"El fallo de la jueza chaqueña es una aberración técnica jurídica” 

En el marco de la denuncia por prevaricato contra la jueza chaqueña Marta Aucar de Trotti, por parte de la ONG Católicas por el Derechos a Decidir (CDD), luego de que la magistrada suspendiera la aplicación de la Ley 27610 de Interrupción Voluntaria del Embarazo en la provincia de Chaco, la coordinadora del área legal de la ONG CDD, abogada Rocío García Garro, fundamentó que se debe a que “lo que hizo la jueza chaqueña dando lugar a esa cautelar que suspende la ley, es una aberración técnica jurídica”. “Si queremos discutir una ley nacional, la vía es la federal, lo mas problemático en este caso es que a la fecha tenemos una ley en el país a la que las mujeres chaqueñas no pueden acceder, entonces tenemos diferencias de derechos dentro del país como si fuéramos países diferentes”, explicó en diálogo con NORTE de Corrientes.
La abogada cordobesa consignó además: “Teniendo en cuenta cómo funciona nuestra Constitución y el sistema republicano de división de poderes, los jueces sólo pueden fallar en un caso concreto, no como esto que se presenta como una medida cautelar para todos los habitantes. Nuestro sistema nos dice que para ir a discutir una ley suprema, se debe ir ante la Justicia Federal, y llegado el caso, de ser necesario ir a la Corte Suprema. Entonces no era la vía, la jueza chaqueña se atribuye funciones federales que no tiene”, señaló.
En cuanto a por qué consideran que hay un delito de prevaricato por parte de la magistrada chaqueña, la representante legal de la ONG explicó: “Decimos que hay un delito de prevaricato, porque esto ocurre en situaciones en las que el magistrado a la hora de fallar incumple y no falla teniendo en cuenta la normativa, sino que se aparta de ella o utiliza pruebas falsas, que no sería este el caso, pero la ONG plantea que la jueza a la hora de fallar se olvida todo plexo normativo nacional e internacional, ella falla sólo teniendo en cuenta la Constitución provincial, como si en Argentina tuviéramos una confederación donde cada provincia tiene un sistema autónomo”. Además dijo que “un juez no puede elegir qué normas utilizar o desechar y tomar otras de manera arbitraria sin mencionarlas”. “Toda la normativa nacional e internacional le dice que ella no es competente. Negar prácticas médicas es tortura según los tratados internacionales. Las cuestiones de salud pública son de índole federal. Entonces no es casual que haya fallado como fallo, tal vez hay cuestiones que tienen que ver con su propia ideología y eso no se puede permitir en los jueces porque deben ser imparciales. Es por eso que manifiesto que el fallo tiene cuestiones técnicas muy severas, porque cuando vas a hacer una presentación colectiva necesitás acreditar una personería de que es válido que vas a representar a un colectivo de personas, entonces acreditando esa personería el amparo se hace lugar, y en este caso no hay eso”. En este contexto, la abogada Mónica Menini, miembro de CDD, dijo que el fallo es “de una gravedad institucional importante” y que evalúan pedir un “jury de enjuiciamiento” para esa magistrada. Al explicar la denuncia penal que la ONG católica presentó contra la jueza, refirió que forma parte de “una estrategia jurídica amplia por el delito de prevaricato; hay una gravedad institucional importante”, dado que es “una jueza del fuero civil, en feria, que ha tomado la decisión de suspender una ley del Congreso de la Nación, de orden público”. Por su parte, el Consejo Profesional de Abogados y Procuradores de la Primera Circunscripción Judicial del Chaco señaló que la decisión de suspender la ley IVE “está reñida con las instituciones democráticas y afecta a la independencia y división de poderes”.