La política (y la vacunación) sin ética

El gobierno del Frente de Todos y su principal figura institucional, el presidente Alberto Fer­nández, parecen no haber tomado debida nota de la dimensión del escándalo en el que están metidos a causa de los acomodos en la vacunación que patrocinaba el Ministerio de Salud de la Nación, dirigido entonces por Ginés González García, contraviniendo el protocolo establecido en el operativo nacional de inmu­nización contra el coronavirus, pero sobre todo degra­dando la calidad de la gestión y mancillando la confian­za de la ciudadanía. El funcionamiento del denominado vacunatorio VIP, que no era otra cosa que una operación clandestina para aplicar la dosis a los privilegiados ami­gos del poder, es el mejor reflejo de la impudicia con la que a menudo se mueve la política. Fraude tras la fachada formal y la deshonestidad como conducta oficial. Puede que no sea delito, quizás no haya una figura dentro del Código Penal que permita encuadrar la maniobra de Ginés, sus subordinados y los vacunadores, pero está claro que lo que han hecho es una inmora­lidad.

Es la política que ha perdido la ética. Parafraseando al profesor Fernández, que cada vez que pue­de pontifica sobre lo impiadosa que se ha vuelto la eco­nomía y le reclama un retorno al sendero de los valores morales para recuperar el sentido humanitario, igual demanda cabe para la política. Es imprescindible dotar de ética a la acción de gobernar. 

En este tiempo de pandemia, y de tragedia por la pér­dida de la salud colectiva, acaso la moralidad sea igual o más importante que cualquier recurso material. Sal­ta a la vista, no sólo hacen falta vacunas, también es indispensable la ética; sin ella no hay salida solidaria, solamente individualismo. Será esta vara la que defina quiénes son realmente importantes por su aporte en este tiempo. Los esenciales.

Por ejemplo, el pobre de Ginés González García ha tirado al tacho de la basura todo lo bueno que pudo ha­ber realizado. Es probable que haya algo a su favor para computar durante este durísimo período de emergencia sanitaria, pero lamentablemente ya no cuenta; su desfa­chatez lo ha condenado a la página negra de la historia. Así será recordado. Es que ha arruinado, no su larga ca­rrera, sino su reputación. 

La administración de Alberto Fernández está cami­nando peligrosamente por la misma cornisa. Su obsti­nación por relativizar el episodio de los acomodos po­dría hacerlo tropezar hacia a un abismo de desconfian­za, del que no se vuelve.

Es posible que el Presidente, y sus principales espa­das, no se hayan dado cuenta, pero la impudicia tiene un costo, que si bien es alto se pue­de afrontar. Sin embargo, la impu­dicia más la impunidad es un carga demasiado pesada para remover sin sufrir quebranto.

En eso está el profesor Fernán­dez en esta etapa del “vacunagate”, tratando de cubrir con un manto de impunidad el fraude que se perpe­tró en las filas de su gobierno. Ayer desde México, donde se encuentra en visita oficial, se quejó por la in­vestigación judicial en curso y la calificó como “una payasada”. En el marco de una conferencia de pren­sa (ante medios mexicanos y argentinos) el Presidente aseguró: “El hecho es suficientemente grave como para que un ministro de la talla de Ginés González García haya tenido que dejar su cargo, pero terminemos con la payasada, que los fiscales y jueces hagan lo que deben. No existe un delito por vacunar a alguien que se ade­lantó en la fila. No se pueden construir delitos gracio­samente”.

El Jefe de Estado, evidentemente, ha perdido más que a un ministro muy estimado, perdió también el sentido de la ubicuidad institucional. Dictarles los deberes a jueces y fiscales define una forma de concebir la Repú­blica y la división de poderes. Es la mejor explicación de por qué hay acomodos a la hora de vacunar y nadie pide perdón.