El permiso para endeudarse
El Congreso Nacional acaba de sancionar una ley que define nuevas condiciones para tomar créditos. Los legisladores tendrán un nuevo rol, determinante.
Tapizado por una discusión que a esta altura resulta inocua, y ciertamente inconducente, la Cámara de Diputados de la Nación completó el trámite parlamentario de un proyecto que supone un paso de maduración institucional en la gestión de los recursos públicos y puntualmente del endeudamiento. En la sesión del jueves último y con amplia mayoría se sancionó la Ley de Sostenibilidad de la Deuda Pública que establece taxativamente cuál es el procedimiento que se debe cumplir a la hora de tomar créditos y también quién será el encargado de supervisar los acuerdos que se firmen en nombre de todos los argentinos. El Congreso de la Nación pasará a desempeñar de ahora en más un rol determinante en esta materia. Era hora.
La iniciativa determina que “la Ley de Presupuesto General de la Administración Nacional de cada ejercicio deberá prever un porcentaje máximo para la emisión de títulos públicos en moneda extranjera y bajo legislación y jurisdicción extranjeras respecto del monto total de las emisiones autorizadas para ese ejercicio”. En ese sentido, el texto establece que toda emisión de ese tipo que supere dicho “porcentaje requerirá de una ley especial del Congreso que la autorice expresamente”. En el artículo segundo, el proyecto dispone que “todo programa de financiamiento u operación de crédito público realizados con el Fondo Monetario Internacional (FMI), así como también cualquier ampliación de los montos de esos programas u operaciones, requerirá de una ley” del Congreso “que lo apruebe expresamente”.
Si bien es cierto que el Poder Legislativo, tanto como los otros dos poderes del Estado, ha experimentado una declinación significativa que hace dudar de su solvencia republicana, no deja de ser trascendente que sea el Parlamento el que intervenga para definir el endeudamiento que firman los gobernantes en nombre de todos los argentinos.
El ministro de Economía de la Nación, Martín Guzmán, que fue protagonista del debate anexo que tuvo el expediente, afirmó que la aprobación de la ley “cuida a la Argentina” y permitirá “evitar las crisis de deuda”; lo definió como parte de una política de Estado. Razón no le falta, ahora hay que esperar que los circunstanciales administradores de la cosa pública, que son los encargados de sostener los lineamientos trazados, respeten lo pactado. Es decir que la política de Estado perdure y no sea retorcida por mayorías coyunturales o fortuitas.
Según parece, la clases políticas han entendido la importancia de “cuidar” el bolsillo del país y si, llegado el caso, es necesario tomar deuda, que esta acción se ajuste a parámetros presupuestarios. Algo así ya se aplica en las provincias, incluso está preceptuado en las constituciones. Corrientes es un ejemplo.
La primera prueba para la flamante legislación, una vez promulgada por el Poder Ejecutivo, será la negociación con el Fondo Monetario Internacional. Tanto los acuerdos con los organismos multilaterales de crédito o endeudamiento externo con títulos públicos deberán ser aprobados por el Congreso y debatidos frente a la sociedad.
La ley permitirá fortalecer el rol institucional del Parlamento en la definición y autorización de las políticas de endeudamiento público nacional. Además, fortalecerá mecanismos institucionales que garanticen -con la sostenibilidad de la deuda- la ejecución de planes de estabilización macroeconómica por plazos que exceden un período de gobierno, sean políticas de Estado.
Sin dudas la nueva ley obligará a una mayor transparencia en los criterios en los que las políticas de endeudamiento externo se fundan, y de este modo se podrán construir colectivamente condiciones para que la República transite otro sendero.