El ministerio de la pobreza

El 67% de los jubilados nacionales que revisten en la nómina de la Anses y que cobran la míni­ma se encuentra por debajo de la línea (oficial) de indigencia, la que define el instituto estadís­tico Indec. No es sorpresa, la degradación viene desde hace mucho tiempo y con leves modificaciones en los porcentajes ese universo de abuelos en situación de pauperización ha ido creciendo hasta alcanzar la pro­porción de siete de cada diez. Los aumentos dispuestos por el gobierno del Frente de Todos en el último año, por vía de decretos presidenciales, no han conseguido descontar la suba de la canasta para vivir que determi­na el nivel de pobreza e indigen­cia. La misma suerte han corrido los trabajadores en relación de dependencia cuya remuneración se rige por el Salario Mínimo, Vi­tal y Móvil. 

Los números marcan una dis­tancia estremecedora, entre lo que se necesita para vivir y lo que reciben activos y pasivos. Veamos: el miércoles el Indec informó que una familia tipo -dos adultos y dos menores- necesitó en el mes de enero de un ingreso mínimo de $56.459 para no ser pobre. La Canasta Básica Total (CBT) que mide esa condición aumentó 4,2% el mes pasado, es decir un poquito más arriba que la inflación promedio que fue del 4%. A su vez, una familia tipo -dos adultos y dos mayores- nece­sitó de $23.722 para no caer en la indigencia. La Canas­ta Básica Alimentaria (CBA) que define esa condición experimentó un aumento del 4,6% en enero.

Pues bien, el Salario Mínimo, Vital y Móvil es hoy de $20.587. Este monto lo define el Gobierno en una mesa de negociación con sindicatos y empresarios, es el pa­rámetro oficial para el haber mensual (genérico) de un empleado en relación de dependencia. 

Prácticamente se necesitan tres Salarios Mínimo, Vital y Móvil para poder cubrir la Canasta Básica To­tal que comprende además de alimentos, vestimenta y transporte. De hecho, con $20.587 por mes no les al­canza ni siquiera para la canasta alimentaria. 

La situación de los jubilados nacionales (y de muchas provincias) es todavía peor. En diciembre último la mí­nima de la Anses llegó a $19.035, lo que significa que tampoco pueden completar una canasta alimentaria mensual. Son indigentes. 

De un total de 8,5 millones de jubilados que figuran en la Anses, 5,7 millones perciben un haber igual o in­ferior a la mínima. Dentro de ese universo, 4,3 millones cobran el haber mínima que es de $19.035; luego hay que agregar 1,3 millones de personas con pensiones no contributivas (PNC) que co­bran $13.324 mensual; y 167.000 pensiones universales del adulto mayor (Puam) de $15.228 mensual. Son datos oficiales. 

También se podría agregar el caso de las asignaciones familiares y AUH (Asignación Universal por Hijo), quienes cobran algo más del 50% de la jubilación mínima, pero no corresponde porque se supone que son prestaciones temporales y otorgadas con criterios políticos. No obstante el total de la nómina de la Anses, jubilados, pensiona­dos y planes, suman 18 millones de personas. Apenas el 20% de ese universo zafa de la indigencia y un porcen­taje todavía menos logra mantenerse a flote por arriba de la pobreza. 

Esta segmentación lleva a la conclusión de que la An­ses es, en términos prácticos, un distribuidor de miga­jas que no resuelve el problema de los jubilados (apor­tantes), de los pensionados necesitados ni de aquellos que caen en los planes por la desocupación.

La Administración Nacional de Seguridad Social (Anses), que tiene un Fondo de Garantía de Sustentabi­lidad multimillonario, hace las veces de un ministerio de la pobreza, ya que el 80% (o más) de su nómina co­rresponde a personas que no cobran lo suficiente para escapar de la miseria.