El registro de alquileres en la Afip y una controversia que atraviesa el mercado

El “Régimen de registración de con­tratos de locación de inmuebles (Reli)” es­tablece que deberán registrarse los con­tratos -propios o de terceros- correspon­dientes a: Locaciones de bienes inmuebles urbanos, así como las sublocaciones. Arrendamientos so­bre bienes inmuebles rurales, así como los subarriendos. Loca­ciones temporarias de inmuebles -urba­nos o rurales- con fines turísticos.

Los propietarios de in­muebles que estén alqui­lados deberán, a partir del 1 de marzo, inscribir los contratos en el Registro de Locaciones de Inmuebles, tras la reglamentación de este mecanismo que está previsto en la nueva Ley de Alquileres, en lo que se an­ticipa será una herramienta para evitar la informalidad de las relaciones con los in­quilinos.

La medida se reglamentó en la semana que acaba de terminar y aunque encie­rra un propósito auspicioso tiene aspectos controver­siales, el primero de ellos es el escaso tiempo que es­tablecieron para realizar el trámite, apenas diez días. 

En la Resolución General 4.933 de la Administración Federal de Ingresos Públi­cos (Afip) publicada el jue­ves en el Boletín Oficial, se reglamentó el registro previsto por la Ley de Al­quileres sancionada el año pasado. Se estableció que los contratos celebrados a partir del 1 de julio de 2020 y que continúen vigentes, así como aquellos concre­tados durante marzo de 2021, gozarán de un plazo excepcional para su regis­tración hasta el 15 de abril.

Las entidades que agru­pan a los inquilinos des­tacaron la medida (obli­gatoriedad de registrar los contratos ante la Afip), al indicar que “se calcula una evasión del 80% en los alquileres de vivien­da”, mientras que el sector inmobiliario criticó la dis­posición por entender que provocará una suba de pre­cios y una menor oferta en el mercado.

Los contratos de locación o arrendamiento deberán ser registrados dentro de los 15 días corridos poste­riores a su celebración.

En ese escenario, la orga­nización Inquilinos Agru­pados consideró que se trata de una “gran noticia” y subrayó que se estima que ocho de cada diez opera­ciones de alquileres de vi­vienda se pautan en negro. “Se abre una nueva etapa en las políticas de vivien­da en Argentina. Ahora se podrá saber quiénes con­forman el negocio del ac­ceso a la vivienda y quiénes alquilan y bajo qué condi­ciones”, analizó la entidad en un comunicado. En ese sentido, el presidente de la Federación de Inquilinos Nacional, Gervasio Mu­ñoz, sostuvo que se trata de “la primera medida para que el Estado pueda llevar adelante políticas públicas para mejorar el acceso a la vivienda”.

“Es una gran herramienta para que empiece a rever­tirse este incumplimiento casi sistemático de las le­yes en materia de acceso a la vivienda de alquiler”, enfatizó en declaraciones radiales.

Por su parte, el director de Reporte Inmobiliario, José Rozados, evaluó que la úl­tima disposición, que forma parte de la Ley de Alquile­res, no es “beneficiosa para el mercado”. Según señaló, la nueva ley ya viene impactando y provo­có una “aceleración en el ritmo de incre­mento de los precios de alquileres”.

Estimó que la últi­ma medida profun­dizará ese efecto, dado que generó un “aumento del riesgo y el costo para el pro­pietario. Una parte de los propietarios de viviendas, al aumentar el riesgo, con­sideran que no vale la pena correr ese nuevo riesgo y sacan propiedades del mer­cado”.

En declaraciones a la prensa, Rozados estimó que esa inscripción ante la Afip va a producir “mayores costos para el propietario y lo que va a intentar es tras­ladarlo al valor del alqui­ler”. Claudio Vodanovich, de la Cámara Inmobiliaria, coincidió en que habrá una restricción en la oferta” y remarcó que “con menos oferta y más demanda, su­ben los precios”. 

Rentabilidad de 2% 

La Cámara Inmobiliaria Argentina pronosticó que cuando finalice el conge­lamiento del vencimien­to de los contratos el 31 de marzo, los inquilinos saldrán a la “búsqueda masiva de propiedades”, en medio de un déficit habitacional que afecta desde hace décadas al país. En ese escenario, el secretario general de la Cámara, Claudio Vodano­vich, alertó: “Estamos en una situación muy difícil y en medio de un déficit habitacional. Lo que va a suceder es que van a ven­cer todos los contratos de locación al mismo tiempo y van a obligar al inquili­no o a renegociar un nue­vo contrato o a salir a la búsqueda masiva de pro­piedades”.

Remarcó: “Lo que nece­sitamos es generar incen­tivos para cubrir el déficit habitacional y tener la posibilidad de que se pue­da acceder a una vivien­da”. En ese sentido pidió políticas para que el “pe­queño inversor” pueda adquirir una propiedad con el fin de dejarla en al­quiler; “hay una cantidad de medidas que pueden incentivar al rubro y que, a la vez, impulsen a la economía”, dijo.

Respecto a la reglamen­tación del Régimen de registración de contratos de locación de inmuebles oficializada por la Afip, dijo: “No discutimos que tiene que haber un regis­tro. El tema es que tene­mos que visualizar la pro­blemática de la vivienda de la familia argentina”. Explicó que “el ladrillo siempre es una inversión a largo plazo y no con un fin de entrar y salir”.

Vodanovich sostuvo que poner una propiedad para alquilar “no llega al 2% la rentabilidad” y alertó que “si se va el in­quilino y se tarda un mes en alquilarla, se pierde la rentabilidad” por ese período.s

El presidente del Co­legio Único de Corredo­res Inmobiliarios de la Ciudad de Buenos Aires, Armando Pepe, advirtió que la “nefasta” ley de alquileres “va a generar mayores costos” para los inquilinos, pues habrá un aumento importante del precio de las loca­ciones, sentenció el di­rigente, quien también se quejó de que haya que registrar los contratos ante la Afip. “Tardaron ocho meses en la regla­mentación de la ley y ahora le dan ocho días a la gente para inscribir los contratos”, sostuvo Pepe y argumentó que esa decisión “va a ge­nerar mayores costos, porque una persona que tiene un departamen­tito en alquiler, ahora va a tener que contratar un contador para que le haga el trabajo. Eso sig­nifica mayores costos”, alertó.