciona en la economía. Y menos en la Argentina.
Se necesitan divisas frescas y el Gobierno cierra puertas, adentro y afuera. s