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La verdad hasta las últimas consecuencias

Fue hasta julio de 1999 que Tato ocupó un cargo públi­co, y desde ese entonces el peregrinar en la búsqueda de justicia comenzó. Su figura no se desdibujó, pese a los constantes embates de una sector político que lo prefería (y prefiere) fuera de la escena política.

editor

El último paso que se cumplió, en relación al caso de Tato Romero Feris, de abonar la in­demnización dispuesta por la Corte Intera­mericana de Derechos Humanos por parte del Estado argentino, da cuenta de una historia que comenzó hace más de dos décadas en instancia de definiciones, aunque aún restan otras cuestiones tan importantes por cerrar.
La información que se publicó en la edición de ayer marca: “El Gobierno nacional dispuso en las últimas horas librar órdenes de pagos en concepto de indem­nizaciones dispuestas por la Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte IDH), en el marco de casos en los que el tribunal falló con sentencias con­denatorias hacia el Estado argen­tino por irregularidades perpe­tradas en el ámbito de la Justicia contra figuras prominentes de la política y referentes de la socie­dad civil. Uno de esos casos es el de Raúl Rolando “Tato” Romero Feris, ex gobernador de Corrien­tes y dos veces intendente de la capital, que fue “ilegal y arbitra­riamente” detenido, tal como lo expresa la resolución del organis­mo internacional. La Corte Interamericana mandó a “reparar integralmente” el daño causado al ex manda­tario correntino, que fue víctima del “lawfare” (acoso judicial, en inglés) del que tanto habla la administra­ción de Alberto Fernández y el Frente de Todos”.
La definición del Estado argentino, de avanzar con lo estipulado en los tribunales internacionales, deja a las claras lo ocurrido en Corrientes. Fue desde el mo­mento en que la oposición política (bajo el mote de coalición) designó jueces especiales para correr del espacio político a un dirigente que nunca perdió una elección. Fue eso, sin dudas, el principal motivo de la persecución que luego ocupó gran parte del tiempo de la intervención cordobesa. Los delegados tenían dos mandatos: evitar que Tato volviera a la política y esta­blecer un mecanismo de recaudación para la campaña y la subsistencia política.
Desde ese momento comenzó el reclamo del ex go­bernador y dos veces intendente: Tato insistió, a través de los (parciales) tribunales locales, luego a la Nación, para derivar luego en los tribunales internacionales. Fue allí (y también luego de mucho tiempo) que consi­guió el reconocimiento de la situación, siendo incluso uno de los pocos casos en los que este organismo ac­cedió a analizar. Esa situación marcó -además- la gra­vedad de lo expuesto en los expedientes que, el fin de semana, tuvo la reparación económica por parte del Estado argentino.
Es en ese contexto que pasaron veinte años, y los derechos de un ciudadano fueron cercenados. Es que Tato pudo participar hasta las elecciones de 2003, en la que accedió a una banca en el Senado de la Nación, pero por mandato de la actual titular del cuerpo (en ejercicio de una banca) Cristina Fernández de Kirchner, no pudo asumir. 
Fue hasta julio de 1999 que Raúl Rolando Romero Feris ocupó un cargo público, y desde ese enton­ces el peregrinar en la búsqueda de justicia comenzó. Llegó con el tiempo, en el que también la figura no se desdibujó, pese a los constantes embates de una sec­tor político que lo prefería (y prefiere) fuera de la esce­na política. Es a hoy, por ejemplo, que aún no se pudo superar la cantidad de viviendas construidas en la provincia, de levantar hospitales desde cero y con una complejidad que aún es utilizada, de renovar el parque del transporte público y las condiciones del servicio (mutiladas en el último llamado durante la gestión de Fabián Ríos), de la seguridad ciudadana con los DTS, y tantas otras que perduran en la memoria de la gente. Lo siguiente deberá ser, sin dudas, el reestablecimien­to de sus derechos ciudadanos, para que la reparación sea más justa.