La CGT presiona al Gobierno por el acuerdo de precios

El Gobierno nacional llamó a coordinar este año precios y salarios sobre la base de un acuerdo económico y social amplio, lo cual ya encendió luces de alarma en la Confederación General del Trabajo (CGT), donde no quieren topes en las paritarias. Héctor Daer, uno de los dos secretarios generales de la CGT, dijo a NA que el sindicalismo rechaza la posibilidad de que la gestión de Alberto Fernández imponga algún tipo de “techo” para el debate salarial que viene, luego del 2020 en el que muchos sectores perdieron poder adquisitivo y puestos de trabajo. “Podemos confluir si hay un seguimiento de precios y les damos dinámica a todas las negociaciones”, dijo Daer, aunque advirtió que no se aceptarán incrementos salariales inferiores a la inflación, porque de lo contrario los trabajadores volverían a perder poder adquisitivo. Esta situación se desprende de la última reunión del Gabinete económico, el miércoles, en la que el ministro de Economía, Martín Guzmán, se reunió con otros funcionarios “con eje en la coordinación de políticas de precios y salarios”.
 Allí se avanzó en la definición de una metodología de articulación con los distintos sectores económicos para la coordinación de políticas de precios y salarios, que sean consistentes con el objetivo de desacelerar la inflación. Por su parte, la CGT realizará el próximo martes una reunión de la “mesa chica” en la sede del sindicato de Sanidad para intercambiar opiniones sobre la iniciativa de acuerdos de precios y salarios que fomenta el Gobierno. Ante la consulta de NA, en el Gobierno respondieron que “no hay intención de imponer techo a ninguna paritaria”, dado que uno de los objetivos es que los ingresos de los trabajadores se puedan recuperar a partir de este año, porque el consumo interno “explica el 70% del Producto Bruto”.
 Señalaron en ese sentido que “no existe una pauta del 30%, ni más ni menos”, sino que “se abordará un proceso de trabajo para consensuar un acuerdo amplio que establezca previsibilidad y genere certidumbre”, tanto para los trabajadores como para las patronales, que tienen que invertir para recuperarse y crecer. El gran objetivo oficial es que el Estado juegue un rol clave en la gestión de coordinación con el sector privado y los trabajadores, para intentar “alinear expectativas con los objetivos inflacionarios a los que se apunta”.
 El Presupuesto 2021 contempla una pauta de inflación de 29%.