Grandes fortunas: reglamentan la ley que ya entró en vigencia

El Gobierno reglamentó ayer, a través de un decreto, el denominado “impuesto a la riqueza”, a través del cual espera recaudar unos 300.000 millones de pesos, que deberán ser aportados por unos 12.000 contribuyentes. 
 Se trata del “Aporte solidario para ayudar a morigerar los efectos de la pandemia”, que con su reglamentación -publicada ayer en el Boletín Oficial- entró en vigencia.
 Este aporte se creó por medio de la Ley Nº 27605, sancionada el 4 de diciembre último; tiene carácter de “emergencia y por única vez” e implica un aporte extraordinario y obligatorio que recae en las personas humanas y sucesiones indivisas, residentes en el país y en el exterior.
 Esa ley prevé el cobro de una tasa de entre 2 y 3,5% a los patrimonios de las personas físicas que hayan declarado más de 200 millones de pesos.
 Según lo dispuesto, a los fines de la valuación de las acciones o participaciones en el capital de las sociedades regidas por la Ley General de Sociedades Nº 19550, los sujetos alcanzados por el aporte solidario podrán optar por considerar la diferencia entre el activo y el pasivo de la sociedad correspondiente al 18 de diciembre de 2020, conforme a la información que surja de un balance especial confeccionado hasta esa fecha.
 O bien, por el patrimonio neto de la sociedad del último ejercicio comercial cerrado con anterioridad a aquella fecha. El o la accionista, socio o socia o partícipe que hubiera modificado el porcentaje de su participación entre la fecha de cierre del último ejercicio comercial cerrado con anterioridad al 18 de diciembre de 2020 y esta última fecha, no podrá ejercer la última opción.
 En el supuesto caso que un mismo sujeto tuviera participaciones en distintos entes, esta será de aplicación para la totalidad de su tenencia accionaria o participación en el capital de las sociedades.
 Por su parte, las sociedades o entidades emisoras estarán obligadas a suministrar la información requerida para la valuación.
 El decreto estableció también que los sujetos deberán declarar como propios e incluir en la base de determinación del aporte, los bienes aportados a las estructuras allí previstas, por un porcentaje equivalente al de su participación en estas. A esos efectos deberán considerarse las participaciones indirectas a que alude la norma legal, hasta el tercer grado inclusive.
 Asimismo, quedan exceptuados de las disposiciones del artículo 5 de la ley, quienes hubieren repatriado fondos que representen por lo menos un 30% del valor total de los activos financieros en el exterior. La excepción se mantendrá en la medida en que esos fondos permanezcan depositados en una cuenta abierta a nombre de su titular (caja de ahorro, cuenta corriente, plazo fijo u otras) hasta el 31 de diciembre de 2021 inclusive, o, una vez cumplida la repatriación y efectuado el mencionado depósito, esos fondos se afecten, en forma parcial o total, a cualquiera de los siguientes destinos:
-Su venta en el mercado único y libre de cambios, a través de la entidad financiera que recibió la transferencia original desde el exterior. 
-La adquisición de obligaciones negociables emitidas en moneda nacional que cumplan con los requisitos del artículo 36 de la Ley Nº 23576 y sus modificatorias.
-La adquisición de instrumentos emitidos en moneda nacional destinados a fomentar la inversión productiva que establezca el Poder Ejecutivo Nacional, siempre que así lo disponga la norma que los regula.
-Se aporte a las sociedades regidas por la Ley General de Sociedades Nº 19550, en las que el o la aportante tuviera participación a la fecha de entrada en vigencia de la Ley Nº 27605 de Aporte Solidario y siempre que la actividad principal de aquellas no fuera financiera. Adicionalmente, tampoco están comprendidos en la definición de activos financieros los créditos y garantías, derechos y/o instrumentos financieros derivados.