Acusan a empresario de facturar servicios a nombre de fallecidos
Indagan sobre una posible defraudación en perjuicio del PAMI con el cobro de prestaciones a cinco afiliados que habían fallecido entre 2014 y 2016.
Un empresario correntino fue procesado en la Justicia Federal por haber defraudado al Programa de Atención Médica Integral (Pami) por medio de un geriátrico del centro de la Capital. El titular de la empresa fue hallado responsable de fraude a la administración pública, por lo que se ordenó procesarlo y embargar sus bienes hasta cubrir la suma de $1.000.000. Lo acusan de emitir 51 facturas “desde los meses de septiembre de 2014 hasta enero de 2016”. Estos documentos contenían datos de 5 personas fallecidas cobrando de esa manera una suma que no correspondía, unos $480.390,41”.
El hecho fue denunciado por el fiscal federal de la Unidad Fiscal para la Investigación de delitos cometidos en el ámbito del Instituto Nacional de Servicios Sociales para Jubilados y Pensionados en 2016, al observar los pagos percibidos por el geriátrico de la calle Tucumán al 600, y para corroborar ello, la Unidad Fiscal a cargo de la investigación solicitó al Registro Nacional de las Personas que informara la fecha de fallecimiento de los cinco afiliados con cuyos nombres se emitieron las facturaciones. Surgieron de ese informe que fallecieron el 4 de septiembre de 2014, el 7 de octubre de 2015, el 10 de noviembre de 2014, el 26 de enero de 2016 y el 2 de diciembre de 2014, respectivamente, y se comprobó luego que las facturas emitidas por el encartado tenían fechas posteriores a los decesos.
La defensa expuso que las pruebas presentadas “no dan cuenta de una conducta defraudatoria, dado que no demuestra la existencia de un perjuicio patrimonial para con el Instituto Nacional de Seguridad Social y Jubilaciones”. Además, manifestó “la inexistencia de una pericia contable destinada a acreditar el supuesto perjuicio patrimonial de la suma de $480.390,41” y que “no se encuentra determinado el supuesto perjuicio patrimonial a las arcas de la Administración Pública”. Advirtieron también que el Estado recuperó las cifras reclamadas, por lo que no habría daño al erario.
Sin embargo, el Ministerio Público Fiscal Federal no acompañó la queja de la defensa y por consiguiente, la Cámara Federal de Apelaciones de Corrientes rechazó todos los planteos del abogado representante del imputado. Es así que el procesamiento quedó firme, pero ahora el caso podría ser llevado a la Cámara de Casación Penal de la Nación. No obstante, la causa se encamina a juicio oral.