Consenso para mayor presión fiscal

La Cámara de Senadores de la Nación, con el voto de los correntinos del oficialismo, de la oposición y del medio, convirtió en ley el Con­senso Fiscal que firmaron el presidente Alber­to Fernández y casi todos los gobernadores, salvo el jefe de Gobierno porteño, Horacio Rodríguez Larreta, y que contempla una serie de medidas que busca -dice el título oficial- “reactivar las economías provincia­les” mediante el levantamiento del corset impositivo al que se habían comprometido tres años antes, du­rante el mandato de Mauricio Macri. Básicamente el acuerdo, que ahora se convirtió en ley y seguramente será promulgado para su entrada en vigencia inmedia­ta, le da libertad a los gobiernos provinciales a subir la alícuota de Ingresos Brutos, que estaba blo­queada por el Consenso anterior y que ponía freno a la voracidad fiscal del Estado constituyendo así un escudo que protegía a los contribuyentes. Pues bien, ese escudo ha sido levantado y ahora los mandatarios tendrán oportu­nidad de actualizar -hacia arriba- los gravámenes impositivos. En síntesis, el nuevo pacto, aunque no se llama así, es un entendi­miento de la corporación gober­nante para procurar recursos en el único lugar que conocen: el bolsillo de la gente.
De esta facultad para aumentar los impuestos, espe­cialmente Ingresos Brutos, dependen los 70.000 mi­llones de pesos que, dicen, otorga el Consenso Fiscal para “reactivar” las economías regionales. No hay “di­nero físico” para repartir, no se trata de un programa especial o un fondo específico que distribuye recursos conforme a algún criterio de necesidad, nada de eso, el dinero para la reactivación saldrá de la ventanilla de re­caudación de cada distrito.
Así lo señala el texto del consenso que el presiden­te Fernández y 21 gobernadores, entre ellos el radical correntino Gustavo Adolfo Valdés, firmaron el 4 de di­ciembre de 2020, en el final del año de la brutal pande­mia de coronavirus. El único que rechazó ese convite fue Rodríguez Larreta, enojado por los recortes de co­participación que le había concedido en su momento Mauricio Macri. Tampoco firmaron los gobernadores de San Luis y La Pampa, que en 2017 desistieron del acuerdo fiscal propiciado por el entonces presidente Mauricio Macri. Sin embargo, San Luis y La Pampa, que tienen juicio contra el Estado (y este detalle es clave), resolvieron apoyar de palabra el nuevo enjuague fiscal de la Nación y provincias.
El consenso -ahora ley- establece una prohibición de aumentar la deuda pública y suspende procesos judi­ciales por la distribución de la Coparticipación Federal. 1) Las provincias se podrán endeu­dar, pero hasta el tope que tenían autorizado en 2020. 2) Todos los firmantes renuncian a los recla­mos mediante juicios por deudas que mantenía la Nación. Lo pasa­do, pisado. No es la primera vez que Corrientes acepta este tipo de condiciones. 
¿Cuál es el dulce a cambio de que el Gobierno central se libere de todas sus obligaciones? Ya fue dicho: la posibilidad de subir el im­puesto sobre los Ingresos Brutos. Específicamente, el pacto prorroga por otro año las restricciones a la suba de impuestos que disponía el convenio impulsado por Macri.
Esta ley permitirá nuevamente a las provincias gra­var con Ingresos Brutos las exportaciones y los servi­cios prestados en el exterior, además de posibilitar la eliminación de los topes establecidos en el acuerdo de 2017 que decrecían año a año, con lo que muchas podrán ser elevadas al nivel que tenían previamen­te. También elimina topes al impuesto inmobiliario y permite incrementar las alícuotas del impuesto a los Sellos, a la vez que las provincias podrán restablecer los impuestos que algunas aplicaban sobre el salario a trabajadores. Es verdad que para sortear la crisis se necesitan recursos, pero la presión impositiva no es el camino para crecer.