El látigo para producir

El Gobierno nacional a través de la Secretaría de Comercio Interior imputó a 11 grandes empre­sas proveedores de artículos alimenticios (de primera necesidad) por el presunto cargo de fomentar el desabastecimiento en los supermercados y ahora, esas firmas, tienen un plazo de 5 días hábiles para retomar la producción y comercialización en los niveles de capacidad máxima, o de lo contrario podrían enfrentar sanciones de hasta $10 millones, según se informó. La medida se dispuso luego de las inspeccio­nes que realizaron los funcionarios y que determina­ron el faltante en las góndolas de los súper y a su vez la reducción de la producción en las fábricas. Para la Casa Rosada está claro que la res­ponsabilidad es del sector indus­trial y las pruebas recogidas así lo confirman, sin embargo aso­ma una interrogante sobre si es procedente una acción coercitiva como la que emprendió el Esta­do. ¿Se puede obligar al dueño de una industria a sostener un nivel de producción a contrapelo de su capacidad o estrategia de negocio o simplemente en contra de su voluntad? ¿Cómo encuadra la au­tonomía de las empresas en este contexto de regulación artificiosa de su actividad? ¿La producción se rige por parámetros naturales o tiene que atenerse a criterios impuestos? 

La libertad económica es un concepto ideológico, aplicado al campo de la economía de mercado, que proviene del liberalismo; de esta manera, la abundan­cia o escasez de un producto o servicio estimula o re­trae su consumo y producción. Es la famosa libertad de mercado, que por supuesto no rige en la Argentina, sal­vo cuando el administrador de turno del Estado mira distraído hacia el costado. 

Lo concreto es que la (poderosa) ley de Abasteci­miento parece dar cobertura a la decisión que tomó el gobierno del Frente de Todos, no obstante hay lagunas respecto de los otros interrogantes que propician una controversia.

La ley de Abastecimiento (20.680) fue sancionada en junio de 1974 en los últimos días de la presidencia de Juan Domingo Perón, cuando comenzaban a sentirse los primeros efectos de la inflación severa en la Argen­tina, un drama hasta entonces desconocido. La legis­lación casi no tuvo aplicación en las décadas siguien­tes, hasta la era del kirchnerismo. En 2014, la ley fue modificada bajo el impulso del entonces secretario de Comercio Interior, Guillermo Moreno, quien amenaza­ba a los empresarios con usarla si subían los precios. Así, la nueva versión (Nº 26.991) excluye del alcance a las micro, pequeñas y medianas empresas siempre y cuando no tengan posición dominante. Originalmen­te, se preveía penas de cárcel, pero la reforma la eliminó. Se fijaron multas millonarias, decomiso de mercadería, cierre, clausuras, sus­pensión para ejercer comercio o ser proveedor del Estado.

La ley de Abastecimiento bá­sicamente permite al Gobierno hacer todo en una empresa. Por un plazo de hasta 180 días puede intervenir una firma, obligarla a producir una cantidad determi­nada de productos, fijar precio y establecer márgenes de ganancias, entre otras cuestiones. Se consi­deran infracciones incrementar precios “artificial o injustificadamente” de una manera no proporcional al aumento de costos, revaluar existencias sin autori­zación, acaparar mercadería o materias primas, crear instancias de intermediación en una cadena de valor, negar la venta de bienes o de prestar un servicio, des­truir mercadería.

Es el látigo K, aunque pocas veces lo han usado con efectividad. Ahora volvieron a dar un chasquido al aire con la imputación a once grandes empresas a las que conminaron para que produzcan a todo ritmo y abas­tezcan el mercado. “Cuidamos la mesa de los argenti­nos” repiten en la Casa Rosada. Están convencidos de que así, los precios no suben y la gente tiene para com­prar. No deja de ser un visión llena de candidez.