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INSISTEN CON LA INCONSTITUCIONALIDAD DE LA IVE

Aborto: severa apelación al fallo “descolgado” del juez tributarista

La presentación refuta la resolución de Aquino Britos, a quien le repro­chan su calidad conceptual. Críticas al trámite tribunalicio. 

Ayer se notificaron del fa­llo de rechazo que dictó el juez del Tribunal de Ejecu­ción Tributaria, Alejandro Omar Aquino Britos, y a las pocas horas ya estaban en tribunales de nuevo para presentar (“en tiempo y for­ma”) un recurso de nulidad y apelación contra esa re­solución para insistir con la demanda de “una medida autosatisfactiva de daños o muerte de personas por nacer” y además un planteo de “inconstitucionalidad de la ley 27.610 de acceso a la Interrupción Voluntaria del Embarazo (IVE)”. 

La presentación lleva la firma de los abogados María Elizabet Portillo y Ricardo Serfati Franco, apoderados del partido Ciudadanos a Gobernar, cuyo principal referente en Corrientes es el médico Alfredo Eduar­do Achitte. En el escrito -de nueve páginas y al que tuvo acceso NORTE de Corrien­tes- refutan el rechazo “in límine” que firmó el magis­trado, a quien le reprochan su limitada calidad concep­tual para fundamentar su decisión y también deslizan una velada crítica sobre el extraño camino que recorrió el expediente inicial para ter­minar en el despacho de un juez tributarista, cuya misión es velar por la liquidación de impuestos.

“Por extraño motivo, la Mesa Receptora de Causas del Poder Judicial procedió a caratularla como Amparo y enviarla al Juzgado de Eje­cución Tributaria, cuando, de ninguna parte se deduce que ella es la acción que se interpuso”, dicen los abo­gados que aclaran que se le advirtió de tal situación al personal de Mesa Recepto­ra, pero no obstante terminó donde terminó. Los admi­nistrativos le estamparon un sello “Autos para resolver”, es decir un llamado de urgencia conforme el tratamiento que corresponde a los Amparos. No era lo que se solicitaba.

Así fue como entró en es­cena Alejandro Aquino Bri­tos, que con la velocidad de un pistolero abatió el expe­diente. Sin más fundamen­tos que: no hay ofensa, no hay asunto por tratar. 

Los abogados de Ciudada­nos a Gobernar se hicieron un picnic. Reprocharon la altura de la Resolución Nº 01/21, con un tono coloquial pero sin perder la compos­tura. Dicen los apelantes: “La sorpresiva y arbitraria decisión ha dejado a esta parte en el más completo estado de indefensión. Las pocas y descolgadas ‘expli­caciones’ (por llamarlas de alguna manera) no alcanzan siquiera un ínfimo de racio­nalidad, lo que la descalifica como acto jurisdiccional. Se trata sólo de un incoherente conjunto de citas (de copiar y pegar) que no ha tratado -ni menos aún desvirtua­do- los claros fundamentos de nuestra pretensión. Da la impresión de que el senten­ciante no leyó (no quiso leer) en absoluto los argumentos de la pretensión, hizo oídos sordos y derechamente pre­firió hablar de otros temas, copiando citas genéricas, difusas, vagas, inatinentes sobre la improcedencia del amparo, para -seguidamen­te- y en un acto de inaudita arbitrariedad rechazarla in límine”.

Advierten que la “preten­dida sentencia” no cumple las exigencias del Código “que expresamente impone el deber de motivar el pro­nunciamiento”. Sostienen que “esta sentencia no tie­ne motivación suficiente, ni adecuada, ni racional; ni es una derivación razonada del derecho. Es un simple copiar y pegar, citas sobre la proce­dibilidad del amparo, que ca­recen de directa atenencia ni pertinencia al caso de autos, que se repiten como letanía, difusa, etérea, y que no se molesta en explicar cómo y por qué, en qué, ni de qué forma resultarían aplicables al caso. La poca e inatinen­te fundamentación (si así puede llamarse) es, a más, completamente caprichosa, antojadiza y arbitraria”. 

Consecuentemente, el partido de Eduardo Achitte insiste con la inconstitu­cionalidad del aborto (dice que agravia la Constitución provincial) y reclama una medida “autosatisfactiva”. Ayer, los abogados que aten­dieron a este diario se ma­nifestaron confiados en que la Cámara revocará el fallo y habilitará el análisis de la presentación.s

La visión de los magistrados

“Desde la Corpora­ción de Abogados Ca­tólicos celebramos el reciente fallo de la jue­za de Chaco Marta Au­car de Trotti, que hizo lugar a la cautelar que interpuso un grupo de personas para suspen­der en esa provincia la vigencia de la ley del aborto”, señala un co­municado que lleva la firma de Pedro Ande­reggen, presidente de la entidad, que insta a los magistrados a prestar atención a las constitu­ciones de sus respecti­vas jurisdicciones. 

“La aplicación e in­terpretación de las le­yes debe atenerse a las jurisdicciones provin­ciales y creemos que van a haber más casos como el de la jueza cha­queña. De hecho, ins­tamos a jueces de todo el país para que sigan este camino”, dice la institución. Y agrega: “Los jueces provinciales pueden tener en cuenta su propia Constitución y por eso Chaco, como otras 12 o 13 provincias más, pueden reproducir la suspensión de la ley del aborto”.

Una jueza federal rechazó una presentación en el Chaco

La jueza Zunilda Nirem­perger, titular del Juzgado Federal Nº 1 de Resistencia, rechazó una acción decla­rativa de inconstitucionali­dad contra la ley Nº 27.610, que había sido iniciada por representantes de la filial chaqueña partido NOS, al entender que quienes pre­sentaron el recurso judicial no son “afectados directos” de la ley. Es el segundo fa­llo que frena una embestida contra el aborto en el país, el primero se produjo en Salta, mientras hay otro planteo de igual tenor pendiente de re­solución en la Provincia de Entre Ríos. 

En tanto en el fuero pro­vincial del Chaco, una jueza Civil y Comercial hizo lugar a una presentación contra el IVE. Fue apelado y está en estudio en una Cámara. 

Respecto a la resolución que se conoció ayer, la infor­mación oficial señala que el recurso fue presentado por seguidores del ex candidato presidencial Juan José Gó­mez Centurión y esgrimía que el derecho a la vida “asis­te a las personas por nacer”, en tanto que “la legalización del aborto a requerimiento consentido de las mujeres gestantes significa tanto como legalizar un programa sistemático de desaparición forzosa y eliminación de per­sonas, siendo el mismo de incidencia colectiva, porque atenta contra la vida como derecho universal y básico de los seres humanos”.

La jueza Niremperger re­chazó la acción y aseguró que los demandantes no contaban con legitimación suficiente para accionar. “La legitimación activa en este tipo de pretensiones se en­cuentra estrictamente vin­culada al concepto de inte­rés”, dijo la magistrada. 

“El sujeto que entabla la acción no es un afectado di­recto, como sería este caso, sino que el que pretende excitar la jurisdicción sería el Defensor del Pueblo, una asociación, el Ministerio Público u otro ente público o privado al cual el ordena­miento jurídico lo habilite para iniciar este tipo de ac­ciones, el mismo actuará a nombre propio, pero en de­fensa de un interés ajeno”, agregó.

En Entre Ríos la semana pasada ingresó al Juzgado Federal de Paraná la prime­ra presentación contra la ley del aborto en la Provincia, que fue realizada por una representante de la Junta Promotora del partido NOS. Hasta el momento, la Justicia no se expidió