El costo de la obstinación
El Presidente de la Nación está corriendo subsidiariamente con la responsabilidad de un escándalo que es autoría exclusiva del Gobernador formoseño
Los casos de violencia institucional que se han perpetrado, y todavía se continúan cometiendo, en la provincia de Formosa so pretexto de una disciplina sanitaria para enfrentar la pandemia de coronavirus, ha puesto al Gobierno nacional en una posición absurdamente incómoda, de la que tendrá que salir -más temprano que tarde- pagando un costo político inútil. Un costo que se vuelve oneroso en el marco de un año electoral. La incapacidad de la Casa Rosada (de sus funcionarios) para evaluar con ecuanimidad los hechos, desde una perspectiva superior y por tanto distante de todo compinchismo partidario o ideológico, que es lo que le corresponde sostener al Estado central, hace que el presidente Alberto Fernández corra subsidiariamente con la responsabilidad del escándalo que es autoría de Gildo Insfrán. Es verdad que en su última visita a Formosa, el profesor Fernández trató a Gildo como “un amigo” y lo calificó como unos de los mejores mandatarios del país, pero todo tiene su límite. Sobre todo porque la política admite algunos divagues que en el plano institucional no pueden ser tolerados. Ni siquiera está permitido el intento de esas acrobacias discursivas que sonrojan la verdad.
Pues bien, ayer el jefe de Gabinete, Santiago Cafiero, hizo una excelente contribución al desatino que ha marcado la conducta oficial en este tema. Sencillo y directo demostró que se puede desarreglar todavía más aquello que ya estaba mal. Rústico y petulante, reafirmó su fichaje al kirchnerismo duro, que se caracteriza por el perfil avasallador y egocéntrico.
Al hablar de la situación de Formosa el joven Cafiero descartó, con tono tajante, que allí haya “centros clandestinos de detención ni violación a los derechos humanos”. Martilló sobre el diagnóstico que dio la semana pasada, luego de una visita a esa provincia, el secretario de Derechos Humanos de la Nación, Horacio Pietragalla, otro kirchnerista duro.
El punto es que Cafiero, en declaraciones a la prensa porteña, buscó contrarrestar las críticas que tapizan los medios de comunicación por los casos de abuso institucional que se producen cotidianamente en Formosa y que sufren los ciudadanos que se contagian de coronavirus o que cargan con la sospecha de haberse pescado el virus. Las quejas vienen desde hace tiempo, pero el punto más alto del escándalo se dio cuando la Policía detuvo a dos concejales que protestaban en la puerta de una escuela que funciona como centro de aislamiento, que en realidad es un lugar de encierro. En medio hubo represión a comunidades aborígenes y pueblos enteros están clausurados.
Para Cafiero, que habla en nombre del gobierno de Fernández, ninguno de estos episodios implican gravedad. No hay violación a los derechos humanos, dijo, aunque sí reconoció que “están investigando algunos hechos de violencia de la Policía”.
Las denuncias impulsadas por particulares, profesionales del Derecho, legisladores nacionales, instituciones civiles, que ya llegaron a la Justicia ordinaria, viajaron también hacia los organismos internacionales como la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. En paralelo tomó nota y comenzó a participar de los reclamos Amnistía Internacional, una entidad cuya trayectoria está fuera de toda discusión.
“No necesitamos que nos digan a los argentinos, mucho menos a nuestro espacio político (por el Frente de Todos), que tiene siempre una especial sensibilidad en el respeto de los derechos humanos, que somos hijos de las Madres y de las Abuelas (de Plaza de Mayo), qué tenemos que hacer con los derechos humanos”, refunfuñó Cafiero al ser consultado por las denuncias que está ventilando Amnistía.
Hay un límite para todo. En el caso Formosa, el Gobierno lo ha sobrepasado y le costará volver.