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INVESTIGACIÓN DE LA JUSTICIA FEDERAL EN CORRIENTES

Acusan a empresario de facturar servicios a nombre de fallecidos

Indagan sobre una posible defrauda­ción en perjuicio del PAMI con el co­bro de prestaciones a cinco afiliados que habían fallecido entre 2014 y 2016.

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Un empresario correntino fue procesado en la Justicia Federal por haber defrauda­do al Programa de Atención Médica Integral (Pami) por medio de un geriátrico del centro de la Capital. El titu­lar de la empresa fue halla­do responsable de fraude a la administración pública, por lo que se ordenó pro­cesarlo y embargar sus bie­nes hasta cubrir la suma de $1.000.000. Lo acusan de emitir 51 facturas “des­de los meses de septiem­bre de 2014 hasta enero de 2016”. Estos documentos contenían datos de 5 per­sonas fallecidas cobrando de esa manera una suma que no correspondía, unos $480.390,41”. 

El hecho fue denuncia­do por el fiscal federal de la Unidad Fiscal para la Inves­tigación de delitos cometi­dos en el ámbito del Insti­tuto Nacional de Servicios Sociales para Jubilados y Pensionados en 2016, al ob­servar los pagos percibidos por el geriátrico de la calle Tucumán al 600, y para corro­borar ello, la Unidad Fiscal a cargo de la investigación soli­citó al Registro Nacional de las Personas que informara la fecha de fallecimiento de los cinco afiliados con cuyos nombres se emitieron las facturaciones. Surgieron de ese informe que fallecieron el 4 de septiembre de 2014, el 7 de octubre de 2015, el 10 de noviembre de 2014, el 26 de enero de 2016 y el 2 de di­ciembre de 2014, respectiva­mente, y se comprobó luego que las facturas emitidas por el encartado tenían fechas posteriores a los decesos.

La defensa expuso que las pruebas presentadas “no dan cuenta de una conduc­ta defraudatoria, dado que no demuestra la existencia de un perjuicio patrimonial para con el Instituto Nacio­nal de Seguridad Social y Jubilaciones”. Además, ma­nifestó “la inexistencia de una pericia contable desti­nada a acreditar el supuesto perjuicio patrimonial de la suma de $480.390,41” y que “no se encuentra determi­nado el supuesto perjuicio patrimonial a las arcas de la Administración Pública”. Advirtieron también que el Estado recuperó las cifras reclamadas, por lo que no habría daño al erario.

Sin embargo, el Ministe­rio Público Fiscal Federal no acompañó la queja de la defensa y por consiguien­te, la Cámara Federal de Apelaciones de Corrientes rechazó todos los planteos del abogado representante del imputado. Es así que el procesamiento quedó firme, pero ahora el caso podría ser llevado a la Cámara de Casa­ción Penal de la Nación. No obstante, la causa se enca­mina a juicio oral.