UP6: el preso tuvo muerte traumática y hay ocho penitenciarios desafectados

El resultado preliminar de la autopsia a Ezequiel García, el interno de la Unidad Penal Nº 6 (UP6) que falleció ayer en el Hospital Escuela, concluyó que se trató de una muerte traumática ocasionada por golpes contuso. El peritaje forense abona la hipótesis de que se trató de un homicidio, sin embargo aún restan otros elementos para determinar el tipo. Sin embargo, las sospechas están centradas en un grupo de agentes del Servicio Penitenciario Provincial (SPP) quienes -según fuentes oficiales como así también informantes carceleros- aplicaron la fuerza sobre el joven, de 21 años, luego de que este desobedeciera la orden de regresar a su celda en medio de un reclamo de mayor higiene y comunicación en pleno brote de covid dentro a la prisión. De momento la fiscal Lucrecia Troia no ha solicitado imputaciones, sin embargo, de manera preventiva la jefatura del SPP desafectó a ocho penitenciarios, que cumplían funciones de celadores, señalados como partícipes de la acción que derivó en la muerte del preso. 
Según los datos recabados se pudo determinar que García se encontraba detenido desde finales de septiembre de 2019 cuando durante un control policial lo demoraron a él y un amigo suyo por circular en una motocicleta que registraba pedido de secuestro por haber sido denunciada como robada. Una vez puesto a disposición de la Justicia, se ordenó su traslado a la UP6 pese a no contar con un procesamiento en la causa, por lo que se encontraba en el área de adaptación. Con el advenimiento de la pandemia, los trámites judiciales se vieron ralentizados, lo que llevó a permanecer un años y tres meses privado de su libertad sin que hubiese reunidos elementos suficientes como para que la fiscalía pueda solicitar el envío del expediente a juicio. 
Por otra parte, en el marco de la investigación iniciada por la muerte de García se evalúa la posibilidad de que las cámaras de vigilancia instaladas en distintos puntos del pabellón donde ocurrió el hecho con la intención de determinar si alguna de ellas logró registrar lo sucedido y de esa manera identificar a quienes hayan tomado intervención, delimitando también sus respectivos roles. Para ello desde la fiscalía se debe solicitar los materiales fílmicos a las autoridades del SPP. 
El caso ocurre a diez meses del asesinato de José María “Kevin” Candia, de 22 años, quien el 21 de abril recibió disparos de balas de plomo por parte de agentes del SPP y la Policía de Corrientes en la Unidad Penal Nº 1 (para condenados) el marco de una represión tras incidentes originados por una pelota de fútbol y en contexto del primer brote de coronavirus en una cárcel correntina.