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La obligación de la solución

El proceso inflacionario es el resultado de una deformación estructural que se alimenta de la desconfianza. Por eso, la responsabilidad de la solución es siempre del que gobierna.

editor

Integrantes del equipo económico del Gobierno nacional mantuvieron una nueva reunión con representantes del empresariado y sindicalismo del sector alimenticio, a quienes se les planteó cinco ejes de trabajo que permitan corregir “los au­mentos injustificados” de precios en los distintos eslabones de la cadena que componen esa rama in­dustrial. 

El encuentro, encabezado por el ministro de De­sarrollo Productivo de la Nación, Matías Kulfas, es parte de las actividades programadas por la Casa Ro­sada para lograr un acuerdo de precios y salarios con el objetivo de poner freno a la inflación. “Esta mesa no es para buscar culpables sino para encontrar soluciones”, dijo el ministro Kulfas por si hacía falta, en una pretendida conce­sión de indulgencia, lo que pone en evidencia la distorsión de los conceptos que maneja el Poder Ejecutivo. Para la administración neokirchnerista que conduce Alberto Fernández la inflación no es consecuencia de la política económica que lleva adelante su Gobierno, sino un fenómeno ex­traño y rebelde que responde al interés malsano del mercado. Ni tanto ni tan poco. En verdad el proceso inflacionario es el resultado de una deformación estructural que se alimenta de la desconfianza. Por eso, la responsabili­dad de la solución es siempre del que gobierna.

Por el contrario, si la tarea es identificar culpa­bles, la administración del Frente de Todos debería comenzar por mirarse al espejo y evaluar su política económica. Fernández, como su antecesor Mauricio Macri, ha subestimado el efecto desgastante de la in­flación; lamentablemente ha desperdiciado todo un año para atacar de raíz el problema. Es de esperar que ahora, que se pusieron en acción, no sea tarde. 

En el encuentro de ayer, en el Ministerio de Desa­rrollo Productivo, se planteó la necesidad de avanzar en un esquema de trabajo para coordinar una expec­tativa inflacionaria que pueda converger con las me­tas establecidas en el Presupuesto, esto es 29% anual. Una proyección que parece lejana a la realidad.

Según trascendió, los funcionarios propusieron avanzar en un esquema de trabajo sobre ejes como insumos alimenticios, no alimenticios e industriales, costos de logística, funcionamiento del Programa de Precios Máximos, productividad y salarios. Fue en ese escenario que el Gabinete económico señaló en la reunión que detectaron aumentos en insumos, tanto en la fase primaria, agroquímicos y la fase industrial. 

Ciertamente las autoridades tienen una cuota de razón cuando sostienen que los incrementos “son in­justificados”, pero el comentario está huérfano de acción concreta y eso es lo que robustece la incer­tidumbre del mercado, especial­mente de los consumidores. Por ejemplo, una encuesta realizada por una prestigiosa universidad privada porteña señala que los consumidores prevén una infla­ción anual de aproximadamente 45,2% para este año. Se trata de un número promedio de todas las respuestas obtenidas y representa una suba de un punto porcentual respecto de la anterior consulta. 

En enero los consumidores argentinos esperaban que la inflación del 2021 fuera de 44,1%, pero ahora estiman que en los próximos doce meses habrá una suba generalizada de precios del orden del 45,2%. Así se desprende de la Encuesta de Expectativas de Inflación realizada por el Centro de Investigación en Finanzas (CIF) de la Escuela de Negocios de la Uni­versidad Torcuato Di Tella.

La encuesta se ha realizado en las principales ca­pitales del país, entre ellas Corrientes y Resistencia. Aunque la consulta fue tabulada con rigor científico no deja de ser una opinión, su valor es el de cualquier pronóstico, pero el hecho es que se trata de la sensa­ción de la gente. Y es la base donde se fragua la des­confianza sobre la que se apoya la inflación.